1En los últimos 60 años, la economía y la sociedad argentina han atravesado periodos de crecimiento y de fuertes crisis de su volátil modo de desarrollo alternando gobiernos constitucionales: 1946-1955 (J. D. Perón), 1958-1962 (A. Frondizi), 1973-1976 (R. Cámpora, J. D. Perón, Isabel Perón), 1983-2011 (Alfonsín, Menem, N. Kirchner y C. F. de Kichner) con regímenes militares de facto dictatoriales (1955-1958, 1962-1963, 1966-1973 y 1976-1983) que suman 19 años en total. Se pueden identificar varios regímenes de crecimiento diferenciados: el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) que se interrumpe desde los planes de ajuste de junio 1975 y retrocede debido a las políticas económicas y monetarias adoptadas por la junta militar desde marzo 1976; un periodo posterior de lento crecimiento y estancamiento hasta 1989 que concluye con la hiperinflación; el régimen de la convertibilidad que transcurre entre 1991 y 2001, y la post convertibilidad desde 2002 hasta nuestros días.
2Este trabajo va a concentrarse en los dos últimos modos de desarrollo, netamente diferenciados y poniendo atención a la evolución de la relación salarial entendida como “la forma institucional que especifica las modalidades adoptadas históricamente por la relación existente entre los trabajadores asalariados y los propietarios o responsables de la gestión de los medios de producción”, y “el conjunto de las condiciones que regulan el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo” (Boyer, 1998) y de manera más precisa, como “el conjunto de condiciones jurídicas e institucionales que rigen el uso del trabajo asalariado y el modo de existencia de los trabajadores” (Boyer y Neffa 2004, 2007).
3En el régimen de la convertibilidad atravesó dos gobiernos (Menem 1989-1999 y De la Rúa 1999-2001). Estaba basado en la tasa de cambio revaluando artificialmente el peso argentino para hacerlo equivalente a un dólar, se adoptaron las políticas económicas emanadas del “Consenso de Washington”: privatizaciones masivas de empresas públicas, apertura indiscriminada al comercio exterior con disminución de impuestos a las importaciones, reducción del poder estatal para regular la economía, desregulación de todos los mercados salvo el de fuerza de trabajo, control del gasto público social acusado de generar inflación, promoción de las inversiones extranjeras directas otorgándoles iguales beneficios que a las nacionales, financiarización de la economía en detrimento de la economía real, etc.
4Solamente en Chile, pero allí bajo una dictadura militar, se aplicaron con mayor intensidad y coherencia las políticas económicas neo-liberales inspiradas en el Consenso de Washington
5El establecimiento de una economía bi-monetaria con una orientación neoclásica liberal que consideró al libre juego de las fuerzas del mercado como la condición para lograr la optimización, incrementó la vulnerabilidad y la dependencia respecto de los avatares del dólar y de las crisis en otros países (México, Korea, Rusia, Brasil, etc.) que dieron lugar a caídas del producto (1995) y a largas recesiones (1998-2002), estimularon el endeudamiento y la fuga de capitales. El funcionamiento del régimen de convertibilidad estuvo durante una década condicionado al ingreso de divisas para equilibrar el balance de pagos, pero como la tasas de cambio generada dificultades para aumentar las exportaciones, se estimuló el ingreso sin restricciones de capital extranjero “golondrina” que hizo muchos beneficios en el sistema financiero y para hacerse cargo de las empresas públicas una vez privatizadas.
6La tasa de cambio con un peso apreciado cumplió un papel determinante en el régimen de acumulación: encareció y subordinó el trabajo, impulsó las importaciones de todo tipo, y no solo las de bienes de capital, porque las abarató, y al mismo tiempo frenó los procesos de exportación, especialmente de aquellos productos en los cuales los costos salariales, medidos en dólares, reducían su competitividad a nivel internacional. El resultado fue una mayor concentración de la producción, con fuerte presencia de oligopolios y monopsonios del capital extranjero y de las ETN, dejando en mala posición a las PYMES, que usaban tecnologías trabajo-intensivas. En ese contexto, cambió la especialización productiva de la economía argentina, predominando los productos agropecuarios e industriales con poco trabajo incorporado y con tecnologías intensivas en capital orientados a la exportación, y se aceleró el proceso de terciarización, porque los servicios y productos inmateriales quedaban protegidos contra la competencia internacional debido al cambio en los precios relativos, en detrimento de la industria. La convertibilidad significó un freno y el retroceso del procesos de sustitución de importaciones industriales, con la consiguiente desintegración vertical y la reducción de su nivel de empleo.
7La convertibilidad implicó de hecho la dolarización de la economía pues todas las operaciones económicas podían hacerse en una u otra moneda. Pero significó la abdicación de la posibilidad de tener una política monetaria autónoma. La forma moneda, atada el dólar, pasó a ser la forma institucional dominante en lo alto de la jerarquía, articulada con la inserción en la división internacional del trabajo y con las formas concentradas de competencia en el mercado, quedando el Estado y sobre todo la relación salarial en condición de formas institucionales subordinadas y dominadas.
8El Estado se contrajo en cuanto al número de los funcionarios (despidos, no renovación de contratos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, y cambios de lugar de trabajo para escapar a los bajos salarios, etc.) y en cuanto a su poder regulador de la economía debido al drástico proceso de privatizaciones (sólo comparable con la performance de Mme. Tatcher y Pinochet) y a la filosofía emanada de la nueva política económica: “se debía achicar el estado para agrandar la nación”, porque se consideraba que su intervención en el mercado jugaba negativamente contra la optimización de las libres decisiones de los actores económicos.
9Ese régimen de acumulación tuvo un impacto directo sobre la relación salarial. Esta fue usada como herramienta para el ajuste y debido a las restricciones generadas por la dolarización para la competitividad internacional, los medios utilizados fueron la reducción de los costos salariales directos e indirectos fijados en dólares y la flexibilización en cuanto al uso de la fuerza de trabajo, precarizándola. .Una condición necesaria para que ese modelo funcionara fue la modificación de la relación salarial precedente para reducir los costos laborales y flexibilizar el uso de la fuerza de trabajo. Para lograrlo se adoptaron de manera directa o indirecta ciertas medidas (Neffa y otros, 2005):
10- reformar la legislación del trabajo y de la seguridad social, para introducir una mayor flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo, facilitando y haciendo menos costosos los procesos de despido de los trabajadores permanentes, para lo cual se recurrió incluso al soborno a Senadores (el caso de la Ley “Banelco”),
- reducir los costos salariales dejando rígido el salario mínimo vital y móvil en 200 pesos (o dólares) entre 1991 y el año 2003 a pesar de la inflación, y se impidió legalmente su actualización,
- freno a los procesos de negociación colectiva para impedir incrementos salariales, considerados como meros costos y estímulo a la negociación descentralizada a nivel de la empresa,
- reducción del salario indirecto y de los aportes patronales al sistema de seguridad social,
- precarización del empleo, al estimular los trabajos por tiempo determinado, el desarrollo de las agencias de servicios eventuales o de trabajo temporario, el trabajo a tiempo parcial, autorizando días y horarios a-típicos de trabajo, frenando el crecimiento del empleo asalariado estimulando en su lugar la contratación de trabajadores autónomos y monotributistas sin relación salarial,
- debilitamiento del poder de policía del MTEySS (por la drástica disminución del número de inspectores), cuya función era normalmente controlar el trabajo no registrado y las violaciones a la legislación del trabajo.
11El desempleo y el subempleo fueron creciendo desde el impacto de la crisis mexicana y cuando colapsó la convertibilidad sus tasas alcanzaron los máximos históricos, jugando a lo largo de todo el periodo una presión adicional para frenar las demandas de aumentos salariales, incrementando la pobreza y la indigencia. El desempleo debilitó el poder de los sindicatos, generó incertidumbre y miedo ante las amenazas de despido creando las condiciones para aceptar el empleo no registrado o en situación precaria, así como la intensificación del trabajo, el disciplinamiento y el control de los asalariados.
12Las causas, la configuración interna y las graves consecuencias de la crisis del régimen de la convertibilidad han sido analizadas con mayor detalle en varias publicaciones (Boyer, R. y Neffa J. C., 2004 y 2007). Cabe recordar que la crisis de la convertibilidad es considerada como la más grave de la historia argentina con una caída del PBI de aproximadamente el 20% entre 1998 y 2002, una tasa promedio de desempleo del 21,5% en mayo 2002 y mas del 50% de las personas bajo la línea de pobreza en 2003.
13Luego de la caída del Gobierno del Dr. De la Rúa a fines de 1991, se abandonó abruptamente el régimen de convertibilidad y la relación peso-dólar uno a uno, para pasar actualmente (marzo 2011) a una relación de 1 dólar por casi 4,06 pesos. A partir de allí comenzó a emerger un nuevo régimen de acumulación que, como veremos, requirió y al mismo tiempo creó las condiciones para instaurar una nueva relación salarial. Además de la renuncia del Presidente de la República, la sucesión de cinco presidentes en el curso de una semana, y de graves conflictos sociales que dieron lugar a una represión con más de 30 muertos y numerosos heridos, las consecuencias más conocidas fueron la devaluación, la pesificación asimétrica y la declaración del default de la deuda externa a fines de 2001, una de las más elevadas de la historia del capitalismo, que dejó a Argentina en condiciones desventajosas frente a los sistemas internacionales de crédito.
14La nueva configuración de la jerarquía de las formas institucionales pone en la cúspide al Estado (ampliado, fortalecido, con capacidad para intervenir e intentar regular el mercado y con muchos recursos) y nuevamente a la moneda (que no se devalúa fuertemente para no generar inflación y la caída de los salarios reales), dejando en posición subordinada a las formas de la competencia y a la inserción internacional (aprovechando el crecimiento de la demanda mundial de commodities de origen agropecuario y los elevados precios), pero donde, como veremos a continuación, la relación salarial adquiere relevancia y ocupa ahora un lugar más destacado, siendo beneficiada, a pesar de la persistencia de la heterogeneidad del trabajo y el empleo a nivel sectorial y regional.
15La moneda sigue jugando un papel protagónico. El nuevo régimen fue impulsado por lo que desde el poder político se denomina “tasa de cambio real competitivo” (TCRC), que sirvió de base para que durante varios años (2003-2008, y 2010-2011) se lograran elevadas tasas de crecimiento del PIB, aumentara la recaudación fiscal, se fortaleciera el poder y los recursos del Estado para regular la economía, se negociara de manera agresiva y exitosa la deuda externa obteniendo una quita elevada, aumentando la proporción de la deuda en moneda local reprogramando los vencimientos con varios años de gracia, reduciendo así su presión sobre las cuentas fiscales. Se frenó el proceso de desindustrialización debido al cambio de los precios relativos ahora a favor de los bienes transables, dando un fuerte impulso al comercio exterior de productos agropecuarios y mineros aprovechando la ampliación de los mercados y los altos precios de commodities que dieron lugar a un permanente excedente de la balanza comercial. La acumulación de importantes montos de reservas de divisas en el Banco Central dejó al país en mejores condiciones para soportar el impacto de crisis internacionales y las corridas bancarias. Se renacionalizó el sistema de jubilaciones y pensiones que había sido privatizado parcialmente en 1994 transfiriendo dichos recursos a la ANSES. La nueva política generó durante varios años un excedente fiscal basado en el incremento de los ingresos tributarios, el progresivo control de la evasión, la instauración de un impuesto a las transacciones monetarias por medio de cheques y las fuertes “retenciones” a la exportación de algunos productos primarios, esencialmente agropecuarios, donde se generaba una renta extraordinaria. También se reestatizaron varias empresas de servicios públicos, pero se trataba de las que experimentaron perdidas y quiebras debido a problemas de gestión o porque no cumplían con las condiciones del pliego de licitación.
16El Estado volvió a sumir un activo papel en el régimen de crecimiento: el impuesto al cheque y las retenciones a la exportación le permitieron obtener importantes sumas de ingresos extra-presupuestarios que hicieron posible el aumento del gasto público, financiar ambiciosas políticas sociales, otorgar subsidios a las tarifas de servicios públicos (transporte, electricidad, gas) de la región más poblada de Argentina (el Gran Buenos Aires) para reducir los efectos inflacionarios. Con los fondos de ANSES se proporcionaron créditos temporarios a empresas en dificultad para que no cerraran y generaran desempleo, se transfirieron recursos al presupuesto para absorber el déficit de empresas de servicios públicos, se efectuaron compensaciones a unidades económicas para que en contrapartida mantuvieran los precios sin grandes variaciones, se financiaron políticas sociales casi universales (la UAH que se detallará más adelante) y educativas (la provisión de computadoras portables a docentes y estudiantes secundarios). El empleo público nacional, provincial y municipal creció de manera sostenida, aunque no todos los nuevos empleos fueron asalariados y de carácter permanente.
17El incremento de la demanda de bienes de consumo resultante del aumento del gasto público, de las políticas sociales y de los cambios en la relación salarial, que se analizan más adelante, jugaron un papel importante en el crecimiento del PIB a pesar de la rigidez de la oferta, debido a la baja tasa de inversión directamente productiva, la concentración de la producción y los pocos progresos logrados en materia de productividad. Estos factores explican en parte el actual proceso inflacionario.Durante el periodo 2002-2010 la economía creció a una tasa promedio de 7%, a pesar de la crisis de 2009, cuando estuvo estancada o disminuyó. La TCRC por una parte que estimuló las exportaciones, por otra el aumento de la demanda y de los precios internacionales de los commodities y en particular de la soja y el incremento de la demanda interna y especialmente del consumo hecho posible por los cambios en la relación salarial crearon un clima de abundancia y benefició particularmente a los grandes productores-exportadores agropecuarios.
18De allí la justificación de la adopción de un esquema de facto de tipos de cambios efectivos múltiples a nivel sectorial, que se aplica por medio de elevada retenciones sobre un grupo de productos agropecuarios. Esta política tiene antecedentes, pero ha generado fuertes conflictos en 2008 con las grandes empresas agropecuarias y sus organizaciones, que ante la reducción de sus ingresos invocaban la libertad económica y el derecho de propiedad. La conjunción de retenciones a las exportaciones de productos primarios, las compensaciones y los acuerdos de precios aplicados desde 2002 se adoptaron para frenar la inflación, implicaron una apropiación y redistribución del ingreso proveniente de sectores y ramas de actividad donde se generan rentas extraordinarias con un elevado impacto sobre los precios de la canasta básica de consumo.
19Desde 2002 se inició un proceso de reformas laborales que procuró reparar los numerosos cambios negativos operados durante el régimen de convertibilidad que, como se ha mencionado, habían buscado la flexibilización de la relación salarial y la reducción de los costos laborales directos e indirectos, como condición para que funcionara dicho régimen. La iniciativa para ese proceso no fue siempre del Congreso, pues quedó en manos del Poder Ejecutivo (que presentó proyectos a las Cámaras de Diputados y Senadores) y de la Corte Suprema de Justicia que, a través de sus fallos, declaró inconstitucionales varios artículos de leyes flexibilizadoras sobre las que se había apoyado el régimen de la convertibilidad.
20Se introdujeron reformas específicas pro-operario de derecho individual y colectivo de trabajo, reduciendo el ámbito de los CDD y demás formas de trabajo precario, dando marcha atrás con las normas flexibilizadoras, amparando el derecho de huelga en los servicios públicos, fortaleciendo la presencia de las organizaciones sindicales a nivel de los establecimientos con lo cual aumentó sensiblemente la tasa de sindicalización y el poder de dichas organizaciones, pero aumentando al mismo tiempo la heterogeneidad. Estas se fueron reagrupando según la relación con el gobierno y los partidos de la oposición, configurando tres fracciones peronistas dentro de la CGT (central mayoritaria) y dos dentro de la CTA (de orientaron progresista y socialdemócrata, una de ellas próxima al partido gobernante) pero que todavía no ha obtenido su pleno reconocimiento legal por parte del Ministerio de Trabajo.
21Un análisis detallado de los numerosos y positivos cambios legislativos puede consultarse en Berasueta, Biafore, Neffa y Whalbert (2010).
22Por otra parte, desde la emergencia del nuevo régimen de acumulación, el MTEySS adoptó una política activa para estimular la negociación colectiva, que había quedado relegada total o parcialmente, a partir del golpe militar de 1976.
Gráfico Nº 1
23El Gráfico Nº 1 muestra el fuerte crecimiento de las negociaciones colectivas que tuvo lugar desde 2004 y que incrementó el número de los asalariados cubiertos por dicha institución que accedieron a sus beneficios. Pero se mantuvo la tendencia precedente en cuanto al crecimiento del número y de la proporción de los convenios o acuerdos firmados a nivel de las empresas para tener en cuenta las condiciones específicas de las grandes unidades de producción. Aun así el número de los beneficiarios de los convenios firmados a nivel de sector y de rama de actividad fueron siempre muy superiores.
24Un papel importante en cuanto al cambio de la relación salarial cumplieron los grandes programas de empleo, políticas activas que llevó a cabo el MTEySS desde 2002, contando con la cooperación técnica internacional,
- El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados comenzó a ejecutarse en 2002, llegó a contar 2.000.000 de beneficiarios, pero desde que se crea el Plan Familias se trató de estimular hacia este la tranasferencia de las mujeres con hijos a cargo. Ambos programas han visto disminuir fuertemente el número de sus beneficiarios porque la instauración de la AUH implicó desde 2009 la incorporación de la inmensa mayoría de aquellos beneficiarios.
- El Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) es una política activa de empleo que establece una suerte de contrato con los desocupados, para que busquen activamente empleo y que aumenten su empleabilidad por medio de la formación profesional.
-El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es una politica focalizada en los jóvenes, haciendo un seguimiento directo, donde el pago de los beneficios está condicionado a la iniciación o continuacion de la escolaridad a varios niveles, asistiéndolos luego para la búsqueda de empleos.
- El Programa de Empleo Comunitario (PEC) es la continuación de una politica adoptada durante la decada pasada y que conssiste en la participacion de los desocupados en actividades de utilidad social, basicamente la construcción, refacción y mantenimiento de edificios con fines sociales en los Municipios.
-El Programa de desarrollo del empleo local que consiste en la realizacion de trabajos temporarios en el sector de la construccion de obras públicas a nivel municipal y local, contando con el apoyo del Ministerio de Planificacion e Infraestructura para disponer de materiales y herramientas.
-El Seguro por desempleo que había sido instituido por la Ley Nacional de Empleo de 1992, no cumplió un papel determinante, pues debido a las condiciones requeridas para acceder al beneficios, solo un 5-8% de los desocupados pudieron beneficiarse, percibiendo una suma modesta durante un periodo de tiempo limitado. El mismo brinda la posibilidad de obtener un pago único, que abarca el periodo de hasta un año normalmente, con el cual el desocupado puede llevar a cabo un microemprendimieto o hacer un aporte de capital para pasar a formar parte de una pequeña empresa. Pero el número de las solicitudes fue escaso.
-El Plan de Regularización del Trabajo consiste en una serie de actividades de inspección que se llevaron a cabo en todas las provincias, en coordinación con la AFIP y la ANSES, para efectuar visitas a empresas y evaluar si todo el personal está registrado como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo y si se hacen los aportes al sistema de seguridad social. Sus resultados han sido positivos, pero hasta la fecha no ha logrado eliminar totalmente el trabajo no registrado.
-El Plan de Recuperación productiva (Repro) consiste en un aporte de hasta 600 pesos mensuales por trabajador durante un periodo a determinar, de aproximadamente 6 meses, a condicion de que la empresa mantenga el puesto de trabajo y pague el resto hasta cubrir en su totalidad el salario correspondiente al puesto del convenio colectivo de trabajo.
25Finalmente, la Secretaria de Empleo del MTEySS ha llevado a cabo la instalación de aproximadamente 350 oficinas municipales de empleo, estableciendo convenios con los municipios ofreciendo equipamiento informático, software para la búsqueda de empleo por intermet, y la asistencia técnica temporaria de personal especializado para entrenar al personal municipal. Esas oficinas concentraron su aención en la implementacion de las politicas activas de empleo.
26Es a partir de la sanción de la Ley Nacional de empleo en 1992, y en virtud de sus dispositivos, que comienzan a adoptarse políticas y programas sociales y de empleo a nivel nacional y provincial. La magnitud de dichos beneficiarios tuvo una gran importancia en la contabilidad de las tasas de empleo y de desempleo. La mayoría de los beneficiarios de las políticas sociales y de empleo reciben el subsidio proveniente de la Nación y solo el 25% está atendido por las provincias, donde cuatro de ellas sobre 24, son las únicas donde la mayoría de los beneficiarios reciben el subsidio financiado con el presupuesto provincial.
27El grafico Nº 2 muestra, para cada provincia en el año 2007, la cantidad de beneficiarios de los programas de empleo nacionales (especialmente el PJyJHD) y provinciales, sobresaliendo netamente la Provincia de Buenos Aires. Su número supera ampliamente lo ejecutado durante la convertibilidad.
Gráfico Nº 2
Beneficiarios de programas de empleo nacionales (PJyJHD) y provinciales, año 2007.
28Durante la vigencia del nuevo régimen de acumulación se pudo constatar, en las provincias menos desarrolladas, la importancia del porcentaje de los beneficiarios de las políticas de empleo con respecto a la PEA (Cf. Gráfico Nº 3)
Gráfico Nº 3
Importancia relativa de los beneficiaros de programas de empleo nacionales (PJyJHD) y provinciales sobre la ocupación en las provincias, año 2007
29Como se observa gráficamente, luego de la mega-devaluación de comienzos de 2002 y la brutal caída de los salarios reales, comenzó un proceso real lento, pero progresivo, de mejoramiento de los salarios reales en pesos respecto del último trimestre de 2001. Existen diferencias en cuanto a la magnitud de ese proceso según cual sea el índice de precios utilizado: el del INDEC para la región del GBA (cuya metodología cambió desde inicios de 2007 y es cuestionada porque busca esconder el impacto inflacionario), y por otra parte los índices elaborados por el Instituto de Estadísticas de una provincia (San Luis), o un promedio simple de índices de otras cinco o siete provincias que no modificaron su metodología captan mejor ese fenómeno a nivel local pero con muchas limitaciones para extrapolar a escala del país. Argentina constituye también en este plano un caso especial, pues dispone de buenos estadísticos pero en cuanto a la inflación hay varios índices, uno de ellos oficial, pero todos cuestionados.
30La mencionada evolución de los salarios reales se produce de manera diferenciada según las tres modalidades de relación salarial que se consolidaron durante la convertibilidad: empleo privado registrado (EPR), privado no registrado (EPnR) y empleo en el sector público (ESP). Utilizando tanto los índices del INDEC para el GBA como los índices alternativos, se observa en todos los casos que hubo mejoras del salario real luego del abandono de la convertibilidad. El salario real promedio EPR superó en 2006 el nivel de fines de 2001 y luego se ameseta por el impacto inflacionario y la crisis internacional de 2009. El del EPnR recupera en 2008 el valor de fines de 2001 pero luego se estabiliza en ese nivel. Por su parte el de los empleados públicos creció pero está en 2011 aún casi un 20% por debajo del valor inicial. A título de comparación, el nivel promedio de los salarios en dólares en 2009 era todavía un 15% inferior al reportado en diciembre 2001.
31El incremento de la producción y de las exportaciones de bienes y de servicios que se desarrolló desde fines de 2002 aprovechó la capacidad productiva ociosa, los bajos salarios estimados en dólares y la reanudación del proceso de ISI basado en el TCRC y generó una fuerte demanda de fuerza de trabajo, que permitió en poco tiempo reducir drásticamente el desempleo y el subempleo, tanto registrado como no registrado, y eso contribuyó al aumento lento pero progresivo de los salarios reales, cuyo nivel había caído fuertemente luego de la devaluación y la pesificación. El aumento de la parte de los asalariados en la distribución funcional del ingreso no ocurrió tanto debido al incremento salarial, sino sobre todo por el aumento del volumen del empleo y consiguientemente de la masa salarial Pero la inflación que se ha incrementado desde 2005 fue disminuyendo la competitividad de las exportaciones industriales vía precios. Dada la concentración económica, los precios aumentan en sectores protegidos o monopólicos formadores de precios, y pesan sobre la tasa de rentabilidad de las ramas de actividad que compiten con las importaciones.
32Una de las restricciones que tuvo que enfrentar tradicionalmente el régimen de crecimiento de la economía argentina es que el incremento del poder adquisitivo de los asalariados y su incidencia en los costos no debería erosionar la ya baja competitividad del conjunto del sector industrial. De acá la importancia histórica de las devaluaciones para equilibrar las cuentas externas; por lo general éstas han mejorado la competitividad-precio pero han originado al mismo tiempo inflación con un profundo deterioro en el salario real.
33En contrapartida, las devaluaciones aumentan la rentabilidad de los sectores exportadores (predominantemente del sector primario), dando lugar a los conocidos ciclos de “stop and go” que en el pasado impactaron sobre la economía argentina. Pero las políticas macroeconómicas adoptadas durante el nuevo régimen de acumulación impidieron la repetición de las crisis hiperinflacionarias y de balanza de pagos.
Cuadro Nº 1
Variación entre último trimestre 2001 y último trimestre 2009 de la remuneración de diversos sectores de asalariados en términos nominales reales (según distintos cálculos de inflación y en dólares).
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Direcciones de estadística provinciales de San Luis, La Pampa, Misiones, Chubut, Entre Ríos y Neuquén, y BCRA.
34Este cuadro resumen Nº 1 muestra la evolución de los salarios reales ocurrida entre el último trimestre de 2001 (cuando aún estaba vigente el régimen de convertibilidad) y el ultimo trimestre de 2009, cuando ya la inflación anual era considerable.
35En el gráfico siguiente Nº 4 se puede observar la diferente evolución en cuanto al salario real de las tres modalidades de relación salarial, según el índice de precios que se utilice. En síntesis, se recuperaron mas rápidamente los salarios reales del sector privado registrado que los del sector privado no registrado, siendo el sector del empleo público el que quedó mas retrasado.
Grafico Nº 4
36Ese gráfico brinda una visión de conjunto de la evolución de los salarios reales, según el Indice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC para el GBA y el promedio simple de los Indices de 5 provincias. En primer lugar se nota la brutal caída del salario real provocada por la mega-devaluación de 2002 y su lenta recuperación. En segundo lugar se pone en evidencia el impacto de la inflación desde 2007 (cuando el salario del sector privado registrado alcanza el nivel del último trimestre de 2001) que frena el crecimiento de los salarios reales. En tercer lugar se puede observar que la brecha entre los índices se genera y se intensifica a partir del año 2007, cuando se modifica la metodología del INDEC para el GBA. La misma es cuestionada por investigadores y especialistas porque reduce sensiblemente el impacto de la inflación, lo cual tiene implicancias para la estimación oficial de las tasas de pobreza y de indigencia (reduciéndolas) así como de los salarios reales de las tres categorías de la relación salarial (aumentándolos). Si el mismo cálculo del salario se hace con el equivalente en dólares al tipo de cambio oficial según el BCRA, resulta que sólo el salario privado registrado logró en 2008 superar el nivel previo al colapso de la convertibilidad, quedando las otras dos categorías muy por debajo.
37Pero el efecto positivo de las políticas post convertibilidad es aún más notable para el caso del salario mínimo vital y móvil (SMVM), que por ley y a pesar de la inflación, había permanecido fijo en 200 pesos desde 1991 y hasta 2003. Su crecimiento desde 2002 fue escalonado y superior a la inflación, cualquiera sea su medición. Las decisiones se tomaron primero por Decreto del MTEySS y luego se restableció el proceso de negociación tripartito, en el “Consejo Nacional del Salario Mínimo, la Productividad y el Empleo”, presidido por el MTEySS que cumplió un papel de árbitro, pero acercándose a las propuestas de las centrales sindicales.
38A fines de 2009, deflactado por el promedio del IPC-GBA y del IPC de 7 provincias que no modificaron su metodología, el poder adquisitivo del SMVM se ha incrementado un 251% en relación a diciembre de 2001 y un 362% respecto de mayo de 2003 constituyendo un piso para las jornadas de 8 horas de trabajo registrado y para la negociación colectiva, tanto a nivel del sector o rama de actividad como de la empresa y del establecimiento. Por su parte, el SMVM estimado en dólares también ha crecido de manera sustancial, un 89% con respecto al nivel observado en diciembre de 2001,
Gráfico Nº 5
Evolución del Salario Mínimo Legal (2001-2009)
39La distribución funcional del ingreso muestra el fuerte impacto de las crisis y de la devaluación y que solo desde 2003 comenzó a recuperarse la parte de los asalariados en el ingreso nacional, básicamente como consecuencia del aumento del volumen de empleo asalariado en sus tres categorías y del creciente número de beneficiarios de las políticas sociales, más que por el incremento de los salarios reales. La proporción sigue creciendo, pero hasta 2008 ese porcentaje es aún inferior al más elevado alcanzado durante el régimen de convertibilidad.
Grafico Nº 6
Distribución del Valor Agregado Bruto (VAB)
40Cabe recordar que en 1954 (durante el segundo gobierno justicialista) la proporción era aproximadamente de 52% para RTA (remuneración del trabajo asalariado) y 48% como excedente bruto de explotación (EBE).
41Se redujo la desigualdad promedio de los ingresos de los hogares más pobres y más ricos.Según las informaciones proporcionadas por el INDEC a comienzos de 2011, el 10% de los hogares más ricos del país concentra el 28,7% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre llega apenas al 1,8% del ingreso total. Por otra parte, el ingreso promedio en el 10% de los hogares que más perciben llega a los 12.458 pesos, mientras que en el decil inferior, la suma es de 777 pesos. Esa relación muestra que los ingresos en el 10 por ciento de los hogares más ricos es 16 veces más que en los que están en la base inferior de la escala.
42La disminución de las diferencias contrasta con lo sucedido durante la convertibilidad y se explica esencialmente por las políticas sociales y de seguridad social.
43Barbeito, A. y R. Lo Vuolo (2002), analizan la dramática situación de un elevado porcentaje de familias e individuos con respecto a la pobreza y la indigencia durante la convertibilidad. Pero como un efecto de arrastre, en 2003 y 2004 la pobreza e indigencia alcanzaron los máximos índices de la historia, para comenzar a disminuir rápidamente desde entonces. La magnitud de esa mejora es difícil de estimar debido al proceso inflacionario acelerado desde 2006 y a los problemas de medición ya mencionados al cambiar la metodología el INDEC. Pero sin dudas la situación ha mejorado sensiblemente desde 2005 por el impacto de políticas de empleo y sociales que se mencionan en las siguientes secciones.
44En relación a los ingresos de los sectores más vulnerables de la población (desocupados, trabajadores no registrados e informales, ancianos sin los requisitos para jubilarse, niños, mujeres jefas de hogar y familias numerosas), el nuevo modelo de desarrollo incluyó un conjunto de políticas sociales destinadas a mejorar la cobertura y la profundidad de la política social y asistencial pre-existente. Las cifras siguientes corresponden al año 2010.
45- El Plan de Seguridad Alimentaria que continúa, consiste en la provisión de bolsas con alimentos que mejoró la capacidad de subsistencia de 1.683.651 hogares indigentes.
46- La transferencia de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (cada familia recibía en total 150 pesos por mes) al Plan Nacional Familias que incrementaba el beneficio, porque tomaba en cuenta la dimensión de las familias, aumentó el monto de la prestación del Ministerio de Desarrollo Social para 574.000 familias hasta fines de 2009.
47- Las reformas del sistema provisional. El mismo había sido parcialmente privatizado al crearse las AFJP en 1994 –generando un déficit fiscal durante la vigencia del régimen de convertibilidad- y fue objeto de varias reformas parciales tratando de eliminar los dispositivos que perjudicaban a los que hacían aportes al sistema (por las altas comisiones cobradas, y el uso especulativo de esos fondos por parte de la AFJP) pues los aportantes no tenían la posibilidad de controlar de manera directa el uso de los mismos y los resultados obtenidos. El sistema finalmente se re-estatizó a mediados de 2009, mediante una Ley que obtuvo una amplia mayoría en el Congreso dando por finalizado el régimen privado de capitalización y volviendo todos los aportantes al régimen público de reparto.
48- Cuando tuvo vigencia la convertibilidad, el monto de las jubilaciones no se incrementó acompañando el proceso inflacionario pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba la actualización periódica no se cumplió. Durante la post-convertibilidad otro fallo “Badaro”, ordenó en la década pasada recomponer las jubilaciones del período 2002-2006 con un incremento de 86%. Como hasta el presente el Gobierno no dio una solución global a esa situación debido al impacto que generaría sobre los recursos del ANSES, miles de jubilados iniciaron juicios para acceder a lo que entienden les corresponde sin éxito. En 2010 Congreso aprobó por escaso margen la Ley que establecía el 82% móvil para todas las jubilaciones, norma que fue de inmediato vetado por la Presidenta para evitar un desequilibro entre ingresos y gastos. En contrapartida se otorgaron por Decreto aumentos del monto mínimo de las pensiones y jubilaciones –que habían estado inmóvil durante varios años a pesar de la inflación-, y desde entonces se estableció por ley una actualización periódica que tiene lugar cada seis meses, tomando en cuenta la evolución de la recaudación provisional y la del salario de los trabajadores en actividad.
49- El Plan REPRO, dispuso que los empresarios que lo soliciten reciben de parte del MTEySS un monto de 600 pesos mensuales durante tres a seis meses, como compensación por cada puesto de trabajo registrado que mantienen en lugar de despedir (esta política ya involucró a más de 100.000 asalariados), beneficio que, en porcentajes sobre el total, más aprovecharon las ETN y GGEN que las PyMES donde está concentrado el trabajo no registrado.
50- EL Plan de Ingreso Social con Trabajo, (llamado mas frecuentemente Argentina Trabaja) creado por un decreto de agosto 2009, preveía un presupuesto inicial (luego superado) de 1.500 millones de pesos para generar 100.000 nuevos puestos en cooperativas de trabajo localizadas primeramente en barrios, villas, comunidades, y aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social, dando prioridad al conurbano bonaerense. El Ministerio de Planificación e Infraestructura Social hace los aportes para comprar los insumos, herramientas de trabajo, dispositivos de seguridad, ropa de trabajo, etc. Se prevé la intervención de los Ministerios de Trabajo y de Salud, siendo auditado por la Universidad Tecnológica Nacional. Sus miembros (en promedio inferior a la centena por cada Cooperativa) tendrían un status similar al de los asalariados, percibirían una suma neto fija de 1200 pesos. Sus miembros adherirían al monotributo social haciendo los aportes válidos para la jubilación con lo cual también tendrían acceso a la protección social en materia de salud. Sus tareas están bajo la tutela de las autoridades municipales quienes programan sus actividades de manera muy flexible sorteando obstáculos burocráticos.
51- En 2009, el otorgamiento de un número adicional de Pensiones asistenciales (que incluyen pensiones a la vejez, por invalidez y para madres de 7 o más hijos) ya había beneficiado a 686.296 nuevos titulares de ese derecho.
52- Se instauró un sistema de jubilaciones y pensiones no contributivas otorgadas a personas que no reunían los años de aportes ni todas las condiciones establecidas en la legislación porque habían estado inactivos o desocupados o habían trabajado en empleos no registrados. A comienzos del 2010 esta política ya había beneficiado a casi 2.300.000 de personas –y su número seguía creciendo-. Este beneficio mejoró sensiblemente las condiciones de vida de esa población permitiendo que accedieron al consumo con sus propios recursos. La cantidad total de beneficiarios del sistema jubilatorio creció fuertemente, y pasó así a ser de 5.600.000 aproximadamente en 2010. Entre 2002 y 2010 el haber mínimo jubilatorio se incrementó en 497% muy por encima de la inflación. De esa manera se incrementó fuertemente la tasa de cobertura del sistema previsional, que pasó del 49% hacia fines de la Convertibilidad a más del 85% en 2009 (Neffa y Panigo, 2009). El gasto público en seguridad social paso de 5,6% del PBI en 2005 al 9,1% en 2010.
53La medida social más trascendental -que había sido propuesta sin éxito durante muchos años por varios movimientos sociales, la CTA y partidos políticos de la oposición-, fue una “asignación universal por hijo” (AUH), financiada por la ANSES con fondos contributivos y no contributivos. El gobierno revisó así su postura negativa anterior que juzgaba contradictoria la coexistencia de la promoción del trabajo decente y las políticas sociales quasi universales porque consideraba que éstas iban contra la cultura del trabajo. Un Decreto instituyó un subsistema no contributivo en el marco de la ley 24.714, la cual ya establecía las asignaciones familiares para trabajadores registrados pero que son financiadas por contribuciones patronales. El decreto oficial definió como beneficiarios a los hijos menores de 18 años, de los desocupados, trabajadores con empleos no registrados que ganan menos que el salario mínimo y a los monotributistas sociales que no perciben asignaciones familiares. En el inicio, quedaron exceptuados por el Decreto los trabajadores informales que cobren una remuneración superior al salario mínimo, los hijos de las trabajadoras domésticas registradas y de los que cursaban estudios en colegios privados. En el caso de los menores de cinco años, para solicitar la AUH los padres tenían que presentar los certificados de vacunación y control sanitario obligatorio; para los que superen esa edad, el progenitor debía mostrar la documentación que acredite que su hijo está cursando el ciclo lectivo correspondiente en una escuela pública. Hasta 2011 también quedaban todavía afuera los hijos de los beneficiarios de los planes sociales, trabajadores temporarios formalizados y monotributistas. De los 180 pesos mensuales por hijo, se le pagan directamente 144 pesos a sus padres y los 36 pesos restantes serían percibidos más adelante. Por hijo discapacitatado le corresponden 720 pesos. Entonces, la asignación total que percibirá una familia que tuviera un hijo menor discapacitado y 4 menores de 18 años es de $ 1.440. Es decir un ingreso adicional considerable cercano al salario mínimo. Se estima que a comienzos de 2010 el beneficio ya cubría unos 3.500.000 de niños y jóvenes que antes no los percibían y la cantidad podría incrementarse una vez que se regularice el sistema de otorgamiento de los Documentos Nacionales de Identidad. Quienes acceden a este beneficio tienen incompatibilidad con el cobro de cualquier otro.
54Los impactos de la AUH fueron considerables a pesar de que comenzó a aplicarse a fines de 2009. Redujo en el corto plazo los índices nacionales de indigencia y en menor medida de la pobreza sobre todo en las provincias menos desarrolladas, así como la brecha entre los ingresos promedio de los deciles extremos. También hizo disminuir las desigualdades, con todo lo que ello implica sobre la condiciones de vida de esos niños y jóvenes. Con anterioridad, muchos de esos niños y jóvenes para alimentarse debían concurrir a los comedores infantiles fuera del hogar, organizados por los movimientos sociales y ONG. Tiene también un efecto positivo en términos de género, pues el dinero se transfiere preferentemente a las mujeres. La contraprestación permite mejorar la asistencia al sistema educativo y de salud de los niños de los sectores más castigados, atacando las causas (déficit nutricionales, baja escolaridad) que reproducen la pobreza. Como resultado no previsto en su momento, la matrícula escolar se incrementó fuertemente en el segundo semestre 2010, así como la concurrencia a las instituciones de salud. La AUH también va a impactar sobre dos planes sociales de gran envergadura ya mencionados, absorviéndolos. A comienzos del 2010, en el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (creado en 2002) permanecían todavía unas 432.000 personas y en el Plan Familias (Creado en 2005) 659.000. La implementación de la AUH va a modificar rápidamente esas magnitudes hacia abajo porque como es lógico se estableció una incompatibilidad para la acumulación de los beneficios y el monto del beneficio de la AUH es mayor que los mencionados.
55Las tasas de actividad promedio del conjunto de los aglomerados urbanos, que habian descendido desde su inicio en 1974 y hasta 1983, comenzaron a subir desde entonces debido esencialmente al incremento de las tasas de actividad de las mujeres, pero con variaciones. Un salto importante se produce en 2003, cuando se cambia la metodologia de la EPH, pues se incorporaron nuevas categorías de la población a la PEA. Por esas causas, desde 2003, se observa un salto, pero luego un amesetamiento, de dicha tasa a un nivel más elevado que en los periodos precedenes. Se observan claramente por una parte, hasta 2002 una tendencia declinante de la tasa de empleo desde el inicio de la serie, y por otra parte que durante la convertibilidad dicha tasa experimentó dos ciclos, el segundo de los cuales tuvo un carácter recesivo, 1998-2002, luego de lo cual la tasa de empleo crece rápidamente. En un primer momento eso se explica por la contabilización de los beneficiarios de los planes sociales y de empleo entre los ocupados pero a partir de 2005 la causa es directamente el impacto del crecimiento del PIB (Gráfico Nº 7).
56La brecha entre ambas curvas, que representa el desempleo, se incrementa fuertemente desde mediados de la década de los años 80, alcanzando su máximo en mayo de 2002 y luego comienza a disminuir, estabilizándose a partir de 2005.Pero la dinámica especifica de los mercados de trabajos en los grandes aglomerados urbanos del país presenta gran diversidad, como puede observarse a partir de los agrupamientos por regiones geográficas que estableció el Miniserio de Economía y Finanzas Públicas.
Gráfico Nº 7
Tasas de actividad (arriba) y tasas de empleo (abajo). Total de aglomerados. Periodo 1974-2000.
Fuente: EPH del INDEC.
57Durante la convertibilidad, la tasa de desempleo muestra una tendencia creciente, con dos picos marcados uno debido al impacto de la crisis mexicana y el otro a la recesión (1998-2002). Desde mediados de 2003, la tasa de desempleo comienza a disminuir rápidamente por las causas antes evocadas. Entre puntas del período1991-2001, la tasa de desocupación promedio pasó de valores próximos al 6% de la PEA a más del 21,5%. La situación inversa se dio en el período post-devaluatorio en el que el desempleo se redujo de manera sostenida pasando del 21,5% en mayo de 2002 al 7,5% de la PEA a fines de 2010 descendiendo luego suavemente. La subocupación horaria –esto es la proporción de la PEA que está ocupada menos de 35 horas semanales- fue creciente durante el régimen de la convertibilidad. Luego de alcanzar un pico máximo en el período inmediato posterior a la devaluación del peso, la subocupación descendió abruptamente a lo largo del período de expansión económica (2003-2008). Entre el período inicial y final del régimen de la convertibilidad pasó del 9% al 20% de la PEA y descendió a niveles cercanos 8% a fines de 2010, variando poco desde entonces. (Gráfico Nº 8).
Gráfico Nº 8
- 1 Respecto de este indicador se cuenta con información desde 1995.
- 2 Traducidos a puntos de la tasa de empleo esto significa que en la actualidad los ocupados con jorna (...)
58Dentro de la subocupación, el componente demandante1 -que refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales de manera involuntaria, están dispuestos a trabajar y buscan activamente trabajo- pasó del 63% al 71% del total del subempleo entre 1995 y 2001, y luego de la crisis tendió a estabilizarse en torno al 70%, con un pequeño repunte en 2008-2009.2. Este último componente de la subocupación tiende a evolucionar de manera contracíclica.
59Por la composición de la muestra de la EPH, lo que sucede en el Gran Buenos Aires determina por su magnitud la evolución del promedio nacional. En el GBA la tasa de actividad a fines de 2009 supera el promedio nacional y alcanza el 48,8%, mientras que la Región del NEA es la que tiene una menor tasa de actividad. Igualmente, es en el Gran Buenos Aires donde se registra la mayor tasa de empleo, por encima del promedio nacional mientras que las regiones NOA y NEA quedan cada vez más rezagadas. Si se hace un análisis comparativo con ayuda del Cuadro Nº 2, se constata la desigualdad y la heterogeneidad: la región metropolitana (GBA) se ubica siempre en los mejores lugares de un ranking y en el otro extremo se ubica el NEA con bajos niveles de actividad, de desempleo y de subocupacion demandante, debido al escaso dinamismo de los mercados de trabajo de sus aglomerados. En ella se observa el impacto de la asignación de planes sociales desde 2002: después que se otorgaron crecieron las tasas de actividad y de empleo y lo contrario pasó cuando disminuyeron o cesaron.
60Pero a pesar de la reduccion global del desempleo y subempleo lograda por el impacto del nuevo régimen de acumulacion, la situación dentro de cada región no es homogénea pues internamente existe una gran diversidad en cuanto a los aglomerados urbanos que las componen.
Cuadro Nº 2
Niveles y ranking de los principales indicadores del mercado de trabajo en el agrupamiento de las seis regiones geográficas del país. Orden descendente. Indicadores Promedio para el período 2003-2009.
TA tasa de actividad, TE tasa de empleo TD tasa de desempleo,TS tasa de subempleo, TS tasa de subempleo demandante
|
TA
|
TE
|
TD
|
TS
|
TS-demanda
|
|
Tasa
|
Posición
|
Tasa
|
Posición
|
Tasa
|
Posición
|
Tasa
|
Posición
|
Tasa
|
Posición
|
Región Metropolitana
|
48,7
|
1º
|
43,1
|
1º
|
11,5
|
1º
|
12,7
|
1º
|
8,5
|
2º
|
Región Centro
|
45,6
|
2º
|
40,7
|
3º
|
10,8
|
2º
|
10,8
|
3º
|
7,9
|
4º
|
Región Patagonia
|
44,5
|
3º
|
41,4
|
2º
|
6,9
|
5º
|
5,5
|
6º
|
3,8
|
6º
|
Región Cuyo
|
43,0
|
4º
|
40,0
|
4º
|
7,1
|
4º
|
10,4
|
4º
|
8,1
|
3º
|
Región NOA
|
41,8
|
5º
|
37,3
|
5º
|
10,7
|
3º
|
11,6
|
2º
|
9,0
|
1º
|
Región NEA
|
37,0
|
6º
|
34,6
|
6º
|
6,3
|
6º
|
8,3
|
5º
|
6,0
|
5º
|
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua.
61Dentro de cada una de las regiones también predomina la heterogeneidad, pues existen importantes diferencias entre los aglomerados que las componen. El cuadro Nº 3 del Anexo, elaborado a partir de datos del SIPA, muestra la situación del empleo privado registrado (en términos absolutos y en porcentajes sobre el total nacional) por jurisdicción en las 24 provincias argentinas en 2009. Allí sobresale la importancia de la provincia de Buenos Aires, y la del GBA.
62A nivel nacional, la tasa de asalarización aumentó y en 2010 era de 76,1%, siendo la región Patagonia la que detenta los índices más elevados, pues es la que cuenta con mayor proporcion del empleo público del país (30%), y donde se constatan altos niveles de empleo privado registrado (EPR). Por su parte, la región metropolitana es donde se encuentra el mayor segmento del EPR asalariado (37,8%), lo cual coincide con la menor proporción de empleo publico sobre el total (11,8%).
Cuadro Nº 3.
Participación de los asalariados en el total del empleo, de los ocupados del sector público en el total del empleo y de los asalariados del sector privado registrado sobre el total empleo; y participación de los asalariados registrados (a quienes se efectúa el aporte jubilatorio) en el total de los asalariados. Se presentan datos promedio para el bienio 2008-2009. Porcentajes y rankings, para las regiones y el total país.
|
% Asalariados en el empleo
|
% Asalariados registrados en el tot. de asalariados
|
% de Asal. privados registrados en sobre el empleo total
|
|
%
|
Rank
|
%
|
Rank
|
%
|
Rank
|
Región Patagonia
|
80,5
|
1
|
77,4
|
1
|
34,6
|
2
|
Región Metropolitana
|
76,5
|
2
|
63,9
|
3
|
37,8
|
1
|
Región Cuyo
|
75,9
|
3
|
60,0
|
4
|
28,0
|
4
|
Región Centro
|
75,5
|
4
|
64,7
|
2
|
33,3
|
3
|
Región NEA
|
75,0
|
5
|
57,3
|
5
|
19,4
|
6
|
Región NOA
|
73,4
|
6
|
54,4
|
6
|
19,8
|
5
|
Total País
|
76,1
|
|
63,3
|
|
33,8
|
|
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua.
- 4 Desde el año 1994 y hasta diciembre de 2008, en Argentina existió un régimen previsional mixto (el (...)
- 5 La información de esta fuente se basa en los registros administrativos que surgen de las nóminas de (...)
63Existe una fuente importante de estadísticas sobre el empleo: el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) antiguamente SIJP4, que forma parte de uno de los subsistemas dentro del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).5 A diferencia de los datos procedentes de la EPH, la información del SIPA abarca a la totalidad de las provincias (y no sólo a los principales aglomerados urbanos) y la serie cuenta con periodicidad mensual. Como no están sujetas a errores muestrales, los datos de SIPA permiten una desagregación elevada de la información, de suma importancia sobre todo para el análisis sectorial detallado. La evolución del EPR muestra la existencia de grandes ciclos y tendencias, y el impacto de las crisis internacionales. En el Gráfico Nº 9 puede observarse en la zona grisada la evolución de las tasas de cada trimestre contra el mismo trimestre del año anterior y en la línea punteada la evolución de los puestos de trabajo registrados en números absolutos.
64Se observan así las fuentes variaciones interanuales, el impacto considerable de la recesión 1998-2002, el fuerte crecimiento desde mediados de 2002 y la tendencia a disminuir su crecimiento desde 2005 llegando a ser negativo a fines de 2009, año donde no hubo crecimiento. En números absolutos, sólo en 2003 se logra superar el stock de empleos privados registrados que se había alcanzado antes de la crisis del “tequila”; a partir de entonces crece rápidamente, pero se observa que incluso el número absoluto de puestos de trabajo registrados experimenta una disminución desde mediados de 2009 (Gráfico Nº 9). Pero es probable que desde 2010, con la reanudación del periodo de crecimiento elevado del PIB mejoren las tasas de variación interanual y vuelva a incrementarse el número absoluto de EPR.
Gráfico Nº 9
Puestos de trabajo del Sector privado registrado, según el SIPA. Evolución de largo plazo (1997-2009).
Fuente: MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), provisto por AFIP.
- 6 En todas las provincias del país, en el período postdevaluatorio, las empresas no sólo cubrieron lo (...)
65Según datos del SIPA, en la Argentina el empleo asalariado en el sector privado registrado (EPR) alcanza en el tercer trimestre de 2009 la cantidad de 5.756.899 puestos de trabajo. Este nivel representa en 2009 un 62% más de puestos de trabajo de los que se encontraban registrados al inicio de la serie en el tercer trimestre de 1996, lo que equivale aproximadamente a 2,2 millones puestos de trabajo registrados nuevos. En todas las regiones del país se advierten cuatro grandes ciclos, y si bien el incremento en los puestos de trabajo fue muy marcado, pero se observaron diferencias en la magnitud de esta evolución: la metropolitana y el NEA fueron las de menor crecimiento (55% entre 1996 y 2009), en una situación intermedia se ubicaron la región de Cuyo y la Central, con un 62% y un 66% de expansión, respectivamente. En cambio, el EPR en el NOA se expandió un 79% y en la Patagonia un 93%6.
66A partir de la informaciòn del SIPA se distinguen siete sectores principales que son agrupados en cuatro secciones; la Industria; la Construcción junto al suministro de Electricidad, gas y agua; la Agricultura, ganadería y pesca junto a la Minería y petróleo; y por último el Comercio y los Servicios. El cuadro Nº 3 del Anexo muestra la heterogeneidad de las estructuras del empleo privado registrado por provincias en el país e ilustra sobre la magnitud de puestos que son generados por cada provincia. Nuevamente, es determinante el peso de la Provincia de Buenos Aires y de la CABA, las que en conjunto proveen el 57,3% de los puestos del país.
67Por razones de espacio este análisis se va a limitar al sector industrial. El gráfico Nº 10 presenta la evolución del nivel de EPR en la industria y del PBI industrial sobre el total del país, con similares tendencias, identificándose el impacto de la crisis 1998-99. El gráfico Nº 11 muestra que, a pesar de ese crecimiento en términos absolutos, la participación de la industria sobre el PIB perdió importancia en términos relativos y más fuertemente en cuanto al EPR, pues pasó de representar cerca del 27% del total del EPR a poco más del 20%
Gráfico Nº 10
Evolución del nivel del EPR en la industria y del PBI industrial, total país, 1996-2009 en números absolutos.
Gráfico Nº 11
Evolución la participación relativa del empleo industrial en el EPR total y del PBI industrial en el PBI total, total país, 1996-2009
Fuente: elaboración propia en base a Cuentas Nacionales-INDEC y Observatorio de Empleo y dinámica Empresarial, DGEyEL, SPTyEL, MTEySS en base a SIPA
68Esta tendencia también se manifiesta, pero de manera diferenciada, según las regiones del país. Ello se observa en el grafico Nº 12 y estadísticamente en el cuadro Nº 4 comparando las puntas del periodo.
Cuadro Nº 4
Variación porcentual de la participación del empleo industrial en el EPR total entre 1996 y 2009 y ranking de variaciones por regiones, ordenadas de menor a mayor tasa de variación.
Variación %
|
Ranking
|
|
|
-18,8%
|
1
|
-20,5%
|
2
|
-22,2%
|
3
|
-22,7%
|
|
-25,7%
|
5
|
-27,4%
|
6
|
-32,2%
|
7
|
|
|
Fuente: MTEySS - Secretaría de Trabajo. Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)
Gráfico Nº 12
Evolución de la participación del empleo industrial en el EPR total, total país y regiones. 1996-2009.
Fuente: elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y dinámica Empresarial, DGEyEL, SPTyEL, MTEySS en base a SIPA
- 7 A continuación se ofrecerá un panorama sobre la importancia del empleo en el sector público naciona (...)
69Las cifras que se van a mencionar tienen un carácter aproximado, máxime cuando es insuficiente la información sobre el personal no permanente de la Administración Pública.
70Habida cuenta esas limitaciones, es posible estimar con prudencia la proporción del empleo público correspondiente a la jurisdicción nacional, provincial, y municipal, tal como queda reflejada en el Gráfico Nº 13. De manera general se puede afirmar que la mayoría de los cargos de empleo público se encuentran vinculados a la jurisdicción provincial (entre 60 y 63% según las fuentes), seguidos por los empleados públicos municipales (26%) y, finalmente, por los de la jurisdicción nacional (14%). Si se adiciona el personal de las Universidades Nacionales, se incrementa el volumen y la proporción de estos últimos.
Gráfico Nº 13
Distribución de los Cargos Públicos en la República Argentina según la Jurisdicción Administrativa, Año 2007 (sin contar el personal universitario)
71Incluyendo el personal de las Universidades Nacionales, los porcentajes son: empleos públicos nacionales 20%, provinciales 55% y municipales 25%.
Gráfico Nº 14
Total de Cargos Públicos Agrupados por Región de la Jurisdicción Provincial y de la Jurisdicción Nacional, según Datos de Presupuestos Provinciales y Nacional, Años 2007 y 2009.
72En términos absolutos, la Región GBA + Resto de la Provincia de Buenos Aires es la que registra los mayores niveles absolutos de empleados públicos provinciales y, por oposición, la región patagónica se encuentra entre las regiones que poseen un mayor proporción de empleados públicos nacionales y menor de empleados provinciales, debido en parte a que su escasa población está concentrada en ciudades medianas o grandes. Debido a que en la CABA tienen su sede la mayoría de los organismos públicos nacionales, es el único distrito en el que los cargos públicos nacionales (162.600; 57% del total de cargos públicos) superaban a los cargos de la propia administración del distrito (121.233; 43%).
73Desde el colapso del régimen de convertibilidad, el nuevo régimen promovió la creación sostenida del empleo público en sus tres dimensiones (nacional, provincial, municipal) aunque los nuevos empleos no siempre son asalariados y de planta permanente. De este gráfico se deduce que entre 2007 y 2009 continuó el incremento del total de empleados ene. sector, aumentando el gasto público.
74A pesar del fuerte crecimiento del PIB y del empleo total, el porcentaje de trabajadores asalariados no registrados según la EPH creció fuertemente hasta 2004 debido a la crisis; a partir de entonces comenzó a disminuir levemente y con variaciones.
75La gravedad de esta situación consiste en que esos trabajadores asalariados, que en 2010 eran aproximadamente el 35% del total, no cuentan con comprobantes válidos por sus remuneraciones, van a tener dificultades para acreditar los años de actividad en el momento de llegar a la edad jubilatoria, la atención de la salud de la familia no está cubierta por las obras sociales gestionadas por los sindicatos y no están protegidos contra los riesgos de las condiciones y medio ambiente de trabajo (Gráfico Nº 15).
Gráfico Nº 15
Asalariados sin descuento jubilatorio de población de 14 años y más
Total Aglomerados urbanos, En %
76La confrontación de los datos estadísticos relativos a los dos regimenes de acumulación muestran que se produjo un fuerte cambio en el contenido y el sentido las formas institucionales y muy particularmente en la relación salarial, objeto de este trabajo. Las mejoras son de gran magnitud. En el nuevo régimen la relación salarial no es propiamente la forma institucional dominante, pero es aquella que más se benefició del predominio de las formas moneda (TCRC) y Estado y de la situación de subordinación y dominación ejercidas por aquellas sobre las formas de la competencia y de la inserción internacional.
77a) Las reformas laborales permitieron revertir los cambios introducidos durante la convertibilidad en el derecho individual, colectivo y de la seguridad social dando marcha atrás en los procesos de flexibilización, precarización y reducción de los costos salariales a costa de los trabajadores. Otra innovación importante se constata en cuanto a la inspección del trabajo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Agencia Federal de Ingresos Públicos y la Agencia ANSES responsable del sistema de jubilaciones y pensiones actuaron muchas veces conjuntamente y en cooperación con las instancias provinciales para controlar la existencia de empleos no registrados, y de condiciones de trabajo indignas (próximas de relaciones de servidumbre) aplicando sanciones y multas.
78b) Mejoraron sensiblemente las tasas de actividad y de empleo, así como disminuyeron las tasas de desempleo y subempleo, en sus dos modalidades y se redujo el empleo no registrado, que continua siendo importante. Por otra parte desde 2003 a 2010 se generaron mas de 2,5 millones de empleos, la mayoría de los cuales fueron registrados. Pero se nota una reducción de ese dinamismo de mejoras al final de 2010. Otro cambio operado se verifica en el incremento del número y el porcentaje de los trabajadores no asalariados, “para-subordinados”, empleados sin estabilidad ni seguridad contratados en condiciones de precariedad (CDD, contratados por medio de agencias de servicios eventuales y de trabajo temporario, trabajando en días feriados y horarios irregulares, contratados que facturan sus servicios vendiendo su fuerza de trabajo como trabajadores autónomos o monotributistas, etc.)
79c) Los salarios reales de las tres categorías de la relación salarial (EPR, EPnR y empleo público) que a causa de la devaluación pesimétrica habían sufrido una reducción de casi 75% comenzaron a recuperarse paulatinamente pero de manera heterogénea, en función de las instituciones y normas que las encuadraban. Si se utilizan índices de precios alternativos a los del INDEC para el GBA, el EPR logró alcanzar en 2008 el mimo nivel que a fines de 2001 previo a la devaluación y luego se estabilizó a ese nivel.. El empleo no registrado lo hizo más lentamente y no llegó a superar dicho nivel. El salario promedio de los empleados públicos alcanzo en 200 solamente el 75% del nivel inicial.
80d) La distribución funcional del ingreso que había sido regresiva durante la convertibilidad y los primeros años de la post-convertibilidad, comienza a revertir su tendencia suavemente desde 2005, sin que la remuneración de los asalariados iguale todavía el excedente bruto de explotación. Se puede avanzar la hipótesis que ese incremento de la masa salarial se debe esencialmente al aumento del empleo en sus diversas modalidades, mas que al incremento salarial.
81e) La cobertura del sistema de seguridad social fue ampliando progresivamente su universo de beneficiarios por diversos factores: los planes de regularización del empleo (a pesar de lo cual actualmente al 35% de los asalariados no se le hacen los aportes previsionales); el otorgamiento de mas de 3.000.000 de nuevas jubilaciones y pensiones, el incremento del monto de las asignaciones familiares; el mantenimiento de los planes y programas sociales; el nuevo Plan Argentina Trabaja basado en Cooperativas de Trabajo a nivel municipal, y fundamentalmente la AUH que brinda beneficios a las familias de trabajadores no registrados, con bajos salarios y desocupados en función del número de hijos que se estiman en 3.500.000 aproximadamente sujeto a ciertas condiciones (escolaridad y cuidado de la salud). Dentro de los nuevos beneficiarios se observa que la mayoría de perceptores son mujeres, con importantes consecuencias: reducción de la discriminación, revalorización de su papel de madres y esposas, aumento de la autoestima, mayor integración social y deseos de participación más activa en la vida política por medio de los movimientos sociales contestatarios.
82f) La brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población, que se había incrementado durante el régimen de la convertibilidad comenzó a reducirse sensiblemente por el impacto de las políticas sociales asignadas a nuevos beneficiarios.
83g) Se observa un cambio en las relaciones de trabajo. El incremento de las tasas y del número de empleos, el contexto institucional favorable a los intereses de los asalariados y las mejoras obtenidas, crearon las condiciones para aumentar las tasas de afiliación y consiguientemente el poder, prestigio y capacidad reivindicativa de los sindicatos, así como la cantidad y calidad de los servicios prestados por las obras sociales (esencialmente cuidado de la salud) para los trabajadores afiliados y sus familias. Esto se mencionó cuando se hizo referencia al incremento de los acuerdos y convenios colectivos de trabajo y a la cantidad e intensidad de los conflictos laborales. La nueva relación salarial fortaleció las organizaciones sindicales y la CGT conducida por una fracción de dirigentes próximos del partido gobernante se convirtió en un interlocutor demandante de mejoras laborales, que presiona sobre el gobierno con gran capacidad de movilización. Pero ese incremento de poder no creció de manera homogénea entre los sindicatos de los diversos sectores y ramas de actividad, debido a las diferentes tasas de crecimiento de la producción, la productividad y de rentabilidad así como por el grado de afinidad respecto del poder político.
84h) Tanto en materia de salarios directos e indirectos, como de la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo predomina una heterogeneidad sectorial, regional y provincial que es por lo general creciente. Es decir que a pesar de los pronunciamientos oficiales y si bien se observa un mejoramiento general de las condiciones y medio ambiente de trabajo y de vida del conjunto de la fuerza de trabajo, la lógica del nuevo régimen de acumulación no tuvo los mismos impactos sobre todos los sectores y ramas de actividad y eso dificulta la búsqueda de la igualdad y la equidad.
85i) Como una reflexión de síntesis, la evolución de la relación salarial en Argentina desde 2002 se diferencia sensiblemente de lo ocurrido en los países capitalistas industrializados y una parte de la explicación se encuentra en la naturaleza y el contenido del nuevo régimen de acumulación.
86Haciendo referencia a los conceptos regulacionistas formulados por Robert Boyer y Michel Freyssenet en “Los modelos productivos” (2001) no es fácil encuadrar el nuevo régimen de acumulación argentino comparando con la experiencia de los países capitalistas industrializados. Veamos primero los modelos productivos que creemos no se verifican y luego formularemos una descripción de los modelos productivos que resultaron de la trayectoria nacional argentina.
87No es un modelo “fordista”, porque la mayoría de los asalariados no han logrado superar los ingresos reales vigentes al final del periodo de la convertibilidad, no reciben una participación de los beneficios de las empresas en función de su contribución al incremento de la productividad y por lo tanto no tienen acceso a todos los bienes de consumo durable que caracterizó históricamente al fordismo.
88Tampoco es un modelo arrastrado por la tasa de ganancia, debido a la heterogeneidad entre sectores y ramas de actividad, al elevado grado de concentración económica, al predominio de mercados oligopólicos y la reducida dimensión del mercado solvente que impide llevar a cabo una producción masiva generadora de economías de escala. Por otra parte las políticas públicas para fijar precios máximos, las elevadas tasas de interés, los crecientes controles de la AFIP sobre los ingresos declarados por las empresas, y sobre todo las retenciones a la exportación comenzaron a erosionar las tasas de ganancia desde mediados de la década pasada, al mismo tiempo que crecía la remuneración del trabajo asalariado.
89Si bien se ha generado un fuerte progreso en cuanto a la estructura organizacional y la dotación de recursos de los organismos de ciencia y técnica, no estamos frente a un modelo de sociedad del conocimiento, donde el crecimiento fuera arrastrado por el cambio científico, tecnológico y las innovaciones. Si bien el volumen de la inversión en I&D aumentó, el porcentaje del gasto en ciencia y técnica no llega a ser el 0,7% del PIB, y aproximadamente el 70% del total de la inversión esta a cargo del Estado porque la mayoría de los empresarios no tienen un gran dinamismo innovador y prefieren comprar licencias o pagar por el uso de patentes para usar nuevos procesos o fabricar nuevos productos, antes que invertir para generar innovaciones
90No se está frente a un modelo donde predomine un mercado competitivo en una economía abierta, debido al peso de los oligopolios y a los problemas generados por la baja productividad y las dificultades para lograr elevados estándares de calidad que reducen la capacidad exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado. Para hacer frente a la competencia internacional se recurre frecuentemente al cierre parcial y temporario de las fronteras aduaneras, al establecimiento de cupos y, como ocurrió durante la convertibilidad, tratar de ser competitivos vía precios, basándose en el bajo costo del factor más flexible: el trabajo.
91No se trata de un modelo arrastrado por la inversión extranjera directa. El proceso que dio lugar al default y las magnitudes de la quita que caracterizaron la renegociación de la deuda generaron reticencias por parte de los inversionistas extranjeros. La deuda impaga con el Club de Paris, del cual forman parte los principales países industrializados, constituye un freno para el otorgamiento de créditos por parte de esos países. Por otra parte, el mayor papel regulador jugado por el Estado después de la convertibilidad, las retenciones sobre las exportaciones de ciertos productos, las restricciones a la exportación de productos que forman parte de la canasta familiar y la fijación de precios máximos son vistos como trabas para incrementar las tasas de ganancia y en consecuencia desalientan la inversión.
92A diferencia de México y de Brasil, la penetración de los modelos japoneses y del toyotismo en particular es todavía incipiente, parcial y quedó limitado a grandes empresas en un número limitado de ramas de actividad. Pero el comportamiento empresarial argentino no está atraído por el toyotismo porque es reacio a las nuevas formas de organización del trabajo diferentes del taylorismo (extrema división social y técnica del trabajo), a la búsqueda de una cooperación informal dentro del taller entre la gerencia, los supervisores y los trabajadores, al trabajo en equipos con trabajadores polivalentes, a garantizar la estabilidad en el empleo de tipo vitalicio, a invertir recursos en la educación permanente de sus asalariados, y a reconocer el saber productivo de los trabajadores que se manifiesta en el funcionamiento de los círculos de calidad.
93¿La industrialización sustitutiva de importaciones (ISI)? A pesar de haber atravesado varias fases y etapas el sector industrial todavía es desarticulado, con una estructura productiva muy heterogénea que desde la instauración de las políticas neoliberales por decisión de la dictadura militar en 1976 no logró la consolidación de la incipiente industria de bienes de capital y de bienes intermedios dotados de alta tecnología. Las bajas tasas de inversión directamente productiva para el sector, las altas tasas de interés y las exigencias en materia de garantías incitan a buscar una competitividad vía precios, que implica tratar de reducir los costos salariales con lo cual pierden vigencia los “salarios de eficiencia” para involucrar a los asalariados en la marcha de la empresa. Pero hasta el presente y salvo ciertas ramas de actividad con empresas que se sitúan en la frontera tecnológica, la industria nacional es poco competitiva en términos de precios, calidad y productividad, debido a que la TCRC constituye una coraza protectora que, sin una agresiva política industrial, puede frenar la inversión y la introducción de innovaciones. Pero la baja productividad contribuye a aumentar el empleo si aumenta la producción y a fortalecer los sindicatos.
94Las ventajas competitivas deberían buscarse por medio de políticas que pongan el acento en la novedad, amplia gama de variedades, mayor productividad, elevados stándares de calidad, cumplimiento de los plazos de entrega y asegurando un service eficiente.
95¿La generación y apropiación de la renta agraria extraordinaria? La elevada productividad del suelo, el clima templado favorable para las actividades agropecuarias, la intensa mecanización de la agricultura, el uso intensivo de agroquímicos y semillas orgánicamente modificadas, pero importadas, han dando como resultado un crecimiento sustancial de la superficie sembrada, de la productividad del suelo y de la producción. Esto ocurre en un contexto de crecimiento de la demanda mundial y de los precios que explica las elevadas tasas de ganancias. En consecuencia el sector se ha especializado en un número reducido de productos altamente rentables que emplean poca mano de obra. Por esa causa, el gobierno aplicó en diversos momentos de su historia retenciones sobre sus exportaciones, que durante la post convertibilidad se incrementaron sensiblemente. Las retenciones incrementaron los recursos extra-presupuestarios del Estado permitiendo el otorgamiento de subsidios a las empresas de servicios públicos para que mantengan reducidas sus tarifas, de compensaciones a empresas para que no eleven los precios, y financiar generosas políticas sociales que reducen la indigencia y estimulan el consumo.
96¿El incremento del gasto público? Los excedentes del comercio exterior y de las cuentas fiscales, además del impuesto al cheque y las retenciones a la exportación de ciertos productos muy demandados internacionalmente que son gestionados a escala nacional, así como las transferencias efectuadas desde el BCRA y la ANSES, permitieron al Estado destinar un monto elevado de recursos para estimular de manera directa o indirecta el consumo de los sectores de bajos ingresos que por su misma naturaleza tienen una elevada propensión a consumir, a otorgar créditos a bajas tasas de interés a un número reducido de empresas en dificultad para evitar su cierre y el despido del personal y a desarrollar una política social y educativa. El elevado porcentaje del gasto público con esas finalidades está en el origen de la reducción de la pobreza y de la indigencia. Pero la baja proporción del gasto publico destinado a inversión en infraestructura y su retraso en la aplicación, no ha permitido superar “cuellos de botella” en esos sectores cuya oferta de servicios ha resultado insuficiente para sostener las elevadas tasas de crecimiento del PIB desde 2003.
97Estos tres modelos productivos que no se articulan sino que se superponen dando lugar a un híbrido, constituyen los rasgos esenciales del nuevo régimen de acumulación y se diferencian sensiblemente de lo sucedido durante la convertibilidad, que atentó contra el desarrollo de un sector industrial integrado, desalentó las exportaciones y redujo el gasto público para disponer de recursos para el pago de la deuda. De manera directa o indirecta esos tres modelos productivos permitieron un sensible progreso de la relación salarial.
98Del desarrollo de las secciones precedentes surge que los principales problemas que pueden condicionar la viabilidad del nuevo régimen de acumulación, son los siguientes:
- Las bajas tasas internas de inversión directamente productiva debido a la elevada propensión al consumo y a las pautas del comportamiento empresarial.
- La débil inversión extranjera directa, se explica en parte por el default, las quejas de los bonistas que no aceptaron la quita y la deuda impaga con el Club de Paris, que generaron reticencias en los mercados de capitales.
- La escasez del crédito para inversiones directamente productiva, las elevadas tasas de interés real y las exigencias en materia de garantías, que impactan particularmente sobre las PYMES.
- La progresiva reducción del saldo del comercio exterior a pesar del crecimiento de las exportaciones, debido a que la composición de los productos industriales importados es difícilmente sustituible debido a la debilidad de los sectores nacionales de bienes de capital, bienes intermedios dotados de alta tecnología e insumos estratégicos.
- La reducción del excedente fiscal, debido a la fuerte evasión impositiva, la débil proporción del impuesto progresivo a las ganancias y al fuerte crecimiento del gasto público para cumplir las funciones antes mencionadas (financiar las políticas sociales y de seguridad social, subsidiar las tarifas de servicios públicos, compensar los bajos precios de los bienes de que componen la canasta familiar).
- La concentración de la producción en pocas grandes empresas, de tipo transnacional o donde predomina el capital extranjero y su comportamiento oligopólico que reduce la competencia y fija precios muy por encima de los costos, alimentando la inflación.
- Los problemas de insuficiencia y funcionamiento de la infraestructura (fruto en parte de las políticas de privatización de los años 90) constituyen límites para poder continuar con las elevadas tasas de crecimiento y generan mayores costos, escasez y el racionamiento de electricidad, petróleo y gas para las empresas y las familias en ciertos momentos del año.
- La tendencia a la reducción de la producción de hidrocarburos (en manos privadas hasta 2011) ha generado un importante déficit energético que provocó un aumento considerable de las importaciones desde 2011.
- El riesgo de volver a la reprimarización de la economía, estimulada por la creciente demanda y elevado precio de los comodities agropecuarios y de la materias primas, que conlleva un debilitamiento del peso relativo de la industria en el PBI y el empleo.
- La elevada inflación, no medida correctamente por el INDEC, que genera incertidumbre, estimula la remarcación de los precios y cuya acumulación debilita la competitividad e impacta sobre los salarios reales.
- Problemas de insuficiente calidad y bajas tasas de crecimiento de la productividad general de los factores, que reducen de manera generalizada la competitividad genuina, pero que no se verifica totalmente en las grandes empresas.
- La insuficiente calidad del sistema educativo público, la segmentación de la escolaridad según los ingresos de las familias y los bajos rendimientos promedio conspiran contra la oferta de fuerza de trabajo calificada.
- La débil cantidad de graduados de establecimientos de educación técnica y formación profesional y de la enseñanza universitario en las ingenierías, nuevas tecnologías, ciencias exactas y naturales y enbiotecnología, genera una demanda insatisfecha de fuerza de trabajo calificada.
- La inexistencia de un sistema nacional de innovación que coordine y articule eficazmente las actividades de las universidades y de los organismos de investigación científica y tecnológica entre si y con las unidades del sistema productivo.
- Hacia el final del periodo analizado se observa una apreciación del peso respecto del dólar debido a que el crecimiento de las tasas de inflación superan ampliamente desde 2007 a la evolucion de la tasa de cambio, poniendo en dificultad la competitividad internacional medida según los costos.
99Una hipótesis general que postulamos, es que una parte al menos de la explicación de la generación y permanencia de estas restricciones se debe buscar en: 1) la falta de un plan nacional de desarrollo con un modelo productivo viable donde el Estado proponga objetivos a mediano plazo, 2) la debilidad de una burguesía nacional innovadora en cuanto a los procesos y productos, que asigne prioridad a la industria de bienes de capital, actúe en función de intereses nacionales para lograr el aumento de la competitividad genuina de la economía estableciendo compromisos con las organizaciones sindicales, en base a concesiones negociadas 3) la heterogeneidad del sistema productivo nacional se refleja en la estructura del empleo, de los salarios y del movimiento sindical, que dificulta una acción coordinada para lograr un nivel participación institucional a nivel macro y la democracia económica a nivel de las empresas.
El autor agradece las críticas y valiosos comentarios aportados por dos referees anónimos a una primera versión de este capítulo.