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Varia

“Debe aguardarse su corrección y enmienda con otra clase de pena”: praxis judicial y sentencias a trabajo contra los ladrones en Ciudad de México (1800-1835)

“Their correction and amendment should be awaited with another kind of penalty”: judicial praxis and sentences to labor against thieves in Mexico City (1800-1835)
“Leur correction et leur amendement devraient être attendus avec une autre sorte de sanction" : pratique judiciaire et condamnations au travail contre les voleurs à Mexico (1800-1835)
Andrés David Muñoz Cogaría

Resúmenes

El presente artículo tiene por objetivo estudiar la práctica punitiva contra los ladrones de la Ciudad de México desde inicios del siglo XIX hasta finales de la primera república federal. A partir de los fondos del Archivo General de la Nación de México, queda evidenciado que la recurrente administración de penas basadas en el trabajo como las de presidio y obras públicas obedecía a la necesidad de aprovechar mano de obra penada que diera beneficios económicos al gobierno tanto monárquico como republicano. Por otra parte, se analizan las motivaciones de los jueces a la hora de sentenciar, y ya en la etapa del primer federalismo, las motivaciones de la Corte Suprema para proferir una condena ascendente o descendente respecto a la dictada en primera instancia, o dejarla igual.

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Notas de la redacción

Recibido : 28/10/2022 / Aceptado : 12/06/2023

Texto completo

Introducción

  • 1 Citado por Barriera, Darío Gabriel, “Reflexiones sobre un trabajo de equipo y sobre el trabajo en e (...)

1Refiriéndose a la historia, Juan Carlos Garavaglia afirmó alguna vez que “nuestra disciplina no es una ciencia en el sentido de las ciencias “duras” y tiene ritmos, métodos de investigación y formas de expresión que le son propias y que hoy en día, se alejan totalmente de la manera en la que funcionan otras disciplinas”1. Estas palabras habrán de servir como una exhortación a rescatar la discusión acerca de las maneras en que los historiadores de la justicia durante la primera mitad del siglo XIX se aproximan a su objeto de estudio, construyen e interrogan sus fuentes a partir de determinadas hipótesis, seleccionan la información sustantiva y construyen sus interpretaciones.

2En primer lugar, pese a que cualquier actor social “justiciable” puede constituir su objeto de estudio, hacer historia de la justicia desde una perspectiva social y cultural es la vía privilegiada para el estudio de las agencias populares, dado que en las causas criminales es donde con mayor frecuencia aparecen los miembros de los grupos menos favorecidos, aquellos hombres y mujeres ubicados en la base de la pirámide social. Tal recurrencia, que deriva en una sobrerrepresentación de dichos grupos en los expedientes criminales, se halla justificada no simplemente en una probable mayor tasa delictiva de los mismos, sino también en la importancia social y política de las transgresiones de origen popular, así como en la drasticidad con que las justicias y otros agentes reprimieron a los delitos contra la propiedad, conductas ilícitas sobre las que versará este artículo.

  • 2 García León, Susana, “Los delitos contra la propiedad: el empleo inadecuado de la terminología pena (...)

3En segundo término, la importancia singular de los delitos contra la propiedad consiste en que son cualitativamente distintos de otras tipificaciones penales como el homicidio, el adulterio o las injurias, que solían tener móviles de índole privada y particular. Además, conductas genéricamente denominadas como “robo” y “hurto”2, estuvieron estrechamente ligadas a los avatares económicos del momento, pues delitos de estas características solían incrementarse durante coyunturas críticas. Por tanto, los delitos contra la propiedad son prismas a través de las cuales el historiador puede ver más allá de lo meramente individual y anecdótico para analizar el contexto sociocultural, político y económico en su sentido más amplio.

  • 3 Sánchez-Arcilla Bernal, José, “Robo y hurto en la Ciudad de México a fines del siglo XVIII”, Cuader (...)
  • 4 Caicedo, Amanda & Espinoza, Iván, “Públicos ladrones en la Gobernación de Popayán (1771-1810)”, His (...)

4El acercamiento a la dimensión empírica o “externa” de las conductas transgresoras o delictivas ha llevado a afirmar que “es en el nivel de aplicación del derecho en donde éste adquiere su dimensión más real; en donde el individuo entra en contacto con la norma y ésta, a su vez, cumple con la función armonizadora de intereses en conflicto y restauradora del orden social”3. Producto de estas intentonas, variantes de la historia social como la historia desde abajo, pretendieron reconstruir la experiencia vital de las “personas corrientes” para de este modo “devolverles su dignidad humana”4, y acercarse a la comprensión de las circunstancias en las que tales actores se vieron enredados en la telaraña de la justicia.

5El propósito inicial que guía este artículo es evaluar la importancia de las penas basadas en el trabajo proferidas contra los ladrones de Ciudad de México durante las primeras décadas del siglo XIX. A lo largo de este periodo inscrito en la mediana duración y en una coyuntura marcada por la crisis, tanto el gobierno de la justicia monárquico como el republicano, dieron prelación a las penas basadas en el trabajo compulsivo, caso del presidio y las obras públicas. Esto fue bastante palpable en lo concerniente a los condenados por atentar contra la propiedad, pues la idea de la “utilidad social” se posicionó cada vez más como un valor de importancia política, social y económica. Las formas de trabajo “a ración y sin sueldo” constituyeron un dispositivo de castigo moralizante y a la vez útil, empleado progresivamente en el transcurso del siglo XIX, apelando a dar continuidad a postulados propios de la Ilustración, así como también a ciertas ideas del utilitarismo filosófico, el cual permeó la ideología jurídico-política de las élites gobernantes.

6Un segundo cometido es estudiar las prácticas punitivas impartidas, es decir, la justicia penal en acción, a partir de algunos ejemplos de sentencias a presidio y obras públicas contra los ladrones capitalinos. Se pretenden analizar las motivaciones de los jueces a la hora de sentenciar, considerando las circunstancias agravantes y atenuantes, y ya en la etapa del primer federalismo, las motivaciones de la Corte Suprema, bien sea para proferir una condena ascendente o descendente respecto a la dictada en primera instancia, o bien para dejarla incólume. Con la categoría de sentencias “ascendentes” y “descendentes”, se hace referencia a que las sentencias en tres instancias podían variar ostensiblemente tanto en la magnitud del castigo como en su duración, pues luego de la pena de último suplicio, la de presidio era la más gravosa que un ladrón podía merecer, seguida de las obras públicas a secas, que era una variante más leve dentro de la escala punitiva.

  • 5 Palafox Menegazzi, Alejandra, “Los “padres del vecindario”. Sistema policial y delitos sexuales en (...)

7En términos dialécticos, la centralidad del papel que tuvieron los defensores, los procuradores y los fiscales, los capacitó para influir sobre los dictámenes de las sentencias ejecutorias, en el marco de una trama de pequeñas negociaciones que podían beneficiar a las partes en litigio. Bien es cierto que las declaraciones de los diversos actores sociales involucrados en una causa penal no gozaban del mismo valor probatorio, y en particular, aquellas proferidas por los miembros de los sectores populares no surtían los mismos efectos jurídicos que las de los “hombres honrados”5, cuya palabra constituía un mayor indicador de fiabilidad y veracidad en un proceso criminal. No obstante, los expedientes dejan entrever diversos modos en que los distintos actores se apropiaban de los discursos jurídicos para procurar desenredar la telaraña de la justicia.

8A partir de los anteriores presupuestos, se pretende conocer en qué proporción los condenados por delitos contra la propiedad en Ciudad de México fueron sentenciados a penas relacionadas con actividades útiles o productivas, en qué consistían los trabajos en los presidios y los servicios en las obras públicas, qué factores estructurales o coyunturales incidieron en una eventual praxis penal de corte utilitario, y en qué medida se modificó la administración de justicia respecto a los ladrones con el advenimiento del régimen republicano y del ideario político liberal.

1. Carácter general de las sentencias administradas

  • 6 Una distinción similar es la traída a colación por Escriche. Habla, por una parte, de los confinado (...)
  • 7 Al menos para los trabajadores comunes de las fortificaciones y fábricas, se había establecido una (...)

9En lo que refiere al carácter de las sentencias administradas, la distinción conceptual fundamental es la que atañe a los significados de presidio y de obras públicas6. Ciertamente, los trabajos en los diversos presidios del mundo hispánico en general y de la Nueva España-México en particular, implicaban trabajos en arsenales, bajeles, caminos y fortificaciones7, considerados de suyo obras públicas; no obstante, la documentación presenta como “servicio en las obras públicas” a los trabajos ejercidos en el ámbito urbano de Ciudad de México y por ello mantenemos esta distinción para efectos analíticos.

10Con la finalidad de mostrar la evolución de las penas basadas en el aprovechamiento del trabajo de los reos condenados por delitos contra la propiedad en el ámbito de Ciudad de México, se ha optado por cuantificar las penas contemplando en cada causa criminal no solo la sentencia principal, sino también la subsidiaria. En este orden de cosas, la hipótesis al respecto es que las penas de presidio y de obras públicas gozaron de importancia antes y después de la independencia política, tal como lo ejemplifican las sentencias proferidas contra los ladrones durante los siete primeros quinquenios del siglo XIX. Por otra parte, resulta patente que de un total de 576 individuos involucrados en causas relativas a delitos contra la propiedad, las penas relacionadas con servicios en las obras públicas destacan por ser las de mayor frecuencia (19 % del total), seguidas por las de presidio en alguna de sus variantes (17.8 %). Debe hacerse la salvedad de que el número de sentencias desconocidas representa el 14 % de la muestra, número nada despreciable; no obstante, de las sentencias conocidas, las obras públicas representan el 22.2 % de la muestra y el presidio el 20.8 %, es decir, técnicamente la mitad del total.

  • 8 Araya Espinoza, Alejandra, “Guerra, intolerancia a la autoridad y resistencia. Los discursos oculto (...)

11Si observamos ambas modalidades de forma paralela, las sentencias a obras públicas fueron bastante más socorridas durante los dos primeros quinquenios que las sentencias a presidio (28.9 % frente a 10.5 % entre 1800 y 1804 y 38.8 % frente a 4.1 % entre 1805 y 1809), aunque dicha tendencia fue revertida drásticamente entre 1810 y 1814 (7.6 % frente a 29.2 %) para luego mantenerse en números bastante similares en los cuatro quinquenios siguientes. El cambio abrupto de la tendencia inicial se debió a la situación de conflictividad bélica luego de 1810, donde fueron requeridos todo tipo de sujetos para desempeñarse en diversas avanzadas militares contra la creciente insurgencia, adquiriendo un notorio auge la pena de presidio, posiblemente porque el grueso de los contingentes armados para enfrentar los levantamientos insurgentes estaba compuesto de hombres novohispanos más que de peninsulares. La información recabada para Ciudad de México, por otra parte, permite matizar las afirmaciones de Alejandra Araya, quien afirma que las obras públicas eran una condena propia de zonas con agudos déficits de mano de obra, como en los casos de Chile y Argentina, mientras que la recurrencia de la pena de presidio estribaba en la permanente necesidad de satisfacer la mano de obra destinada a los contingentes armados8, pues esta última pena solo tuvo prelación en una coyuntura especialmente crítica como la ya mencionada.

12Los datos anteriores muestran, en cambio, no solo la permanencia sino también el desarrollo en la época republicana, de políticas penales utilitarias que dieron continuidad a aquellas establecidas al menos desde mediados del siglo XVIII en los virreinatos y demás entes territoriales pertenecientes a la monarquía hispánica. Si se desprecian las puestas en libertad de los acusados y las sentencias desconocidas, las correspondientes a presidio y obras públicas en cada quinquenio demuestran la creciente recurrencia de este tipo de penalidad una vez establecida la primera república federal. Así las cosas, en los cuatro primeros quinquenios, dichas modalidades de castigo representan porcentajes comprendidos entre el 40.2 % y el 61.5 % del total de sentencias conocidas dictadas, con un promedio de 54. 2 %. En el quinto y sexto quinquenios, tales penas constituyen el 68.7 % y el 62.2 % de las sentencias, respectivamente. El último quinquenio presenta un matiz diferente, pues por primera vez los trabajos relacionados con el servicio de cárcel superan al presidio, y los casos de reos prófugos sin sentencia representan una cantidad importante en el marco total de la muestra. Si se dejan de lado estos últimos casos, y sumamos los servicios carcelarios a las dos penas en las que se hace énfasis, el porcentaje será de 57.8 %, superior al promedio de penas utilitarias arrojado en los cuatro primeros quinquenios, correspondientes grosso modo a la etapa previa a la independencia política.

  • 9 Londoño Tamayo, Andrés Alejandro, “Participación ciudadana en la justicia penal. El valor documenta (...)

13Los primeros años del federalismo, entretanto, permiten evaluar otro tipo de consideraciones en torno a la aplicación de castigos basados en el trabajo. Si bien la historiografía ha podido constatar que durante las últimas décadas del siglo XIX los ministros del Tribunal Superior solían respetar las sentencias dictadas en primera instancia9, también es cierto que recién implementada la justicia en tres instancias, -la cual otorgó mayor protagonismo a la actuación a fiscales y defensores-, desde la Corte Suprema se vieron modificados sustancialmente ciertos dictámenes previos, administrando sentencias ascendentes o descendentes en consideración a lo argüido por las partes litigantes en el proceso de apelación.

14La tabla que se presenta a continuación coteja las sentencias de primera instancia de la justicia ordinaria con las ejecutorias de segunda o tercera instancia de la Corte Suprema de Justicia durante la primera república federal, incluidas algunas de la antigua Audiencia territorial, extinta en 1826. En primer término, resulta evidente que, en determinadas ocasiones, las condenas a obras públicas eran producto de una revisión que constituía una sentencia descendente para los hallados culpables de robo que habían sido condenados en primera instancia a la pena de presidio.

Tabla 1. Comparación entre sentencias ascendentes y descendentes contra los ladrones en Ciudad de México (1822-1832)

SENTENCIADO

AÑO

PRIMERA INSTANCIA

CORTE SUPREMA

SENTENCIAS ASCENDENTES

Juan Campos

1825

Pena compurgada

10 años de presidio

José Cuevas

1825

6 años de presidio

10 años de presidio

Mariano Flores

1825

Pena compurgada

10 años de presidio

María Reyes

1825

6 meses de servicio de cárcel

1 año de servicio de cárcel

Onofre Tobar

1825

10 años de presidio

Último suplicio

Mariano Altamirano

1826

6 años de presidio

8 años de presidio

Leonardo Hernández

1826

6 meses de obras públicas

1 año de servicio de cárcel

Don José Sosa

1826

2 años de presidio

5 años de presidio

José Herrera

1828

1 año de obras públicas

2 años de servicio de cárcel

Francisco Méndez

1828

6 años de presidio

8 años de presidio

Leonardo Viveros

1828

8 días de obras públicas

1 mes de servicio de cárcel

Juan Crisóstomo

1829

Pena compurgada

6 meses de obras públicas

José María Zamora

1830

6 meses de obras públicas

3 años de presidio

Juana Barrera

1831

Pena compurgada

6 meses de servicio de cárcel

Ignacio Montaño

1831

6 meses de obras públicas

1 año de servicio de cárcel

María Torres

1831

Pena compurgada

Internada en Casa Patriótica

Mariano Altamirano

1832

3 años de presidio

6 años de presidio

Juana Gómez

1832

Pena compurgada

1 año de servicio de cárcel

Lázaro Landín

1832

Puesto en libertad

6 años de presidio

Loreto Márquez

1832

6 meses de obras públicas

1 año de obras públicas

Ceferino Montiel

1832

3 años de presidio

6 años de presidio

SENTENCIAS DESCENDENTES

José Sierra

1822

10 años de presidio

8 años de presidio

Pablo Villanueva

1823

8 años de presidio

10 años de obras públicas

Cipriano Beltrán

1824

6 ½ años de presidio

4 años de presidio

Techo Castillo

1824

8 años de presidio

Trabajos públicos

José Domínguez

1824

6 años de presidio

Puesto en libertad

Vicente Lara

1824

6 años de presidio

2 años de obras públicas

José Romero

1824

5 años de presidio

5 años de servicio de cárcel

Antonio Sierra

1825

10 años de presidio

5 años de presidio

María Botello

1826

3 años de servicio de cárcel

Puesta en libertad

Félix González

1826

2 años de obras públicas

2 años de servicio de cárcel

Juan González

1826

1 año de obras públicas

Pena compurgada

Pedro Gordillo

1826

3 años de obras públicas

3 años de servicio de cárcel

Manuel Santillán

1826

6 meses de reclusión en cárcel

Pena compurgada

José Secua

1826

6 años de presidio

Puesto en libertad

José Gaitán

1827

1 año de servicio de cárcel

Pena compurgada

Gaspar González

1827

4 años de obras públicas

6 meses de obras públicas

Ignacio Gutiérrez

1827

6 años de presidio

4 años de presidio

José López

1827

6 meses de obras públicas

Pena compurgada

José Lucero

1827

4 años de obras públicas

6 meses de obras públicas

Silverio Morales

1827

2 años de obras públicas

1 año de obras públicas

Antonio Morante

1827

2 años de obras públicas

1 año de servicio de cárcel

José Pardabé

1827

6 años de presidio

5 años de presidio

Pedro Ponce

1827

4 años de obras públicas

2 años de obras públicas

Martín Rojas

1827

4 años de obras públicas

6 meses de obras públicas

José Cabello

1829

2 años de presidio

2 años de obras públicas

Pascuala Cristalinas

1829

1 año de servicio de cárcel

Puesta en libertad

Felipe Guerrero

1829

2 años de obras públicas

1 año de servicio de cárcel

José Medina

1829

2 años de presidio

2 años de obras públicas

José Muñoz

1829

2 años de presidio

2 años de obras públicas

José Rodríguez

1829

2 años de presidio

2 años de obras públicas

Nicolás Rodríguez

1829

1 año de obras públicas

Pena compurgada

Juan Ugalde

1829

6 meses de servicio de cárcel

Puesto en libertad

Vicente Morales

1832

6 años de presidio

6 años de servicio de cárcel

Pablo Villanueva

1832

6 años de presidio

6 años de servicio de cárcel

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de los procesos criminales recabados en el Fondo TSJDF del AGNM.

  • 10 Archivo General de la Nación-México (AGNM), Fondo Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federa (...)

15En segundo lugar, es factible colegir que la pena de servicio en obras públicas podía ser endurecida extendiendo su duración en los servicios carcelarios, pero nunca con el presidio. Empero, si bien las obras públicas y las diversas modalidades de servicios de cárcel eran corporalmente aflictivas y entrañaban la exacción del tiempo y la fuerza de trabajo de los condenados, a igual duración, a los servicios de cárcel se consideran como una sentencia descendente para aquellos condenados previamente a trabajos en las obras públicas, pues según los jueces federales, el servicio de cárcel resultaba más moderado10.

2. Sentencias a pena de presidio

  • 11 Solano de las Aguas, Sergio Paolo, “Trabajadores, jornales, carestía y crisis política en Cartagena (...)
  • 12 Del Castillo, Andrés, “Acapulco, presidio de infidentes (1810-1821)” en Ibarra, Ana Carolina (coord (...)
  • 13 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo a la pena de prisión: un tránsito a través de la (...)

16En todo lugar que tuviese la condición de presidio, era usual que “sus autoridades militares contasen con un significativo contingente de presos destinados a trabajos forzados”11, pues los presidios solían ser al mismo tiempo guarnición militar y cárcel. De hecho, el término presidio tenía un carácter polisémico: “guarnición de soldados que se pone en las plazas, castillos y fortalezas para su guardia y custodia” y “plaza o lugar destinado para castigo de los delincuentes condenados a trabajos forzosos”12. Los individuos destinados a presidio cumplían, efectivamente, labores variopintas que iban desde la construcción de caminos y fortificaciones, hasta el mantenimiento de los bajeles o navíos13.

  • 14 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 201.

17Después de la pena de último suplicio, la de presidio era la más gravosa de las sentencias proferidas contra un ladrón, y considerada “pena severa”14. Ciertamente, los presidios no eran destinos apetecidos ni buscados por trabajadores libres, en vista de los peligros que amenazaban la existencia humana en parajes tan hostiles. Ante la evidente escasez de voluntarios para tan duras labores, el presidio se vinculó plenamente con el trabajo compulsivo.

Tabla 2. Duración de las sentencias a presidio por quinquenios (1800-1835)

Quinquenio / Duración

1800-1804

1805-1809

1810-1814

1815-1819

1820-1824

1825-1829

1830-1834

Total

1 mes

-

-

5

-

-

-

-

5

3 meses

-

-

1

-

-

-

-

1

6 meses

-

-

3

-

-

-

-

3

1 año

-

-

1

-

-

-

-

1

2 años

-

1

2

-

-

2

-

5

3 años

-

-

2

-

-

2

2

6

4 años

-

2

18

-

1

4

1

26

5 años

-

-

-

-

1

6

-

7

6 años

2

-

2

-

1

7

3

15

8 años

2

-

9

-

1

4

2

18

10 años

-

-

2

2

2

7

1

14

N.E.

-

-

1

-

1

-

-

2

TOTAL

4

3

46

2

7

32

9

103

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de los procesos criminales recabados en los Fondos Criminal, Justicia y TSJDF del AGNM.

  • 15 Flores Flores, Graciela, “La ciudad judicial y la ciudad criminal: una aproximación estadístico-car (...)

18Discriminadas por su duración, las condenas a cuatro años de presidio, con un 25.2 %, fueron las más habituales de este tipo, siendo el 69.2 % de ellas dictadas entre 1810 y 1814. No obstante, las sentencias que fluctuaron entre los seis y los diez años, contempladas en conjunto representan el 45.6 % del total de las mismas, mostrando en todos los casos una distribución más uniforme a lo largo de los cinco quinquenios, sin presentar mayores variaciones. La mayor de las sentencias a presidio, con una duración temporal de diez años, con frecuencia producto de la conmutación de una sentencia previa de último suplicio15, en el caso de los ladrones fue administrada como castigo para robos con agravante de deserción del ejército, los robos sacrílegos y los robos en cuadrilla.

  • 16 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 206.

19La casi nula representatividad de la pena de presidio durante el quinquenio 1815-1819 puede que obedezca a la poca cantidad de expedientes encontrados, pues de 32 posibles sentencias apenas se conocen 18, siendo tan solo 2 de ellas correspondientes a presidio. Por otra parte, las sentencias de presidio inferiores ya no a seis meses sino incluso a un año, que podrían considerarse como “moderadas”, no gozan de representación en los últimos cuatro quinquenios de esta muestra, conformada ya solo por sentencias de segunda y tercera instancias proferidas por la Corte Suprema, ratificando que penas de tales magnitudes eran impuestas exclusivamente por jueces de primera instancia16.

  • 17 AGNM, Fondo Criminal (FC), vol. 86, f. 52v.
  • 18 AGNM, FC, vol. 86, f. 84v.

20Lo primero que salta a la vista al analizar cualitativamente las sentencias administradas, es que las penas a un mes de presidio fueron dictadas en su totalidad contra mujeres, quienes por su naturaleza fueron destinadas invariablemente a servir en las cocinas del presidio de Santiago. Este es un dato no menor, pues demuestra que una variante tan benigna de la pena de presidio solo era posible cuando se condenaba a una súbdita por su participación indirecta en el delito de robo. Tal fue la suerte de las indias María Dolores Ramírez y María Guadalupe Espino, ambas amasias del ladrón ganzuero José Antonio Cervantes, así como la de María Guadalupe Rivera, india ladina que también convivía en calidad de amasiato con el socio de Cervantes, el tejedor Pánfilo López. Según lo dispuesto por las justicias, las tres mujeres serían enviadas a una “casa de honra” una vez terminadas sus labores como cocineras en tal presidio17. Idéntica sentencia en todos sus términos recibió la india Polonia Delgadillo, por su complicidad en el robo de un pañuelo propiedad de Don Juan María Soria18.

  • 19 AGNM, FC, vol. 88, exp. 4, f. 86r.
  • 20 AGNM, FC, vol. 86, exp. 9, f. 262r.

21También al presidio de Santiago, pero ya durante tres meses, fue destinado el albañil y ladrón ganzuero Carlos González o José María Carlos, mejor conocido como José María Falcón, a causa del robo a la vinatería de Don Gabriel Piña, situada en el Callejón del Toro. Esta pena le fue duplicada a su amigo Mariano Fragoso, al igual que la tanda de azotes a manera de corrección, en vista de su papel como instigador del robo19. Así mismo, seis meses de presidio fueron las penas del carrocero Cristóbal Domingo García alias Grillo y de su socio el sastre José Mariano Salazar alias Pescadito, ambos ladrones ganzueros, por haber robado a José Feliciano Arrocha una cajita con varios objetos20.

  • 21 AGNM, FC, vol. 573, exp. 6, f. 109v.
  • 22 AGNM, FC, vol. 160, exp. 4, f. 128r.

22Tras haber robado un reloj, el zapatero guanajuatense Juan José Pérez o José de la Trinidad Pérez fue condenado a dos años de presidio en la fortaleza de Perote y obras del camino al puerto de Veracruz. Los agravantes que obraron en contra del inmigrante mestizo fueron el perjurio que cometió al mentir sobre su identidad en la primera declaración tomada en la Real Cárcel de Corte, a lo que se sumó el señalamiento como vago, ocioso y malentretenido; pese a lo cual Pérez contó con fortuna, pues el fiscal había pedido para él una pena de cuatro años en Perote21. Sin embargo, los albores del siglo XIX se caracterizaron por condenas de cierta drasticidad, pues el mulato bizcochero y cargador José Horacio Servín Gallardo fue sentenciado por el Señor gobernador y alcalde del crimen de la Real Audiencia de México a dos años de trabajos en el camino nuevo de Veracruz por la mera presunción de ser ladrón22.

  • 23 AGNM, FTSJDF, caja 69, exp. 43, s.f.
  • 24 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 208.

23En la década de los treinta comenzaron a diseñarse proyectos para enviar contingentes de presidiarios a la frontera tejana, pese a las obvias dificultades para disponer la salida de las respectivas cuerdas para un viaje cuyo recorrido superaba los 1500 kilómetros desde Ciudad de México. Luciano Meza había sido condenado en primera instancia por Don José María Puchet a dos años de servicio en las obras públicas por el robo de nueve burros y porte de arma prohibida. Si bien alegó estar ebrio cuando se robó los jumentos y los vendió, ello no pareció verosímil a los integrantes de la Corte Suprema, quienes al enterarse que Meza era “desertor militar y del presidio de Veracruz”, dispusieron agravar la pena no solo en cuanto a índole, sino también en duración, condenándolo a tres años de presidio en Texas. Dicha condena habría de extinguirla momentáneamente en las citadas obras públicas de la capital “entretanto se proporciona cuerda que lo conduzca á su destino, reencargándose para que no se fugue”23. Se puede apreciar que las diversas dificultades logísticas y económicas solían entorpecer la aplicación de los castigos, por lo que la administración de penas supletorias obedecía más a una cuestión de pragmatismo que a la supuesta piedad que pudiese inspirar la larga espera de su cuerda por parte de un ladrón en la cárcel, como insinúan algunos autores24. En este caso, era preferible aplicar al condenado en una labor de utilidad que mantenerlo recluido en un lugar del que muy probablemente pudiese hacer fuga al menor descuido.

  • 25 Rebagliati, Lucas, “Un honorífico empleo. Apuntes para el estudio de los defensores de pobres en el (...)

24En cuanto a la posible moderación de las penas se refiere, los alegatos de los defensores de pobres podían tener considerable eficacia. Según Lucas Rebagliati, pese a los cambios que experimentó dicho oficio capitular de Antiguo Régimen, gozó de “sorprendente continuidad” durante la década revolucionaria, sin apenas atisbos de reformas radicales25. La importancia de esta figura en la época republicana no solo se mantuvo, sino que se incrementó, pues la instauración de la justicia en tres instancias les otorgó mayores márgenes de acción para intervenir en favor de un encausado, sobre todo en el caso de los delitos livianos.

  • 26 González Quintero, Nicolás Alejandro, “El juzgado y los ladrones. Cómo se elaboró un sujeto peligro (...)

25Ejemplo de lo anterior es el caso de Cipriano Beltrán, quien había cometido varios robos en los cuarteles periféricos de Ciudad de México, tan palpables que fue condenado en primera instancia a seis años y medio de presidio en Veracruz, razón por la que su procurador, el Licenciado Domingo Saviñón hubo de recurrir a una agresiva estrategia de descalificación de los testimonios de las víctimas. Según Nicolás González, los procuradores en su alegato final, “construyeron una imagen del ladrón, con el propósito de obtener una rebaja de la pena, como que solo tuvieran como castigo el tiempo que estuvieron en la cárcel o un alegato de inocencia que buscara incriminar a otros y dejar libre a su defendido”26. Saviñón argumentaba que a raíz de la coacción del alcalde del cuartel menor número 26, perteneciente al cuartel mayor número VII, las declaraciones de María Josefa Rivera, mujer pobre de las periferias, no respondían más que a una “invención de la malicia” para inculpar a Beltrán:

  • 27 AGNM, FTSJDF, caja 9, exp. 107, s.f.

Asegura que el día de San Matías como á las once de la noche, Beltrán le abrió la puerta en compañía de otros á quienes acaudillaba, y que después de que le robaron varias piezas de ropa, Beltrán se marchó salvando tapias (aquí la atención de Vuestra Excelencia) ¿Si la puerta ya estaba abierta, y si Beltrán y sus compañeros tenían el campo por suyo, para qué habían de tomarse el trabajo de salvar las paredes? Ellos no eran perseguidos de nadie, tenían amarrado á el único hombre que había en la casa, según dice la Rivera, y ninguna cosa los estrechaba á poner pies en polvorosa [...] siendo de advertir que los testigos que aquella presenta, todos son de oídas y ninguno su vecino, cosa verdaderamente extraña en el caso, cuando la experiencia nos enseña, que lo que primero hace el robado es conmover á las vecindades27.

26Pero más ridícula aún se le antojaba a Saviñón la declaración de Doña María Encarnación Cano, robada y ultrajada junto a su criada cuando tomaban un descanso en los alrededores del Puente de las Vacas, “con el objeto de ver correr el agua”. Según el relato de la mujer, Beltrán, coludido con un compadre suyo de nombre desconocido, se llevó cargadas a las mujeres hacia unos paredones y las despojó de sus alhajas y parte de la ropa que llevaban puesta. Semejante despliegue de violencia no le parecía creíble al defensor, quien daba por sentado que toda mujer era escandalosa por naturaleza, y los gritos de ambas tendrían que haber puesto de sobreaviso a cualquier persona que pasare por el lugar:

  • 28 AGNM, FTSJDF, caja 9, exp. 107, s.f.

¿Una mujer Señor, que se mira sorprendida por un ladrón á las once del día, y en una calle pública, se había de dejar conducir sin resistencia á el lugar donde la robaron? ¿Y si el pasaje estaba tan solo, sería bastante la oposición que hizo la criada á el otro ladrón para que no la robaran? ¿Las mujeres que aún en las conversaciones familiares arman una algarabía intolerable, no habrían dado voces, cuando dos hombres desconocidos, las conducían cargadas á un lugar tan sospechoso?28

27La estratégica perorata de la defensa se fue a tierra el día 29 de mayo de 1824, cuando Cipriano hizo fuga de la cárcel pública, paradójicamente vestido de mujer. Para complicar aún más la situación, compareció ante las justicias el ciudadano Francisco Castro, quien aseguró haber sido robado por Beltrán y cuatro hombres más en el mismo Puente de las Vacas, lo que motivó al fiscal a pedir la pena de diez años de presidio en los bajeles de Veracruz para el reo ausente, la más alta de este tipo, “en conformidad con la ley 8ª, título 11, libro 8º de las Recopiladas de Castilla”:

  • 29 AGNM, FTSJDF, caja 9, exp. 107, s.f.

Ley 8ª. Mandamos que ansí en los hurtos cualificados, y robos, y salteamientos en caminos, o en campo, y fuerzas, y otros delitos semejantes, o mayores, como en otros cualesquier delitos de otra cualquier cualidad, no siendo los delitos tan calificados, y graves que convengan á la República no diferir la ejecución de la justicia, y en que buenamente pueda haber lugar conmutación, sin hacer en ello perjuicio á las partes querellosas, las penas ordinarias les sean conmutadas en mandarlos ir á servir á las nuestras galeras por el tiempo que pareciere á las nuestras justicias, según la calidad de los dichos reos29.

  • 30 AGNM, FTSJDF, caja 9, exp. 107, s.f.

28No obstante, el pedimento del fiscal, y en consideración a los delitos de asalto en cuadrilla, robo en despoblado y fuga de cárcel, el Tribunal Superior falló que Beltrán debía ser condenado in absentia a la pena capital de último suplicio. Hombre infatigable, el procurador Saviñón apeló y llevó la causa a la tercera instancia, reciclando el uso de la misma ley invocada anteriormente por el fiscal, haciendo uso de argumentos jurisprudenciales y poniendo de relieve la juventud de Beltrán: “la corta edad es reconocida para que se le modere la pena aún cuando se le considere como á un verdadero delincuente [...] es opinión común entre los abogados que al menor de veinte y cinco años se le debe moderar la pena”. Tal estrategia rindió sus frutos, porque Cipriano no solo se salvó de morir en el garrote vil, sino que obtuvo una pena todavía menor en duración a la que le había sido conferida por el juez de primera instancia, debiendo pagar solo cuatro años de presidio “en los Bajeles de la Nación [...] y si no fuere útil para ellos se entenderá dicha condena en el servicio de las fortificaciones de Veracruz”30.

  • 31 Según los abogados de la época, el carácter “miserable” de ciertos individuos los tornaba en “flojo (...)

29José María Pardabé alias Chimalac e Ignacio Gutiérrez alias Patito, habían efectuado un “robo cualificado” en la curtiduría de Don José Monterrubio, siendo condenados a seis años de presidio en los Bajeles Nacionales de Veracruz. Pese a que el defensor pretendía que, dada la minoría de edad de ambos reos, sus nulos antecedentes como ladrones, y la ignorancia y miseria de ambos31, la pena de presidio les fuera conmutada por una de idéntica duración, pero en las obras públicas, los jueces tan solo les rebajaron la de presidio en uno y dos años respectivamente:

  • 32 AGNM, FTSJDF, caja 26, exp. 152, s.f.

Debe aguardarse su corrección y enmienda con otra clase de pena; y temerse con fundamento su entera corrupción de costumbres, siempre que pasen á dicho punto, y que reciban en él las lecciones de los Maestros de la maldad. Por tanto, parece al fiscal se sirva Vuestra Excelencia confirmar dicha determinación, en cuanto al tiempo de la condena, reformándola en su calidad, y aplicando en consecuencia á dichos jóvenes que ahora comienzan á extraviarse, al trabajo de obras públicas por el propio tiempo de los seis años, los cuales podrán contárseles desde la fecha de su prisión32.

  • 33 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 108, s.f.

30Los robos en despoblado, bastante comunes en los años posteriores a la independencia, no siempre obtuvieron la condescendencia del máximo tribunal de justicia, aunque en aras de evitar la administración de penas desproporcionadas, éste optaba normalmente por ratificar la que había sido provista en primera instancia, caso de Francisco Antonio Vélez, quien le había robado a un comerciante que viajaba a Puebla un caballo ensillado, una maleta con “varias piezas de ropa valiosas” y 200 pesos en monedas de plata y oro, mientras transitaba por los alrededores del Puente de las Vacas, lugar casi obligado para quienes se dirigían a la ciudad angelina. Como circunstancias agravantes del caso, los ministros consideraron probada la violencia con la que actuó Vélez, propia de un “maestro en el arte de la maldad”. Según el expediente, las autoridades encontraron en su poder parte de los bienes robados y un cuchillo y, además, coligieron que, en vista de su deseo de marchar hacia Xalapa, el reo vio en el jinete que pasaba una oportunidad única para satisfacerlo. No creyeron la versión de que actuó obligado por otra persona a ejecutar dicho robo a cambio de la mitad del monto de los objetos robados. La minoría de edad de Vélez, que contaba apenas con veinte años, era el único factor atenuante de su delito, y la causa última por la que, en vista de las características del mismo, no recibió una condena ascendente luego de haber apelado el fallo de primera instancia, consistente en cuatro años de servicio en los bajeles de Veracruz33.

31Durante el periodo que medió entre la extinción de la Audiencia territorial y la instauración de la Corte Suprema, tuvo lugar el proceso contra José María Sosa, capturado en 1823 por hallarse en su casa unas piezas de ropa producto del robo a una tienda en la Calle de Portacoeli. El juez de primera instancia, Don Rafael Suárez Peredo, lo había condenado a la pena de dos años de presidio en los bajeles de Veracruz, pero el tribunal superior lo remató a cinco años de la misma pena tras haber pasado dos años en la Cárcel Nacional de Corte. La posterior expresión de agravios de Sosa, en la que suplicaba se conmutase dicha sentencia, carecía de sustento para el fiscal encargado del caso, dado que los argumentos del reo solo se apoyaban en el perjuicio económico que le había causado a su familia, sobre todo a sus cuatro hijos, quienes se hallaban carentes hasta de sus “despreciables pañales”. El fiscal ridiculizó la resistencia de Sosa a servir en los bajeles a causa del clima insalubre del puerto veracruzano, pues en su concepto la pena de presidio estaba pensada para que los reos viviesen tal experiencia como un castigo. En este orden de ideas, la pretendida enfermedad del reo no constituía un elemento a tener en cuenta para una posible conmutación, tal como quiso demostrar la parte acusadora al invocar un precedente jurisprudencial:

  • 34 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 111, s.f.

El fiscal tiene manifestado ya á Vuestra Excelencia su concepto en el particular, con motivo de otra solicitud semejante hecha por el reo José María González [...] sin embargo de que González alegaba enfermedad y le favorecía una certificación del facultativo Doctor Don Joaquín Guerra, para no salir de México, no se podía estimar esta por razón suficiente, pues si lo fuera ninguno de los destinados á dicho punto extinguiría su condena en él, como que dándole valor a un puede ser no habría presidio, ni aún destierro que no se pudiera reclamar por los reos. Así pensó el que habla en aquella causa, y en esta solo agrega que Sosa no tiene las causales que tuvo aquel, ni dice ni acredita más que el que teme al temperamento de Veracruz [...] y más cuando los inconvenientes o desventajas de los presidios se computan de la pena que se aplica en razón de lo más grave del delito34.

32Una vez salió la cuerda que habría de llevarlo a Veracruz, Sosa hizo fuga a la altura de Perote, movido según él por el miedo a enfermar en “esa tierra tan contagiosa”, así como por el deseo de ver nuevamente a su familia y reunirse con ella “para alivianarla con mi corporal trabajo”. En vista de las circunstancias agravantes que tal acción implicaba, resulta providencial que los ministros no hayan agravado todavía más la sentencia a cinco años de presidio, conmovidos por la emotiva diatriba con la que el reo justificó su proceder:

  • 35 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 111, s.f.

Dejo á la sabia consideración de Vuestra Excelencia los incalculables trabajos en el camino tanto en la ida como en la venida: haber marchado esposado, careciendo de los alimentos necesarios á que estaba acostumbrado en mi casa á pesar de ser un pobre: las gravísimas miserias que estoy pasando y é pasado en los cinco años y un mes que llevo de estar cautivo en este claustro [...] y á mayor abundamiento, haberme venido á encontrar con mis cuatro tiernos hijos abandonados, ya sin madre35.

  • 36 AGNM, FTSJDF, caja 38, exp. 52, s.f.

33Francisco Méndez, Antonio Rivera, Benigno Salgado y Joaquín Alfaro fueron hallados culpables de reiterados robos de cerdos que ejecutaron en la tocinería propiedad del coronel Don Manuel Barrera, situada en una esquina de la Calle del Carmen. Como trabajador de la tocinería, Méndez se hizo acreedor a una pena de presidio en los bajeles de Veracruz superior en una cuarta parte a la de sus tres socios: “el delito de dichos reos es bien grave, por ser cualificado con las rememorables circunstancias de haberlo cometido repetidas veces, seducidos unos por otros en cuadrilla, y escalando la casa por parte de noche, asegurados tres de ellos, con el auxilio que el otro les prestaba por dentro”36.

  • 37 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 85, s.f.

34José Almirante y otros tres compañeros suyos, oficiales de herrería, fueron sorprendidos en flagrancia intentando sustraer diez libras de hierro y acero de la Casa de Moneda en 1826. Condenados a trabajos de diversa índole, la estrategia del procurador consistió en poner de relieve las múltiples afecciones de salud de los reos. Almirante, instigador del robo, fue diagnosticado por los facultativos José María Dávila y Mariano Alarcón con “un prolapso de ano y en la circunferencia de éste tiene tumores hemorroidales [...] y consideramos que no puede marchar á su destino sin que pueda perder la vida por los accidentes que puedan sobrevenirle”37. Poco después, los médicos del Hospital de San Andrés matizaron dicha opinión, asegurando que las dolencias causadas por “almorranas fluentes” y un dolor de pecho estaban siendo exageradas por el preso, pues éstas eran enfermedades “de poca consideración y no amenazan la vida”, sirviendo como mera excusa para dilatar el proceso penal:

  • 38 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 85, s.f.

Conceptúa el fiscal no haber mérito para que siga en suspensión por más tiempo el cumplimiento de la condena que se trata de hacer ilusoria, y que de hecho se ha eludido ya en partes, con la demora sufrida hasta aquí: puede por tanto Vuestra Excelencia mandar se lleve á debido efecto á la mayor brevedad posible, con la calidad única de que los trabajos á que está destinado Almirante se entiendan como debe ser en términos hábiles, es decir en cuanto sean compatibles con el estado de su salud, pues á esto si dan lugar las constancias que obran á su favor, en orden á sus ligeros achaques que también certificaron los médicos de esta cárcel38.

35El enfermo fue condenado “al servicio de la plaza de Veracruz en aquellos trabajos á que el Excelentísimo Señor Gobernador de aquel Estado se sirva destinarlo de modo que sean compatibles con el estado de su salud”. Por otra parte, aunque José María Balcázar adolecía de una afección crónica en el pecho y era “propenso a padecer cólicos biliosos”, siendo por ello eximido de los “trabajos fuertes” propios de las obras públicas, las justicias lo condenaron a trabajar en el servicio de cárcel. La compasión, conmiseración o piedad fueron durante estos años argumentos valederos que los defensores esgrimieron, los jueces aceptaron y los gobernantes aprobaron con bastante frecuencia, dado que permitían seguir cumpliendo con el empleo de la mano de obra de reos ladrones en labores de naturaleza útil y productiva.

  • 39 AGNM, FTSJDF, caja 17, exp. 3, s.f.

36A propósito del auge que por estos años estaban tomando los servicios de cárcel, en mayo de 1826, se ventiló ante los magistrados de la segunda sala del Tribunal Supremo de Justicia, la causa penal entablada contra Horacio o Florencio Guevara, autor de un robo de seis piezas de ropa y otras raterías menores, y quien había sido condenado por los jueces de primera instancia, a causa de su minoría de edad, a dos años de dicha pena. José Mariano Cobarrubias, abogado de pobres y curador ad litem del reo, pidió a los togados revocar dicha sentencia, apoyado en los argumentos de que los delitos atribuidos a Guevara no estaban plenamente comprobados y en cualquier caso se caracterizaban por su escaso monto y carencia de circunstancias agravantes; además, la mera permanencia en la Cárcel Nacional habría de ser insoportable para el detenido, quien había perdido la movilidad de sus extremidades a causa de un “herpes en las piernas”, originado posiblemente por las pésimas condiciones sanitarias en las que vivía. La solicitud fue denegada por “extravagante” y “despreciable”39.

3. Sentencias a obras públicas

  • 40 León Pinelo, Antonio de & Solórzano Pereyra, Juan de, Recopilación, Libro IV, Título XVI, Ley Prime (...)
  • 41 León Pinelo, Antonio de & Solórzano Pereyra, Juan de, Recopilación, Libro IV, Título XVI, Ley III.
  • 42 León Pinelo, Antonio de & Solórzano Pereyra, Juan de, Recopilación, Libro IV, Título XVI, Ley IV.

37Desde mediados del siglo XVI, las autoridades presentes en cada una de las ciudades sedes de una Audiencia debían informarse acerca de si era “necesario hacer, y facilitar los caminos, fabricar, y aderezar las puentes, y hallando, que conviene alguna de estas obras para el comercio, haga tasar el costo, y repartimiento entre los que recibieren el beneficio, y más provecho”40. Previendo que algunas ciudades y villas no contasen con fondos suficientes para pagar a los obreros y al superintendente de las obras públicas, la ley estipulaba que su supervisión y financiamiento debían quedar a cargo de un regidor41. La Recopilación anunció muy tempranamente que todas las obras públicas “que se hubieren de hacer a costa de los Concejos, o personas particulares, o en otra forma, sean de toda firmeza, duración y provecho, sin superfluidad”42.

  • 43 Solano de las Aguas, Sergio Paolo, “Trabajadores, jornales, carestía”, Op. Cit., pp. 549-588; Solan (...)
  • 44 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., pp. 203-204; Flores Flores, Graciela, (...)
  • 45 El autor estudia el periodo comprendido entre 1732 y 1821, llegando a la conclusión de que la pena (...)
  • 46 Castro Gutiérrez, Felipe, Historia social, Op. Cit., p. 45.

38Pero no solo en el caso del trabajo libre se procuraron aplicar estas directrices del bien común y de la utilidad general: cuando los fondos escaseaban, se tornaba indispensable recurrir a la mano de obra penada para la concreción de determinadas obras públicas. Ya desde la segunda mitad del siglo XVIII los los reos condenados a trabajar “a ración y sin sueldo” empezaron a ganar espacio frente a los trabajadores libres y a los esclavizados43. El servicio en las obras públicas de Ciudad de México involucraba a los reos en labores como las concernientes a la “limpieza, belleza y seguridad de la ciudad”, que incluían a su vez labores tan disímiles como retirar el estiércol de los caballos de los cuarteles militares, regar lugares públicos como el Paseo de Bucareli o la Alameda Central, y la construcción de caminos y calzadas44. Investigaciones como la de Felipe Castro Gutiérrez para la Real Casa de Moneda, muestran la creciente recurrencia de las obras públicas45 como castigo para los operarios de dicha institución encontrados culpables de robo, individuos a quienes se consideraba estaban afectando las finanzas reales. De hecho, la Real Casa de Moneda era una institución “patrimonio del Rey, y no de una instancia estatal abstracta”46.

Tabla 3. Duración de las sentencias a obras públicas por quinquenios (1800-1835)

Quinquenio / Duración

1800-1804

1805-1809

1810-1814

1815-1819

1820-1824

1825-1829

1830-1834

Total

8 días

-

4

-

-

-

-

-

4

15 días

1

2

2

2

-

-

-

7

20 días

2

3

-

-

-

-

-

5

1 mes

1

1

-

1

-

-

-

3

2 meses

2

1

3

-

-

1

-

7

3 meses

1

4

-

-

-

2

-

7

4 meses

1

1

3

-

-

1

-

6

6 meses

3

3

3

2

1

14

4

30

1 año

-

8

1

1

-

10

1

21

2 años

-

1

-

-

1

13

-

15

3 años

-

-

-

-

-

2

-

2

4 años

-

-

-

-

-

1

-

1

10 años

-

-

-

-

1

-

-

1

N.E.

-

-

-

-

1

-

-

1

TOTAL

11

28

12

6

4

44

5

110

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de los procesos criminales recabados en los Fondos Criminal, Justicia y TSJDF del AGNM.

  • 47 “Número 218. Real orden comunicada por el Ministerio de la Gobernación de Ultramar, prohibiendo que (...)
  • 48 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 203.

39Muy llamativo resulta que las condenas a servicios en las obras públicas pudiesen comprender lapsos aparentemente inocuos como de tan solo quince días (6.3 %), si bien tales sentencias frecuentemente se acompañaron de azotes correctivos, práctica eliminada con el advenimiento del republicanismo47. Ello sugiere que una de las motivaciones subsidiarias de tales dictámenes judiciales, más allá de los plausibles beneficios económicos que se pudiesen obtener de los ladrones condenados, era la persistente necesidad de escarmentar al infractor, dar ejemplo disuasorio y satisfacer la vindicta pública. La mayor parte de las condenas a obras públicas, no obstante, solían fluctuar entre seis meses (27.2 %) y un año (19 %), seguidas de cerca por las de dos años (13.6 %), en todo caso bastante más leves tanto en extensión como en rigor respecto a las de presidio, por lo que son consideradas por expertos en la materia como penas “menos severas”, categoría intermedia entre las penas “severas” y las “moderadas”48.

  • 49 AGNM, FC, vol. 718, exp. 9, f. 103r.
  • 50 AGNM, FC, vol. 718, exp. 11, f. 120r.
  • 51 AGNM, FC, vol. 718, exp. 13, f. 174r.

40Sentencias de carácter muy leve solían tener como trasfondo el magro valor de los objetos robados. A tan solo ocho días de trabajos en obras públicas fueron condenados el indio tributario José Manuel Ramírez, cómplice en el hurto de una porción de granalla de plata49; el operario arañero Felipe Mendoza, quien robó un cospel para moneda de a peso50; así como el sonador de fuelles Nicolás Lara y el hornero de cobre José María Juárez, cómplices en el hurto de cuatro “planchuelas” y dos pedazos de cobre51. Todos ellos trabajadores de la Real Casa de Moneda, sorprendidos in fraganti tras los cateos realizados una vez culminada la jornada laboral, o luego de los recesos para tomar los alimentos.

  • 52 AGNM, FC, vol. 737, f. 257r.
  • 53 AGNM, FC, vol. 718, exp. 10, f. 114r.
  • 54 AGNM, FC, vol. 718, exp. 23, f. 291r.
  • 55 AGNM, FC, vol. 718, exp. 26, f. 335r.

41Este patrón de condenas de cortísima duración tuvo como sus principales protagonistas a los operarios de las oficinas de afinación, fundición y tierras de la Real Casa de Moneda. En el caso de los condenados a quince días de obras públicas, la única diferencia ostensible con los sentenciados a ocho días, reside en que los primeros fueron hallados culpables del robo de objetos de plata, si bien en cantidades todavía bastante módicas y de poco valor. Basta con ver los casos del indio pisador de la oficina de tierras Mariano Torres, condenado por el hurto de “una poca de granalla de plata”52; del indio carbonero Nicolás Antonio alias Chavero por el robo de un pedazo de plata53; del indio arañero José Miguel por el hurto de cuatro cospeles de plata para moneda de pesos54 y de José Rafael Ríos, quien robó un poco de granalla de plata55.

  • 56 AGNM, FC, vol. 355, exp. 2, f. 29.
  • 57 AGNM, FC, vol. 545, exp. 7, f. 105r.

42La justicia criminal ordinaria no recetaba frecuentemente condenas tan bajas contra ladrones, pues apenas están registradas las sentencias del indio carbonero Pablo José Torrejón por el robo de tres sábanas a su patrón José Pérez Leusardo56 y la del zapatero José Antonio Laredo y su socio el velero y peón Antonio Covarrubias, por el robo de ropa y dinero a Juana María Rojas57. En dicha causa, sin duda pesó como atenuante la humilde condición socioeconómica de Rojas, una mestiza que se desempeñaba como cocinera en casas particulares, sospechosa además de tener en poca estima su reputación como mujer, dada su afición a la ingesta de aguardiente, considerado un hábito poco honorable. En esta lógica de la justicia, la embriaguez de Juana María fue el factor que supuestamente impulsó a Laredo a desnudarla para quedarse con sus ropas y 5 pesos que le pertenecían.

  • 58 AGNM, FC, vol. 737, f. 88r.
  • 59 AGNM, FC, vol. 718, exp. 8, f. 86r.
  • 60 AGNM, FC, vol. 718, exp. 13, f. 174r.

43Se desconoce la pauta que impulsaba a los jueces del tribunal privativo de la Real Casa de Moneda a proferir condenas tan solo cinco días mayores a las anteriormente mencionadas, puesto que tampoco resulta fácil inferir matices agravantes en los casos de aquellos condenados a veinte días de trabajos en las obras públicas. Fueron condenados a veinte días y a dos meses de trabajos respectivamente, el mozo de mandados Manuel Jiménez por su complicidad en el robo de “una poca de plata”58 ejecutado por el operario Tomás Navarro; al igual que el aguador Juan Gaspar por robo de granalla de plata de la oficina de fundiciones59; o los trabajadores del cobre José Avelino Vargas y Alberto Pascual Escuti por ser los cabecillas de un robo de dicho metal60.

  • 61 AGNM, FC, vol. 661, exp. 7, f. 134r.
  • 62 AGNM, FC, vol. 569, exp. 5, f. 214v.
  • 63 AGNM, FC, vol. 86, exp. 7, f. 56v.

44Dos meses de servicio en las obras públicas fue la sentencia contra individuos hallados culpables de robos que se pueden seguir considerando muy cortos, tanto en entidad como en valor, si bien desde este punto se empieza a notar una mayor proporción de casos atendidos por la justicia ordinaria, en especial por los jueces del Tribunal de La Acordada. Están asentados casos como el robo de un pedazo de plata ejecutado por el operario de la oficina de tierras José Mariano Prado61; el robo de ropa ejecutado por el tejedor José Cristóbal Villalpando62; o el robo de la pistola propiedad del policía Don Joaquín Cortina hecho por el indio trajinero José Miguel Sánchez63.

45Cuatro meses de obras públicas recibió José Francisco Mancilla, operario arreador de las mulas que movían los molinos de la oficina de fielatura de la Real Casa, por el hurto de un pedazo de riel de plata que “dobló con una piedra porque estaba largo” y después ocultó entre sus calzones. El reo argumentó en su defensa haber cometido tal delito apremiado por la cortedad del jornal que devengaba como uno de los trabajadores de más baja escala dentro de la institución, consistente en apenas 5 reales diarios. Así las cosas, “es regular que padeciese las mayores angustias para mantener á su mujer, y tres hijos [...] que para que fuesen menores se valía de vender prendas que le daban en algunas tiendas con este fin”. El procurador de pobres expuso ante el tribunal privativo el argumento de la pobreza, sino también el de la minoridad del reo, en los siguientes términos:

  • 64 AGNM, FC, vol. 661, exp. 6, f. 83.

La necesidad puede hacer esto, y mucho más, en las circunstancias, en que se hallaba el reo, de arrimado, y necesitado, no podían producir otro efecto, para acudir a su remedio, sin premeditar las funestas resultas, que ha tenido, pues de otra suerte se hubiera abstenido. De lo que se infiere sin violencia, que le faltó un conocimiento completo, y que careció de toda aquella malicia que se requiere, para constituirse verdadero, y legítimo delincuente. Y como en los crímenes lo que se castiga es la malicia con que se cometen careciendo de ella el reo que será de veinte y cinco años de edad según declara, en cuyo caso dudoso, debe inclinarse, á que no tiene los veinte, y cinco años, por ser más benigno según la opinión de los autores criminalistas. Por esta razón debe aprovecharle la menoría, y estimarse como tal, en la que ninguno puede discernir las acciones que emprende, como sucede en nuestro caso por su incapacidad, y estulticia, cuyo mérito le recomienda altamente, para que se le trate con la mayor benignidad64.

  • 65 AGNM, FC, vol. 661, exp. 6, f. 94.

46El 13 de enero de 1802 llegó el turno del fiscal Sagarzurrieta, quien adujo que Mancilla no era reconocido socialmente como un marido virtuoso y ejemplar, sino más bien como un borracho y un ladrón habitual. Ello explicaba sus repetidos latrocinios, destinados a la satisfacción de sus aficiones y no precisamente a la manutención de su crecida familia. El reo solía pasar las noches por fuera de su casa, libando con sus amigos en la misma Casa de Moneda o en sus cercanías, lo que varias veces provocó que su mujer fuese personalmente a buscarlo65. El Tribunal terminó dando la razón a Sagarzurrieta.

  • 66 AGNM, FC, vol. 361, exp. 3, f. 188.
  • 67 AGNM, FC, vol. 87, exp. 2, f. 69r.
  • 68 AGNM, FC, vol. 88, exp. 3.

47Para apreciar matices más resaltantes en la práctica judicial -relativos a factores atenuantes o agravantes-, habría que remitirse al análisis de las sentencias a obras públicas iguales o superiores a los seis meses. Pese a haber purgado una condena previa en presidio por robar siete arrobas de cebo de la casa del comerciante Don Rafael Tangancícuaro, el macuteno y ganzuero Ventura Díaz fue condenado a seis meses de servicio en las obras públicas de la capital por parte del Tribunal de La Acordada, en vista de su calidad como indio miserable digno de compasión, así como de su minoría de edad66. La benevolencia de La Acordada se hizo patente una vez más cuando condenó a Juan Hernández alias Chorizos a cuatro meses de obras públicas -cuando lo estilado hubiese sido seis meses- y veinticinco azotes a modo de corrección, que finalmente no le fueron administrados por petición del reo, quien dijo tener sendos granos en la “asentadera” derecha, y que al parecer le hacían sufrir tremendos dolores67. El mismo tribunal dispuso para el indio Gervasio Pichardo, el mestizo Domingo Casasola y el español José Francisco Moreno penas de cuatro meses, seis meses y un año de obras públicas respectivamente, condena sin aparente ligazón con la disímil calidad de los reos, y justificada con base en la rusticidad y sencillez de los mismos68.

  • 69 AGNM, FC, vol. 737, f. 170r.

48Como es bien sabido, el argumento que ponía el énfasis en la ingesta excesiva de bebidas espirituosas en la comisión de delitos fue usado frecuentemente como atenuante por los reos acusados de robo y por los procuradores de pobres encargados de su defensa. Por la sustracción de ocho cospeles para moneda de pesos, el indio pepenador José María Manjarrez recibió una condena de seis meses en obras públicas. A modo de defensa, el también operario arañero solo atinó a decir que la tarde del robo “estaba atarantado á causa de que cuando salió á comer al mediodía, fatigado del trabajo se tomó un real de pulque en el Puesto Nuevo”69.

  • 70 AGNM, FC, vol. 479, exp. 4, fs. 168v.-171r.

49Servir durante seis meses en las obras públicas fue también el castigo del tejedor castizo Ignacio Rosales a causa de que los jueces lo hallaron como un individuo incorregible, pese a las oportunidades que se le habían dado para su redención. Preso en al menos tres ocasiones anteriores a su aprehensión definitiva, Rosales ostentaba cierta trayectoria delictiva como “ladrón macuteno y bolsero”: en 1800, había sido detenido junto a Andrés Avelino Saldaña por haberles sacado de la bolsa 8 pesos a “unos indios mixtecos”; el mismo año, fue enviado a prisión junto a Manuel Campuzano por la comisión del mismo delito, a pesar de los apercibimientos previos para que retornase a Puebla a trabajar en su oficio. Hacia 1802, fue detenido por tercera ocasión, esta vez en compañía de Ventura López, acusados ambos de actuar como ladrones macutenos en San Antonio Abad. En dicha oportunidad también fue acusado por los jueces de La Acordada de vivir en incontinencia junto a Isabel Romero70. Todo este rico prontuario fue puesto de relieve tras el infructuoso intento de robo al dueño de una vinatería donde, en consorcio con el mozo de mandados Manuel Jiménez, había ido a comprar una cuartilla de aguardiente: Rosales quiso robar de frente al vinatero, pues “comenzó a meter mano, y revolver el dinero diciendo si yo fuera dueño de esto saldría de cuidados”, siendo detenido por cuarta ocasión y procesado por el Tribunal de La Acordada en 1823:

  • 71 AGNM, FC, vol. 479, exp. 4, f. 181.

Atendida la incorregibilidad de Ignacio Rosales, y no haber cumplido con lo mandado en decreto de primero de marzo de ochocientos dos sobre regresarse á Puebla, y ejercer su oficio de tejedor, á efecto de que tenga cumplimiento lo mandado, y el reo quede corregido condenase á seis meses de obras públicas en Puebla, á cuyo efecto se remite á el provincial Don José Antonio García Quiñones, á quien se le prevenga que cumplida la condena, esté á la mira de que este reo ejerza su oficio. Lo que así se le notifique, á este bajo apercibimiento de que en nueva reincidencia en mala conducta se le castigará severamente71.

  • 72 AGNM, FTSJDF, caja 7, exp. 11, s.f.
  • 73 AGNM, FTSJDF, caja 18, exp. 32, s.f.
  • 74 AGNM, FTSJDF, caja 69, exp. 29, s.f.
  • 75 AGNM, FTSJDF, caja 45, exp. 56, s.f.
  • 76 AGNM, FTSJDF, caja 70, exp. 48, s.f.

50Las condenas en segunda y tercera instancia contra ladrones, como se ha señalado anteriormente, fueron en gran medida iguales o superiores al medio año de duración. Si llegaban a dicha instancia judicial, era porque los casos revestían especial gravedad o bien, porque la república federal se encontraba empeñada en la penalización efectiva de los delitos contra la propiedad, tanto los que se habían consumado, como los meros conatos. Así las cosas, por el porte de ganzúas y armas prohibidas, Matías Beltrán fue sentenciado a seis meses en las obras públicas de la capital por los ministros de la Audiencia72; de igual manera procedió la Corte Suprema de Justicia contra Juan Nepomuceno Mejía y José Díaz por el porte de diez ganzúas y una reata73, y contra Cayetano Reyes por conato de robo a una casa habitación74. Cabe mencionar a ladrones domésticos como Juan Crisóstomo, sentenciado a seis meses de servicio en las obras públicas por robar a su patrón unas prendas de ropa, dos cueros de pulque y otras cosas75, y a Manuel Torres, cuyo supuesto reumatismo, dolor general de huesos y enfermedad venérea no alcanzó a convencer al médico encargado de diagnosticarlo, ni desvanecer el agravante ante las justicias de haber robado ropa de su patrón aprovechándose de su condición de sirviente76.

  • 77 AGNM, FTSJDF, caja 26, exp. 138, s.f.
  • 78 AGNM, FTSJDF, caja 18, exp. 33, s.f.

51Como cómplices en el robo de dos vacas, José María Lucero, Martín Rojas y Gaspar González obtuvieron una condena equivalente a una cuarta parte a la dictada contra Pedro Ponce, cabecilla de su asociación delictiva, cuando en primera instancia todos los involucrados en la causa habían sido sentenciados a cuatro años de servicio en las obras públicas77. Según los ministros de la Corte Suprema, José Aniceto Flores no pudo demostrar que el robo ejecutado junto a María Magdalena Cázares tuvo como detonante el “hallarse ebrio la tarde que lo verificó”, por lo que no procedía darle por compurgada la pena por el tiempo pasado en prisión, y debía ratificarse la sentencia del juez de primera instancia, quien lo había condenado a un año de servicio en las obras públicas78.

  • 79 AGNM, FTSJDF, caja 26, exp. 129, s.f.

52A causa del robo de unas almendras o piezas de un candil de cristal, el Licenciado Don Mariano Ruiz de Castañeda condenó en primera instancia a Silverio Morales y a su socio José María Gaitán a la pena de dos años de servicio en las obras públicas y a un año de servicio de cárcel respectivamente. El defensor de los reos, suplicó a la Corte Suprema que dicha sentencia fuese revisada y se les concediese la libertad a ambos, alegando que era el primer robo cometido por Morales y además de poca monta: “una cantidad de almendras de cristal que por su uso y por su corto valor, no irrogó al robado más perjuicio que el simple hurto, o privación de dichas almendras y ellos se las restituyeron sin que faltase más de una parte muy corta”79.

53El procurador de ambos reos aseveraba que aún con mayores razones Gaitán era merecedor de la libertad, pues solo estaba sindicado de haber comprado las dichas “mamaderas” de cristal, cargo fundado en las falsas declaraciones de su socio, quien de todos modos negó posteriormente que Gaitán hubiese participado en el circuito comercial a sabiendas de que los objetos eran robados:

  • 80 AGNM, FTSJDF, caja 26, exp. 129, s.f.

Si mi parte fuera encubridor del robo de que se trata, y si mi parte hubiera abonado á Morales sabiendo que eran robadas las almendras de cristal, entonces yo no me opondría á que se le castigase el participio que tendría en aquel hurto, pues habiendo abonado de buena fe á Silverio, y no habiéndosele probado que lo hizo con malicia; es claro que no debe ser reputado por encubridor de un ladrón, y que no debe castigársele un acto que practicó con la mayor inocencia ¿Quién ha dicho que Gaitán fio á Morales sabiendo que este era ladrón? El mismo Morales ¿Pero no deshizo en aquella calumnia y confesó que no era integrante de su crimen? ¿Por qué se le da más asenso á la primera declaración que a la segunda? ¿No dice expresamente que en descargo de su conciencia ahora que Gaitán no supo que eran robadas cuando lo fio para su venta? ¿Ni qué interés puede tener Morales en asegurar una mentira?80

  • 81 AGNM, FTSJDF, caja 17, exp. 26, s.f.

54En vista de que era el primer robo de Morales, y además de unos objetos de un valor insignificante, los ministros de la tercera sala de la Corte Suprema de justicia redujeron la condena a obras públicas contra Morales a un año, dejando libre a Gaitán, pues en la escala punitiva no había una pena de índole laboral inferior a la de servicios de cárcel a que había sido condenado. Similar desenlace tuvo la causa contra Julián Cumplido por el robo de unas piezas de ropa a su amasia Jacinta, pues el reo de apenas diecisiete años ya llevaba siete meses confinado en prisión, las prendas eran usadas y “de muy corto valor, según parece”, y su amante no había promovido denuncias en su contra “lo cual manifiesta su condonación y aquiescencia”. Pese al agravante de vivir amancebado, la condena de obras públicas le fue rebajada de dos años a uno81.

55En algunas ocasiones, el cometido utilitarista de la punición se expresó sin ambages. En febrero de 1824, Don Rafael Alcaraz, alcaide de la Cárcel Pública Nacional, pidió a la Audiencia que se le conmutase la pena de cinco años de presidio por otra de una duración equivalente en servicios de cárcel a José Romero, “por la utilidad que resulta al buen orden interior de la misma de que dicho individuo cuide de él”. El alcaide argumentaba su petición basándose en las siguientes consideraciones:

  • 82 AGNM, Fondo Justicia (FJ), tomo 19, exp. 27, f. 229.

El buen manejo y conducta de este individuo han dado ocasión a que descanse mi confianza en su cuidado para el buen orden de lo interior de la casa, haciendo en su cumplimiento costosos servicios que lo han hecho recomendable; más debiendo en marchar en la próxima cuerda para su destierro y el hacerme á mi notable falta en el destino de que a la vez le tengo ocupado me instimulan [sic] á suplicar […] tenga a bien en que en atención a los citados servicios lo excuse de marchar, teniendo á bien cumpla el tiempo de su condena en esta cárcel en las ocupaciones en que hoy lo tengo empleado; cuya gracia espero recibir […] que en hacerlo así recibe del enunciado Romero la mayor gracia de su piedad respecto á faltarle solo tres años82.

56A favor del condenado obraba la aparente benevolencia de la autoridad, siendo Romero identificado como una persona de intachable conducta y de evidente aplicación a ciertas labores sin enunciar, pues como es posible apreciar, ya se encontraba trabajando para el alcaide en el mantenimiento del orden interior de su “casa” provisional. Por si fuera poco, solo le quedaban tres años de la pena proferida en su momento por la Audiencia territorial de la capital de la república mexicana.

  • 83 AGNM, FJ, tomo 19, exp. 27, f. 230v.

57Este órgano de gobierno promulgó el 17 de marzo de 1824 un oficio donde oportunamente se aclararon algunos pormenores relativos a la causa penal de Romero, recordando que a dicho reo no se le condenó en su momento por meras sospechas de robo, “sino por la aprehensión real de un incensario que robó en la sacristía del convento de religiosas de San Cosme, cuyo delito confesó”. Semejante “exceso” cometido en el marco de una sociedad estamental, jerárquica, corporativa y religiosa, ameritó que los fiscales encargados del caso pidiesen para José Romero una pena de diez años de presidio en Veracruz. No obstante, la Audiencia tuvo en consideración a posteriori la colaboración que el ladrón sacrílego brindó a las autoridades en lo tocante a la conservación del orden carcelario y conmutó la pena del reo: “este Tribunal, tenida consideración á los oportunos que dio Romero, de la fuga que intentaron hacer de la cárcel algunos reos, como de otros desórdenes que revertía en lo interior de ella lo trató con la benignidad que se palpa, y que en otras circunstancias no merecía”83.

  • 84 AGNM, FJ, tomo 19, exp. 27, f. 233r.

58Las ocupaciones de Romero en la cárcel pública, y de las que tan orgulloso se sentía su alcaide, consistían en mantenerle enterado de los planes de evasión de los reclusos, función que contribuía al mantenimiento del “buen orden y gobierno interior” de la prisión. Bajo este razonamiento podría llegar a comprenderse la aparente benignidad de las máximas instancias judiciales y gubernativas de entonces, pues el Supremo Poder Ejecutivo tuvo a bien, en concordancia con la actuación de la Audiencia, “conceder á José Romero que los cinco años de presidio en que lo condenó ese Tribunal por sospechas de robo, lo sufra en la cárcel pública de esta capital, donde está comisionado por el alcaide para el buen orden y gobierno interior de las prisiones”84.

Consideraciones finales

59El estudio de las políticas punitivas administradas en Ciudad de México durante las primeras décadas del siglo XIX demuestra el carácter utilitario de la penalidad en el caso de reos de cortos delitos como los ladrones, destacando por su prevalencia las sentencias a presidio y obras públicas. En un marco de crisis sistémica del imperio español, el presidio empezó a configurarse como una institución donde lo castrense y lo punitivo se tornó en algo indisociable, y donde se conjuntaron los principios de moralidad y utilidad. Tras argumentos de aparente apelación a un sentido ético de justicia afincado en la costumbre, se escondían motivaciones de evidente orden utilitario que no por ello dejaban de apelar a cierto sentido del bien común, consistente en dejar un contraejemplo disuasorio a todos aquellos que pensaran dedicarse a toda clase de delitos, así como convertir al reo en una fuente de mano de obra aprovechable por el gobierno de turno. El desarrollo de los acontecimientos políticos permite inferir el peso que esta pena llegó a tener luego de 1810, años de gran efervescencia independentista, necesidad imperiosa de imponer el orden y urgencia de brazos para la guerra.

60Con una aplicación más regular, las sentencias a trabajos en las obras públicas de la ciudad capital son consideradas como penas más leves respecto a las de presidio en cualquiera de sus variantes. La razón es que el presidio implicaba un extrañamiento de la tierra para el sentenciado, mientras que el trabajo en obras públicas podía ser desempeñado en la ciudad donde moraba el ladrón. A finales de la primera república federal (1830-1835), no obstante, los servicios de cárcel llegaron a igualar porcentualmente e incluso a imponerse sobre los servicios en obras públicas, dando el primer paso hacia el monismo punitivo centrado en la cárcel.

  • 85 “Los reos destinados al servicio de obras públicas permanecían en la cárcel que servía precisamente (...)
  • 86 Sánchez Michel, Valeria, Usos y funcionamiento de la cárcel novohispana. El caso de la Real Cárcel (...)

61Es dicho proceso de conversión de la cárcel en un lugar de castigo apoyado en la exacción de la fuerza laboral de los reos trabajadores el que está pendiente de investigar. Si bien es cierto que la cárcel como instrumento estrictamente punitivo apenas estaba empezando a tomar forma en la cabeza de los reformadores, podemos asegurar que para entonces ya no es posible pensar la cárcel mexicana tal como había sido performada por las diversas leyes expedidas durante la época medieval y los primeros siglos del Imperio español en América. Por entonces, dicha institución pasaba por ser un mero instrumento precautelativo y de carácter eminentemente procesal, cuya función más saliente era el pretendido resguardo del preso para evitar su huida mientras se adelantaba el respectivo procedimiento judicial85. Hoy es evidente cómo en los casos de la Real Cárcel de Corte, la Cárcel Nacional o la Cárcel de la Diputación, la prisión puede ser considerada como una pena aflictiva susceptible de llegar a servir como base de alguna de las múltiples modalidades denominadas como de “prisión-servidumbre”86, caracterizada por la tendencia al aprovechamiento de la fuerza laboral de los reclusos.

Fuentes

Fuentes documentales

62Archivo General de la Nación México, Ciudad de México, Fondo Criminal, Volúmenes 86, 87, 160, 355, 361, 479, 545, 569, 573, 661, 718, 737. Fondo Justicia, Tomo 19. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Cajas 7, 9, 17, 18, 19, 26, 38, 45, 69, 70.

Fuentes impresas

63Dublán, Manuel & Lozano, José María, Legislación mexicana ó colección completa de las disposiciones legislativas desde la Independencia de la República. Tomo I, Ciudad de México, Imprenta del Comercio, 1876.

64Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia. París, Librería De Rosa, Bouret y Cía., 1851.

65León Pinelo, Antonio de & Solórzano Pereyra, Juan de, Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias mandadas a imprimir, y publicar por la magestad católica del rey Don Carlos II, https://www.leyes.congreso.gob.pe/​leyes_indias.aspx, consultado el 1 de septiembre de 2022.

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Notas

1 Citado por Barriera, Darío Gabriel, “Reflexiones sobre un trabajo de equipo y sobre el trabajo en equipo. Introducción mínima, necesaria y dolorida” en Barriera, Darío Gabriel (dir.), Justicias situadas. Entre el Virreinato Rioplatense y la República Argentina (1776-1884), Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2018, p. 15.

2 García León, Susana, “Los delitos contra la propiedad: el empleo inadecuado de la terminología penal por parte de los operadores jurídicos durante la Edad Moderna”, Clío & Crimen, Durango, n°11, 2014, pp. 23-38.

3 Sánchez-Arcilla Bernal, José, “Robo y hurto en la Ciudad de México a fines del siglo XVIII”, Cuadernos de Historia del Derecho, Madrid, n°8, 2001, p. 44.

4 Caicedo, Amanda & Espinoza, Iván, “Públicos ladrones en la Gobernación de Popayán (1771-1810)”, Historia y Espacio, Cali, n°16, 2000, p. 92.

5 Palafox Menegazzi, Alejandra, “Los “padres del vecindario”. Sistema policial y delitos sexuales en la Ciudad de México (1824-1880)”, Historia y justicia, Santiago de Chile, n°12, 2019, p. 8.

6 Una distinción similar es la traída a colación por Escriche. Habla, por una parte, de los confinados a “presidios peninsulares” quienes debían trabajar en caminos, canales, arsenales y “empresas á que el rey tenga por conveniente destinarlos; y no habiendo trabajos de estas clases, en los obradores establecidos en los presidios mismos”, y por otra, alude a los confinados a “depósitos correccionales” que debían aplicarse a trabajos “objetos de policía urbana, ya en otros equivalentes, pero siempre en la ciudad o su término”. Escriche, Joaquín, “Presidio” en Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, Librería De Rosa, Bouret y Cía., París, 1851, p. 1375.

7 Al menos para los trabajadores comunes de las fortificaciones y fábricas, se había establecido una jornada laboral de ocho horas diarias, “cuatro á la mañana, y cuatro á la tarde” con el fin de protegerlos de las inclemencias del sol y “procurar su salud y conservación”. León Pinelo, Antonio de & Solórzano, Juan de, Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias mandadas a imprimir, y publicar por la magestad católica del rey Don Carlos II, Libro III, Título VI, Ley VI, https://www.leyes.congreso.gob.pe/leyes_indias.aspx, consultado el 1 de septiembre de 2022.

8 Araya Espinoza, Alejandra, “Guerra, intolerancia a la autoridad y resistencia. Los discursos ocultos tras la vagancia. Ciudad de México (1821-1860)”, Boletín Americanista, Barcelona, n°52, 2002, p. 33.

9 Londoño Tamayo, Andrés Alejandro, “Participación ciudadana en la justicia penal. El valor documental y patrimonial de los juicios criminales juzgados por el jurado en México D.F. (1869-1883)”, Legajos. Boletín del Archivo General de la Nación, Ciudad de México, n°18, 2018, p. 53.

10 Archivo General de la Nación-México (AGNM), Fondo Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (FTSJDF), caja 19, exp. 85, s.f.

11 Solano de las Aguas, Sergio Paolo, “Trabajadores, jornales, carestía y crisis política en Cartagena de Indias (1750-1810)”, Historia, Santiago de Chile, n°51, vol. II, 2018, p. 554.

12 Del Castillo, Andrés, “Acapulco, presidio de infidentes (1810-1821)” en Ibarra, Ana Carolina (coord), La Independencia en el sur de México, Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Históricas- Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, Ciudad de México, 2017, p. 159.

13 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo a la pena de prisión: un tránsito a través de la práctica judicial (Ciudad de México, siglo XIX)”, Signos Históricos, Ciudad de México, vol. XX, n°39, 2018, pp. 201-202; León León, Marco Antonio, “De la compulsión a la educación para el trabajo. Ocio, utilidad y productividad en el tránsito del Chile colonial al republicano (1750-1850)”, Historia Crítica, Bogotá, n°41, 2010, p. 176.

14 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 201.

15 Flores Flores, Graciela, “La ciudad judicial y la ciudad criminal: una aproximación estadístico-cartográfica a la impartición de justicia (Ciudad de México, 1824-1846)”, Relaciones, Zamora, vol. XL, n°158, 2019, p. 60.

16 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 206.

17 AGNM, Fondo Criminal (FC), vol. 86, f. 52v.

18 AGNM, FC, vol. 86, f. 84v.

19 AGNM, FC, vol. 88, exp. 4, f. 86r.

20 AGNM, FC, vol. 86, exp. 9, f. 262r.

21 AGNM, FC, vol. 573, exp. 6, f. 109v.

22 AGNM, FC, vol. 160, exp. 4, f. 128r.

23 AGNM, FTSJDF, caja 69, exp. 43, s.f.

24 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 208.

25 Rebagliati, Lucas, “Un honorífico empleo. Apuntes para el estudio de los defensores de pobres en el Río de la Plata (Siglos XVIII-XIX)”, Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, vol. LXII, n°3, 2017, p. 175.

26 González Quintero, Nicolás Alejandro, “El juzgado y los ladrones. Cómo se elaboró un sujeto peligroso en Santafé (1750-1808)”, Historia Crítica, Bogotá, n°42, 2010, p. 172.

27 AGNM, FTSJDF, caja 9, exp. 107, s.f.

28 AGNM, FTSJDF, caja 9, exp. 107, s.f.

29 AGNM, FTSJDF, caja 9, exp. 107, s.f.

30 AGNM, FTSJDF, caja 9, exp. 107, s.f.

31 Según los abogados de la época, el carácter “miserable” de ciertos individuos los tornaba en “flojos” y “vagos”, así como propensos a la comisión de delitos, pues eran incapaces de comprender cabalmente la gravedad de sus acciones, y apreciar la diferencia entre el bien y el mal. Martínez Velarde, Julio César & Leiva Gómez, Alan Simón, “La pervivencia de lo “miserable” y “rústico” en las defensas legales de indios. El caso de la Huasteca potosina (1824-1835)”, Historia y Justicia, Santiago de Chile, n°18, 2022, pp. 12-14.

32 AGNM, FTSJDF, caja 26, exp. 152, s.f.

33 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 108, s.f.

34 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 111, s.f.

35 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 111, s.f.

36 AGNM, FTSJDF, caja 38, exp. 52, s.f.

37 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 85, s.f.

38 AGNM, FTSJDF, caja 19, exp. 85, s.f.

39 AGNM, FTSJDF, caja 17, exp. 3, s.f.

40 León Pinelo, Antonio de & Solórzano Pereyra, Juan de, Recopilación, Libro IV, Título XVI, Ley Primera.

41 León Pinelo, Antonio de & Solórzano Pereyra, Juan de, Recopilación, Libro IV, Título XVI, Ley III.

42 León Pinelo, Antonio de & Solórzano Pereyra, Juan de, Recopilación, Libro IV, Título XVI, Ley IV.

43 Solano de las Aguas, Sergio Paolo, “Trabajadores, jornales, carestía”, Op. Cit., pp. 549-588; Solano de las Aguas, Sergio Paolo, “El costo social de la República: los trabajadores de los sistemas defensivos de Cartagena de Indias (1750-1850)”, Historia y Memoria, Tunja, n°18, 2019, pp. 243-287.

44 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., pp. 203-204; Flores Flores, Graciela, “La ciudad judicial”, Op. Cit., p. 58.

45 El autor estudia el periodo comprendido entre 1732 y 1821, llegando a la conclusión de que la pena más frecuente impuesta a los operarios hallados culpables de robo en la Real Casa de Moneda fue la expulsión de la misma (23.2 %), seguido del “servicio personal” o trabajo en las obras públicas de la capital (15.4 %), el presidio y el destierro (ambos con un 12.1 %). Castro Gutiérrez, Felipe, Historia social de la Real Casa de Moneda de México, Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Históricas, Ciudad de México, 2012, pp. 201-203.

46 Castro Gutiérrez, Felipe, Historia social, Op. Cit., p. 45.

47 “Número 218. Real orden comunicada por el Ministerio de la Gobernación de Ultramar, prohibiendo que se aplique la pena de azotes, ni á los reos, ni á los indios, ni en los colegios y casas de educación á los niños (publicada en la Gaceta de Méjico número 133, tomo XI del martes 3 de octubre de 1820)” en Dublán, Manuel & Lozano, José María, Legislación mexicana ó colección completa de las disposiciones legislativas desde la Independencia de la República, Tomo I, Ciudad de México, Imprenta del Comercio, 1876, pp. 518-519.

48 Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 203.

49 AGNM, FC, vol. 718, exp. 9, f. 103r.

50 AGNM, FC, vol. 718, exp. 11, f. 120r.

51 AGNM, FC, vol. 718, exp. 13, f. 174r.

52 AGNM, FC, vol. 737, f. 257r.

53 AGNM, FC, vol. 718, exp. 10, f. 114r.

54 AGNM, FC, vol. 718, exp. 23, f. 291r.

55 AGNM, FC, vol. 718, exp. 26, f. 335r.

56 AGNM, FC, vol. 355, exp. 2, f. 29.

57 AGNM, FC, vol. 545, exp. 7, f. 105r.

58 AGNM, FC, vol. 737, f. 88r.

59 AGNM, FC, vol. 718, exp. 8, f. 86r.

60 AGNM, FC, vol. 718, exp. 13, f. 174r.

61 AGNM, FC, vol. 661, exp. 7, f. 134r.

62 AGNM, FC, vol. 569, exp. 5, f. 214v.

63 AGNM, FC, vol. 86, exp. 7, f. 56v.

64 AGNM, FC, vol. 661, exp. 6, f. 83.

65 AGNM, FC, vol. 661, exp. 6, f. 94.

66 AGNM, FC, vol. 361, exp. 3, f. 188.

67 AGNM, FC, vol. 87, exp. 2, f. 69r.

68 AGNM, FC, vol. 88, exp. 3.

69 AGNM, FC, vol. 737, f. 170r.

70 AGNM, FC, vol. 479, exp. 4, fs. 168v.-171r.

71 AGNM, FC, vol. 479, exp. 4, f. 181.

72 AGNM, FTSJDF, caja 7, exp. 11, s.f.

73 AGNM, FTSJDF, caja 18, exp. 32, s.f.

74 AGNM, FTSJDF, caja 69, exp. 29, s.f.

75 AGNM, FTSJDF, caja 45, exp. 56, s.f.

76 AGNM, FTSJDF, caja 70, exp. 48, s.f.

77 AGNM, FTSJDF, caja 26, exp. 138, s.f.

78 AGNM, FTSJDF, caja 18, exp. 33, s.f.

79 AGNM, FTSJDF, caja 26, exp. 129, s.f.

80 AGNM, FTSJDF, caja 26, exp. 129, s.f.

81 AGNM, FTSJDF, caja 17, exp. 26, s.f.

82 AGNM, Fondo Justicia (FJ), tomo 19, exp. 27, f. 229.

83 AGNM, FJ, tomo 19, exp. 27, f. 230v.

84 AGNM, FJ, tomo 19, exp. 27, f. 233r.

85 “Los reos destinados al servicio de obras públicas permanecían en la cárcel que servía precisamente como casa de resguardo, pues, luego de salir a realizar sus faenas, volvían a ella para ser asegurados. Las cárceles capitalinas de la Diputación o Ciudad y la Nacional de Palacio -que luego pasó al edificio de la ex Acordada a mediados de 1831- sirvieron a ese propósito”. Flores Flores, Graciela, “Del pluralismo punitivo”, Op. Cit., p. 204.

86 Sánchez Michel, Valeria, Usos y funcionamiento de la cárcel novohispana. El caso de la Real Cárcel de Corte a finales del siglo XVIII, El Colegio de México, Ciudad de México, 2008, p. 84.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Andrés David Muñoz Cogaría, « “Debe aguardarse su corrección y enmienda con otra clase de pena”: praxis judicial y sentencias a trabajo contra los ladrones en Ciudad de México (1800-1835) », Revista Historia y Justicia [En línea], 20 | 2023, Publicado el 21 junio 2023, consultado el 16 junio 2024. URL : http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/rhj/10018 ; DOI : https://0-doi-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/10.4000/rhj.10018

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Autor

Andrés David Muñoz Cogaría

Becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones Históricas – Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la asesoría de la Doctora Elisa Speckman Guerra. Doctor en humanidades (área de concentración en historia) de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa (Ciudad de México) e historiador de la Universidad del Valle (Cali). ORCID: 0000-0002-5961-0888. E-mail: andamuco[at]gmail.com - andres.munoz[at]historicas.unam.mx

Esta contribución está basada en apartes de un capítulo de la tesis doctoral titulada De notorios ladrones a benéficos artesanos. Delitos contra la propiedad y trabajo penado en Ciudad de México (1800-1835), elaborada bajo la dirección de la Doctora Sonia Pérez Toledo, y financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

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