Introducción

1El neoliberalismo, como doctrina de política económica y como prácticas de gobierno, promueve a ciegas el credo de que el bienestar humano solo puede garantizarse mediante la mercantilización y privatización de los bienes y servicios (DURAND LETICIA et al., 2019, p. 10). Las complejas relaciones vinculadas al trabajo humano, tanto rurales como urbanas, son confiadas a los mandatos económicos del mercado como único camino a la vista para responder a las urgencias cíclicas de inversión y lucro. Disponemos de suficientes evidencias, desde las ciencias humanas y económicas, sobre la aplicación del credo neoliberal en el funcionamiento de los gobiernos y sus efectos devastadores en las vidas humanas y no humanas (PERREAULT; MARTIN, 2005; LIVERMAN; VILAS, 2006; DURAND LETICIA et al., 2019, p. 10; HARVEY, 2005). La aplicación de las políticas neoliberales produjeron mutaciones históricas en la forma Estado, socavado sus compromisos en responsabilidad social, presionando por recortes presupuestarios y, ante todo, desatando presiones en la vida cotidiana, pretendiendo así esculpir un sujeto funcional a las políticas de privatización y precariedad, el « sujeto emprendedor » largado a su suerte en el oleaje de sálvese quien pueda (HARVEY, 2005, DURAND LETICIA et al., 2019, p. 10).

2Estas circunstancias hunden sus raíces en el control de las condiciones materiales, en el despliegue de fuerzas violentas, que han negado otras formas culturales de ser y habitar el mundo, lo que termina por dar impulso a experiencias de luchas colectivas por la conquista de estos derechos. En definitiva, los conflictos que se han sedimentado en la historia, permiten otorgarnos una perspectiva de profundidad en la que se percibe que la forma como el neoliberalismo se relaciona con los territorios indígenas amazónicos, no solo en cuanto ejercicio de poder, sino también como ideología, andamiaje estatal y repertorio normativo, es una actualización, bajo nuevos ropajes, de la forma como el Estado y la sociedad de mercado se ha relacionado históricamente con estos territorios. Por ejemplo, queda al descubierto que los nuevos nichos de negocios se disfrazan de protección ambiental, el síntoma actual por excelencias del falso pánico capitalista ante la crisis ambiental. En otras palabras, es como si las alertas ante el colapso planetario fueran atendidas por las élites económicas y políticas como nuevos espacios de inversión. La crisis ambiental, de este modo, adquiere relevancia porque constituye una oportunidad de expansión y acumulación de capital (ZAPATA, 2023, p. 167; FOA, 2017, p. 85). Para respaldar esta discusión iniciaré identificando las raíces de la formación del Estado en la Amazonia, su fase actual de intervención junto a empresas privadas, mediante la mercantilización de la naturaleza, como bien lo muestran, por ejemplo, los programas REDD+. Luego haré mención a las luchas y conquistas legales de los derechos indígenas, a los desafíos del Estado para responder a estos avances y, finalmente, los contrastes de la situación contemporánea sobre como los pueblos amazónicos se debaten entre la comercialización y venta de los mal llamados « servicios ambientales » y la puesta en marcha de sus prácticas culturales como refugio común ante la maquinaria del capital. El escenario resultante puede nombrarse, utilizando el concepto del sociólogo brasilero Francisco de Oliveira (2003), un ornitorrinco amazónico, compuesto de órdenes económicos, tensiones, conflictos y relaciones diferentes (OLIVEIRA 2003, p. 128), en el que actúan políticas neoliberales que se alimentan del atraso, programas de mercantilización de la selva en medio a situaciones de precariedad y la vulnerabilidad social, el capital financiero se imbrica con formas degradadas de atraso y trabajos precarios, dando forma dialéctica a una realidad en contradicción permanente.

Estado Colonial y República Señorial

3La organización económica y de poder administrativo del Estado colonial, y luego de la república señorial (GARCÍA, 1981, p. 7-8), tuvieron como atributos definitorios la formación de un Estado fragmentado, compuesto por territorios desarticulados e inconexos económica, política y culturalmente. Jerarquizados y organizados de acuerdo a un régimen de poder históricamente construido, en lo militar, lo económico y lo ideológico. La organización de la forma Estado es también manifestación de la ausencia de una consciencia geográfica y sociocultural, específicamente, en la percepción e ideas de una oligarquía latifundista provinciana, excluyente y violenta, preocupada en la defensa exclusiva de sus privilegios. El racismo y la dominación de las castas dirigentes contra modos de vida culturales y económicos diferentes, contra otras formas de habitar y ser en el espacio, son sintomáticos de la jerarquizada estructura política y económica. Este atributo puede identificarse en los inicios de las otras repúblicas andino-amazónicas, lo que permite disponer de una mirada estrábica sobre hechos compartidos y recurrentes entre los países vecinos. El régimen de ocupación geográfica, por lo tanto, estableció un archipiélago de pequeñas comarcas, valles y altiplanos, islotes de hispanidad que concentraban con diferente intensidad un conjunto de poderes materiales (financieros, políticos, religiosos, culturales e ideológicos) (GARCÍA, 1981, p. 7-8; DOMINGUEZ, et al., 1996).

4En esta perspectiva se entiende por qué los valores decimonónicos de libertad, ciudadanía e igualdad fueron apenas trámites formales concentrados en los centros urbanos situados en las cumbres andinas, dando forma a una idea de Estado y de país fundado en un estrecho localismo, con una total ausencia de mar, de los litorales, de los llanos, de los piedemontes andinos, de la cuenca amazónica (GARCÍA, 1981, p. 8). Esta ocupación espacial, promovida desde los centros institucionales de poder, estuvo orientada por los procesos locales de producción y urbanización, impulsando redes viales y comerciales entre centros poblados y fuentes productivas de rentas agrícolas y minerales, todas ellas bajo los enfoques de intercambio con el comercio internacional. Estos espacios contemplan el eje norte-sur de las tres cordilleras y la costa Caribe entre los ríos Sinú y Magdalena (SERJE, 2003, p. 189). Entretanto, espacios como la Amazonia quedaron a merced de las feroces fuerzas extractivas del capital, como bien lo demuestra la violencia del régimen de explotación del caucho (1890-1930). A su turno, estos territorios fueron concebidos, desde los centros urbanos, como « Territorios ausentes », « Tierras de nadie », habitadas por « salvajes », sumidos en el atraso, el abandono y la pereza. Esto atestigua como el proceso de construcción de Estado arrastra consigo una serie de imágenes, ideológicamente construidas, sobre regiones, ecosistemas y habitantes distantes de los ejes de poder administrativo y económico, no solo en el ámbito nacional, sino también en los esquemas mentales de europeos y extranjeros. Incluso sucedió de un modo semejante con los primeros exploradores y comisionados europeos que llegaron a la Amazonia hacia los siglos XVII y XVIII, los cuales proyectaron sobre la región varias ideas específicas: por ejemplo, la Amazonia como lugar donde se refugia « El Dorado » y como un « Edén » distante. Aun cuando estas ideas difieren entre sí, han aparecido con intermitencia en la historia de las variadas ocupaciones e intervenciones espaciales. La idea de « El Dorado » « renació con el empuje agrario de la época liberal en el período republicano del siglo XIX » (PALACIO, 2006, p. 88), sufriendo, a su vez, un ocaso paulatino hacia mediados de los años veinte. Tal oscurecimiento de la imagen de la Amazonia como « El Dorado », no solo se debió a los informes denunciatorios sobre las atrocidades de la explotación cauchera, sino también al impacto, en los contenidos mentales nacionales, que generó la publicación de La Vorágine de José Eustacio Rivera en 1924 y de Toá: narraciones de caucherías de César Uribe Piedrahita en 1933. La Vorágine, por ejemplo, considerada la primera gran novela colombiana, logró afectar esta percepción del jardín edénico, logrando alentar, de otro lado, la idea de la Amazonia como « infierno verde » (Ibídem). La idea de la Amazonia como « Edén », « Paraíso del ideal eterno » o « Esperanza remota », por su parte, pese a su resonancia inicial en la colonización lusitana y castellana del « Nuevo Mundo » (BUARQUE DE HOLANDA, 1979), tomó una nueva restitución ideológica asociada a la crisis ambiental global de finales de la década de 1970, en el que el ecologismo, de estirpe neorromántica, convierte al bosque húmedo tropical en un valor idealizado. (PALACIO, 2006, p. 88). Cabe destacar, de igual modo, que hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, con la puesta en marcha de un proyecto de República y de Estado, la Amazonia es representada a su vez mediante una geografía de lo inhóspito y lo siniestro, es pensada como un espacio deshumanizado (PALACIO, 2006, p. 86), el lugar donde se alojan los miedos y las pesadillas de la nación (SERJE, 2003, p.190; 2005).

5Es importante también mencionar un hecho geopolítico, el conflicto con el Perú que tuvo lugar entre el 1 de septiembre de 1932 y 25 de mayo de 1933 (PALACIO, 2007, p. 12). Aún con la relevancia histórica de estos hechos, que luego se tradujeron en presencia militar y una breve atención institucional, puede inferirse que la estructura político-administrativa del Estado continuó creando un cierto tipo de orden social en la región Amazónica, una estrategia espacial, en palabras de Margarita Serje (2012), que responde a prácticas deliberadas dirigidas a crear « espacios de excepción » (SERJE, 2012) donde no son legibles los acuerdos ciudadanos formales ni el ejercicio pleno de los derechos, creando en su lugar las condiciones de posibilidad de sus propias formas de orden social, es decir bajo categorías, políticas públicas, relaciones con los territorios, por medio de las cuales se consuma su anexión a la lógica del capital (SERJE, 2012; ZAPATA, 2023). Es como si el Estado, recluido en sus ejes productivos y administrativos, impulsara una política en la que se disuelve la frontera entre legal y lo ilegal, entre la responsabilidad institucional y la improvisación corrupta, dando forma a un orden propio de lo arbitrario (Ibídem).

6Esta situación de exclusión geográfica, que largó a los habitantes amazónicos a los mandatos abusivos de fuerzas extractivas y de control territorial, como explotadores de madera, pieles, oro y narcotraficantes, también configuró, quizás de un modo no deliberado, la preservación ambiental de extensas áreas de selva, ríos y territorios amazónicos, que vendrían a ser, cien años después, propicias para la comercialización de los llamados « servicios eco-sistémicos » y para el mercado de carbono (ZAPATA, 2023, p. 164).

7Cabe destacar, a su turno, que los sucesivos conflictos y guerras también participaron de modo decisivo en la configuración geográfica de los poblamientos y los ejes administrativos que atraviesan la Amazonia. Así puede atestiguarse en el hecho de que muchos campesinos que se embarcaron como personal civil para respaldar las tropas que pelearían en el conflicto colombo-peruano (1932-1933), quedaron como colonos en las márgenes de los ríos Orteguaza, Caquetá, Caguán y Putumayo (URIBE, 1992, p. 27). Ocurrió de modo semejante con los territorios de las poblaciones de las cumbres andinas y sus valles intermedios de los ríos Cauca y Magdalena, hacia finales del siglo diecinueve y a lo largo del siglo veinte, que sirvieron de arena histórica para la puesta en escena de los primeros y más violentos estallidos de violencia política. La población desplazada como respuesta a tales convulsiones sociales, económicas y políticas emprendió rutas de colonización hacia la región amazónica. Dicha colonización debe analizarse como un proceso que ha tenido lugar a lo largo de un amplio periodo de tiempo, motivado, en algunas ocasiones, por el deseo de vincular las zonas de frontera dentro de la esfera económica del Estado central, creyendo así, hallar una salida a los problemas estructurales de tenencia de la tierra y de violencia que suceden al interior del país (RAMÍREZ, 2001, p. 31).

8Aquí tenemos una breve idea de las fuerzas políticas, económicas e ideológicas con las que se han establecido las relaciones estatales y comerciales con la Amazonia que, desde la perspectiva de sus habitantes, testigos directos de los procesos históricos, son relaciones que han agravado el incumplimiento de derechos, las garantías institucionales y la permanente cooptación de la población local como mano de obra servil para las empresas extractivas en la región. De algún modo, la realidad amazónica ha estado marcada por un salvaje laissez-faire de explotadores, confiados en su capacidad de intervenir y violar derechos sin consecuencias jurídicas y legales que se interpongan. Como veremos a continuación, los pueblos indígenas, mediante sus movilizaciones junto a otros sectores sociales, conquistan la titularidad de sus derechos, y avanzan en su reconocimiento como sujetos colectivos culturalmente diferentes. Circunstancias que, aun cuando configuran un terreno constitucional de actuación política y defensa ciudadana, su falta de cumplimiento efectivo hace aún más vigentes las luchas por sus territorios, por sus modos de vida y organización económica y cultural.

Derechos, Acción Política y Estado

10En este panorama, quisiera enfocarme en el ejercicio de la ciudadanía étnica, la cual posee dos manifestaciones concretas: primera, lo que puede denominarse una actuación participativa institucional, que se expresa en el ejercicio político de las organizaciones indígenas ante las instancias de decisión internacionales y nacionales: la Asamblea General de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la actuación política de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), de la ONIC (Organización de Pueblos Indígenas de Colombia) y la OPIAC (Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana) y de las AATIS (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas) en las esferas regionales. Segunda manifestación, vinculada con la primera, es el ejercicio de las prácticas culturales y políticas en el territorio, la organización de la vida social, sus valores y conocimientos, responsables de garantizar la reproducción de los modos de vida que son a fin de cuentas las realidades a ser protegidas por los avances constitucionales y normativos. Los modos de vida culturalmente diferentes, en esta perspectiva, son los que confieren de contenido político y jurídico a las agendas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos.

12Llama la atención que justo cuando en Colombia se aprobó la Constitución Política de 1991, dirigida a otorgarle instrumentos institucionales a un efectivo Estado Social de Derecho, que reconoció la nación como « multiétnica y pluricultural », iniciara con intensidad la aplicación de política neoliberales, las cuales venían siendo ejecutadas desde las décadas anteriores como doctrina internacional económica (p.ej. en Chile con el golpe de Estado de Pinochet en 1973; en el Reino Unido con Margaret Thatcher en 1979; en Estados Unidos con Ronald Reagan en 1980) (HARVEY, 2005, p. 5).

13Para el caso que nos ocupa en la Amazonia colombiana, un elemento poco advertido en los estudios sobre el neoliberalismo, medio ambiente y pueblos indígenas, es el décimo principio del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, « Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables (…) ». Este principio establece que:

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones (Artículo 1 de la Ley 99 de 1993).

15Es perceptible que las mutaciones históricas del Estado, desde su forma colonial, la república señorial, fragmentación geográfica y desigualdad, hasta los esfuerzos colectivos y transformaciones políticas dirigidas a una sociedad democrática, muestran que los caminos hacia un efectivo Estado Social de Derecho han tenido como expresión histórica conflictos económicos y políticos permanentes, rebeliones agrarias e insurgentes. A su vez, la forma Estado permanece capturada por redes de corrupción y economías ilegales que abastecen a grupos armados en capacidad de cooptar la justicia, las fuerzas armadas y la clase política. Esta realidad pone al descubierto un Estado deficiente, constreñido por los engranajes de la doctrina neoliberal, incapaz de garantizar derechos y rehén del poder militar de mafias y del crimen organizado. Su rostro más dramático queda al descubierto: desregulación de los mercados, privatización del poder público a favor de élites contratistas que han sabido hacer negocios particulares con la contratación pública, financiar campañas electorales y acordar intercambios de dádivas con políticos, consolidando así redes de corrupción muchas veces auspiciadas por grupos paramilitares en las regiones.

16Para el caso de la Amazonia, siguiendo esta mirada histórica, como bien apunta el historiador Germán Palacio, tenemos que la Conquista y la Colonia (como lo fue, por ejemplo, el régimen de explotación del caucho) ocurrieron después de la independencia (PALACIO, 2007, p. 12), y añadiría que este anacronismo expone que también en la Amazonia las políticas neoliberales llegaron mucho antes de las políticas públicas de cualquier estado de bienestar.

17Esta realidad histórica contradice las líneas teleológicas, el curso unidireccional con el que usualmente la narrativa capitalista explica el curso civilizador, pues el atraso, que se creía que era un lastre a ser superado, ahora resulta que nunca fue dejado atrás, su profundización expone más bien un neo-atraso arrastrado por los procesos de modernización en nuestros países (SHWARTZ, 2003, p. 12).

Neoliberalizar la Amazonia

19Al tiempo que predominan rutas de narcotráfico en la región a la que está vinculado el crimen organizado (HUERTA; EBUNS, 2023), explotación ilegal de oro, deforestación, extracción de madera y presencia de grupos armados vinculados a las rentas de tales economías, también está la movilización social indígena diaria persistiendo y cuidado sus vidas. Al tiempo que existen una situación de abandono y vulnerabilidad, también se impulsan los programas de ventas de bonos de carbono (REDD+). En esta perspectiva los pueblos amazónicos, para garantizar mínimamente sus derechos ante el mercado y la inoperancia estatal, se enfrentan a tres desafíos políticos: primero, acceder a recursos escasos mediante el trabajo ligado a programas con empresas privadas para proyectos REDD+ y la preservación ambiental junto con el Ministerio del Medio Ambiente. Segundo, vincularse en condiciones precarias a las actividades extractivas que intervienen en sus propios territorios, como la explotación de oro, madera y como raspachines para laboratorios de cocaína. (TOBÓN 2018, p. 146). Tercero, que no se opone a las anteriores, impulsar sus prácticas productivas de alimentos, como la horticultura de tumba y quema de la chagra, la caza, la pesca, su autonomía organizativa y sus redes de intercambio y ayuda mutua.

20A su turno, la agenda económica y política ofrecida a los pueblos amazónicos viene exclusivamente de las urgencias del mercado a los que están sujetos a su vez los planes estatales. El mecanismo estatal disponible para garantizar una ciudadanía plena y enmendar el abandono, parece provenir, exclusivamente, de relaciones con los territorios a través de la valorización económica de la naturaleza. Es decir, la conservación ambiental y los recursos para satisfacer derechos solo parecen posibles si a los territorios se le asigna un valor de mercado (FIGUEROA; CARO BORRERO, 2019, p. 34). Así se expresan, por ejemplo, las narrativas de los programas de venta de carbono o REDD+ en la Amazonia y otras regiones, en las que se pretende integrar amplias regiones consideras distantes, marginales o periféricas, a las redes de valorización capitalista de las « riquezas naturales » (ZAPATA, 2023, p. 28). Aun cuando las mismas organizaciones indígenas admiten que las actividades de proyectos REDD+ en alianzas con empresas privadas pueden contribuir a financiar los planes de vida locales, buscando consolidar sus formas de gobierno (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 65), queda en evidencia, desde otra perspectiva, como bien lo advierte el geógrafo John Zapata (2023) para la región de Darién-Urabá, que la expansión del mercado, bien sea a través de intervenciones extractivas y depredadoras, o bien, como las que procuran la preservación de la biodiversidad, no son manifestación de fuerzas opuestas, sino más bien, son propias de las formas de actuación del capital, una dupla dialéctica y, por lo tanto, contradictoria (ZAPATA, 2023, p. 144).

22El Estado colombiano, en repuesta a este escenario internacional de « economías ambientales » para el cambio climático, promovió ajustes institucionales para afianzar las iniciativas REDD+, como la

« ‘Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques’ (EICDGB) denominada ‘Bosques Territorios de Vida’ (Minambiente et al., 2018), un Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), un documento asociado a la EICDGB con la interpretación de las salvaguardas para el contexto nacional, denominado ‘Interpretación Nacional de las Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Colombia’ (CAMACHO et al., 2017) » (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 16).

23De acuerdo con Díaz y Ruíz Nieto (2023) en los departamentos amazónicos se abordan por primera vez los programas REDD+ en 2010 con los llamados « talleres de fortalecimiento de capacidades » (DÍAZ; RUÍZ NIETO 2023, p. 15). Hacia el 2015 inicia el Programa del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF) y el Programa ONU-REDD, que fue respaldado por iniciativas regionales, principalmente con el Ministerio de Ambiente « en el marco del Programa REM (REDD+ Early Movers), para la construcción del Pilar Indígena del Programa Visión Amazonía desarrollado durante los años 2016-2017 » (Ibídem). A su vez, fue aprobado el Decreto Ley 870 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente que « Establece pagos por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación », iniciativa derivada del contexto de implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC y el Estado colombiano (ZAPATA, 2023, p. 165).

24Las organizaciones indígenas OPIAC y COICA, de igual modo, apoyaron la propuesta REDD+ Indígena Amazónico (RIA), con acompañamiento de WWF (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 16). Estas actividades habilitarían los caminos para la construcción de la Estrategia Nacional REDD+, que condujo, también en el 2015, a reactivar la Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático (MIAACC) (Ibídem). Como bien advierten Díaz y Ruíz Nieto (2023, p. 16) estas « iniciativas de cooperación multiactor no tuvieron la continuidad esperada y no dieron lugar al desarrollo de proyectos REDD+ operados por las organizaciones indígenas ».

25Los mercados de carbono en Colombia, principalmente para la Amazonia, se ejecutan mediante dos enfoques con diferente escalas geográficas y estrategias de financiación: de un lado, el Programa Visión Amazonía, liderado por iniciativa del Gobierno Nacional durante el mandato de Iván Duque (2018-2022) (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 16). En este programa el Estado, « a través de sus instituciones, recibe recursos de cooperación internacional por los resultados obtenidos, como incentivo para implementar estrategias y los administra de acuerdo a las prioridades establecidas por sus pilares estratégicos del programa » (Ibídem).

26Del otro lado están los Proyectos REDD+ o Py REDD+, que involucran directamente a empresas privadas que, mediante actividades de mercado, persiguen la valorización monetaria de unidades de carbono (cantidad de emisiones de CO2 evitadas o absorbidas) (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 16). Muchas de estas empresas se asocian con organizaciones de la sociedad civil « quienes obtienen el mandato o la exclusividad por parte de las comunidades para coordinar acciones que les permiten certificar reducción de emisiones y acceder tanto al mercado voluntario de carbono de manera independiente » (Ibídem). Llama la atención como las plataformas encargadas de monitorear los estándares de certificación, como las empresas privadas Verra, EcoRegistry, Biocarbon Registry y Colcx, las que deben suministrar los Documentos de Diseños de Proyecto (PDD Project Document Desing), los informes de verificación, auditorías y certificados de créditos de carbono de cada proyecto, no cumplen con el suministro de esta documentación, de modo que se desconocen los estudios de cartografías sociales, documentación de recorridos, información socioeconómica y entrevistas (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 22).

27Esto no solo expone la ausencia de entidades de vigilancia y rendición de cuentas, que obliguen a estas empresas al cumplimiento de compromisos sobre un marco reglamentario legal, sino también queda expuesto un escenario en el que la ansiedad por el lucro, especialmente de los llamados carbon cowboys, puede pasar por encima de las mismas abstracciones legales de la burocracia institucional. Este es apenas un síntoma que deja al descubierto cómo el problema de la crisis climática, degradación ambiental y preservación de los bosques, devino en un importante nicho de negocios para las empresas privadas y el capital financiero. Como bien lo advierte Zapata (2023) los proyectos de conservación ambiental, desde la perspectiva de la actividad monetaria, invocando la protección de la biodiversidad, promueven la creación de espacios productivos de acuerdo a las actuales necesidades de acumulación de capital (2023, p. 147). En esta perspectiva, cuando se hace referencia a la neo-liberalización de la Amazonia, estamos aludiendo a las relaciones imbricadas entre conservación ambiental, participación de empresas privadas y mercantilización de la naturaleza (ZAPATA, 2023, p. 147)

28De acuerdo al Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI–RENARE a julio de 2022, existen 51 PyREDD+ registrados en la Amazonia colombiana, muchos de estos son multidepartamentales, 25 en fase de factibilidad y formulación, 17 en fase de validación y verificación y 9 en fase de implementación (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 23-24). En los objetivos de estos proyectos se advierte que aspiran al fortalecimiento de la gobernanza, el apoyo a proyectos productivos, a la autonomía indígena y a la equidad de género (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 28). Es perceptible que estos objetivos apuntan a un protocolo de declaración de resultados, supeditados a los mandatos del mercado, sin ninguna pretensión de alterar las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y abandono en materia de derechos indígenas.

29Como lo advierte el Diagnóstico de proyectos REDD+ en la Amazonia colombiana (2023), la empresa que concentra mayor número de proyectos es Waldrettung SAS con 13, muchos de ellos localizados en el departamento de Guainía. En la lista con más proyectos le sigue la empresa Permian y la empresa Masbosques cada una con 6 proyectos (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 24). Para que los proyectos REDD+ se hagan efectivos se requiere la participación de empresas privadas certificadoras, que facilitan y garantizan el registro de los Proyectos de Mitigación del Cambio Climático (PMCC). Estas empresas, en el caso de la Amazonia colombiana, son: Ruby Canyon, AENOR, ICONTEC, KBS Certification Services Pvt. Ltd, Tuev Nord Cert GmbH y Verifit Colombia S.A.S (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 25).

31Debe recordarse, a su turno, la tutela presentada en julio de 2022 por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales del Río Pirá Paraná (ACAIPI) contra la Corporación MASBOSQUES, por implementar, sin su consentimiento y pasando por encima del gobierno propio, el proyecto de bonos de carbono REDD+ Baka Rokarire ~ia tir+~dito. (BARRAGÁN et al., 2023). Las vulneraciones generadas por este proyecto, además de lesionar la autonomía indígena, generó una profunda división y conflictos dentro de las 17 comunidades que agrupan al territorio. Lo que queda al descubierto es que el Estado colombiano no dispone de instrumentos para evitar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ante la implementación de proyectos que afectan sus territorios, sus relaciones sociales y sus formas de gobierno. Tampoco ha implementado mecanismos efectivos de respuesta ante las exigencias de los pueblos indígenas por las posibles vulneraciones a sus derechos, aun más cuando los pueblos indígenas constituyen sujetos colectivos de protección especial (BARRAGÁN et al., 2023). Una situación similar vivieron los habitantes del pueblo nukak-makú de la comunidad de Agua Bonita, cerca a San José del Guaviare, indígenas de reciente contacto (hace menos de 40 años), expuestos a degradantes condiciones de abandono estatal, con sus territorios ocupados por actores armados que vincularon los espacios de movilidad indígena a rutas de economías ilegales. En 2019 aceptaron la presencia de la empresa Waldrettung S.A.S para iniciar un programa de ventas de carbono. Sin información disponible, ni consultas previas, ni orientaciones jurídicas, emisarios de la empresa Waldrettung S.A.S pretendieron acordar con los nukak-makú la realización de un proyecto de bonos de carbono por 100 años (MONGABAY et al., 2022). Aun cuando la empresa Waldrettung nunca firmó el acuerdo, el caso expone las condiciones de desigualdad, desprotección y vulnerabilidad a las que están expuestos los pueblos indígenas ante la codicia de los carbon cowboys.

32Además, como fue señalado en los talleres de los Centros Regionales de Diálogo Ambiental (CRDA) de la Macrocuenca Amazonas, realizados por el Instituto SINCHI en 2021 y 2022 sobre la implementación de los proyectos REDD+, muchos habitantes de los resguardos se quejan de la poca participación indígena en la toma de decisiones. Así fue indicado en los talleres virtuales del mes de mayo de 2022 entre entidades ambientales y territoriales, ONG y empresas implementadoras, organismos de validación y verificación, como también en las reuniones con actores institucionales (Visión Amazonia, Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios) y la organización indígena regional OPIAC (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 68-69). En estos encuentros quedó expuesto que los proyectos REDD+ generan disputas internas entre los habitantes de los resguardos. Esto, principalmente, porque los acuerdos comerciales se establecen entre autoridades administrativas y los implementadores privados de los proyectos, que tiene el control del funcionamiento burocrático, excluyendo a las figuras de gobierno local, autoridades ancestrales, sabedores y sabedoras, así como a las asambleas de las bases indígenas dentro de los territorios (DÍAZ; RUÍZ NIETO, 2023, p. 69).

La Vida en el Territorio y sus Respuestas Colectivas

33Aparte de los diálogos institucionales y las acciones ante los proyectos REDD+ de la dirigencia indígena amazónica que vive en las ciudades, son las bases sociales y organizativas que viven en los territorios, las que se debaten ante fuerzas antagónicas que oprimen sus vidas, ya sean grupos armados, narcotraficantes, explotadores de oro o empresas privadas. En esta perspectiva, muchos de los habitantes de los territorios amazónicos ponen en marcha dos reacciones colectivas locales: la primera es ofrecer una lectura propia de los conflictos de la realidad a la que se enfrentan. Esta lectura moviliza la idea de una centralidad humana, los espacios sociales de cuidado y socialidad, como malocas, chagras, mambeaderos, que se oponen a una exterioridad animal, marcada por relaciones de depredación y el riesgo de enfermedades. A esta realidad externa, del « afuera » (jíno jatíkimona en lengua murui-muina), « afuera del monte », están asociadas las fuerzas forasteras, garimpeiros, grupos armados, narcotraficantes, comerciantes, fuente de dolencias físicas, emocionales y espirituales (GRIFFITHS, 1998, p. 66). Estos conceptos sobre su forma de ser y habitar el mundo actúan como defensa de su condición de sujetos culturalmente diferentes.

34La segunda reacción, se expresa como movilización de prácticas colectivas dirigidas a preservar sus derechos, ya sean prácticas de intercambio y cuidado mutuo, actividades de protección o sanación, bailes rituales o consumo de plantas (CORRADO; TOBÓN, 2024). Vale la pena destacar que ante los procesos que pretenden neoliberalizar la Amazonia, se activan respuestas locales en las que se movilizan valores orientadores de la lucha común, como la solidaridad, la noción de unidad cultural, el intercambio recíproco, la autonomía, las celebraciones públicas, entre otros. Estos valores sociales, mediadores de las relaciones y las prácticas de reproducción de su modo de vida, se expresan como refugio común ante las presiones en un escenario de ausencia efectiva de derechos y fuerzas depredadoras externas.

35Es importante prestar atención a la actividad agrícola productora de alimentos y complejas relaciones ecológicas, las mismas que las corporaciones privadas de los proyectos REDD+, como el caso de MASBOSQUES, quisieron reducir o constreñir a favor del lucro. La producción de alimentos en la Amazonia indígena involucra conocimientos botánicos, agrícolas y geográficos especializados formados a lo largo de los siglos. Para que las plantas fructifiquen en la chagra, se requiere un trabajo previo que active los conocimientos mediante el esfuerzo común y solidario. Estos trabajos están guiados por una moral que las impulsa, por valores compartidos dirigidos al mantenimiento de cuerpos sanos, la protección social de parientes y vecinos. Hacer chagra y mantenerla mediante los trabajos, principalmente de las mujeres, garantiza la biodiversidad de alimentos (diferentes variedades de yuca, ajíes, frutas, maní, entre otros) y de plantas protectoras (como la coca y el tabaco) que darán forma a cuerpos capaces de movilizarse colectivamente.

36Plantar y recolectar alimentos, sostener un entramado de intercambios, cuidarse mutuamente, supone la ejecución voluntaria y libre de trabajos agrícolas, conocimientos, redes de solidaridad capaces de transformar la selva en un campo cargado de significados sociales, un escenario que, sin disociarse del ecosistema amazónico, lo interviene para humanizarlo, regenerándolo mediante los cultivos y poniendo en acción conocimientos concretos (ACOSTA et al., 2011; GASCHÉ; VELA, 2011; GRIFFITHS, 1998). Estas prácticas colectivas, realizadas junto con los ecosistemas amazónicos, son manifestación local con la que los pueblos amazónicos escapan a las presiones de uniformación del mercado y sus violencias asociadas.

37Vale la pena no perder de vista lo común como fundamento de la realidad social en la vida indígena amazónica. En esta perspectiva, lo común se expresa como aquella voluntad que hace que las personas actúen en defensa de sus experiencias vitales compartidas. Estas experiencias son definidas tanto por vínculos como por relaciones entre humanos y seres no humanos, lo que involucra los territorios, la tierra, los ríos, las plantas y la biodiversidad de seres a los que se les atribuye intención y actuación a su presencia, incluso con sus propios criterios morales (CORRADO; TOBÓN, 2024). Esta vivencia de lo común muestra que las actividades con las que las personas hacen su vida y defienden su lugar en el mundo, no es fácilmente expropiable por las políticas que pretenden convertir a todos los seres vivientes en mercancías, es decir, sus prácticas culturales son formas políticas capaces de sortear las restricciones depredadoras del capital (Ibídem). Según Dardot y Laval (2017), y como he querido exponerlo, las prácticas defensoras de lo común operan en términos sustantivos, como acción permanente, como movilización continua de « poner en marcha lo común » (chagras, redes de intercambio de alimentos, bailes, consumo de plantas como coca y tabaco, cuidado recíproco, mingas y trabajos colectivos). Lo común, en este sentido, se hace efectivo en el campo de las relaciones entre humanos, con el territorio habitado, con los ríos, con los seres no humanos que también componen la experiencia social, su potencia política es necesariamente relacional (CORRADO; TOBÓN, 2024).

Reflexiones Finales

38Los argumentos expuestos permiten extraer algunas reflexiones. Primera, en diálogo con el trabajo del sociólogo brasilero Francisco de Oliveira (2003), puede pensarse en la aparición de un ornitorrinco en la Amazonia. Esto quiere decir que la región se estructura por fuerzas y relaciones de distinta naturaleza, por atributos diferentes imbricados entre sí, que terminan configurando una realidad económica, social y política concreta. En esta perspectiva, esta realidad se manifiesta tanto por la exclusión geográfica, como por la intervención de fuerzas depredadoras sin controles legales, que cooptan fuerza de trabajo servil sin mediación contractual alguna, incluso empleando amenazas violentas, como si fueran rezagos coloniales, articuladas a una situación de ausencia de derechos y militarización de la vida social. Esto en medio a los esfuerzos frustrados del Estado por garantizar una ciudadanía plena y, a su vez, con la puesta en marcha de proyectos de neoliberalización de los ecosistemas amazónicos, mediante la comercialización de la naturaleza como lo hacen los programas REDD+. El panorama resultante es el de políticas neoliberales que se alimentan del atraso, de la precariedad y la vulnerabilidad social, el capital financiero se imbrica con formas degradadas de trabajo.

39El aislamiento amazónico, así como su abandono, ha servido para alentar la idea de proteger la naturaleza y descarbonizar la economía mundial, habilitando así la expansión de lo que Newell y Paterson (2010; BÖHM et al., 2012) denominan como « capitalismo climático ». La conservación ambiental es asumida, sin escrúpulo alguno, como un exclusivo campo de negocios. Estos proyectos de comercialización de los ecosistemas arrastran consigo sus propios discursos justificadores, en este caso, se esgrimen argumentos económicos, políticos y jurídicos para insistir que es solo a través de las reglas del mercado como podrá conquistarse el efectivo disfrute de derechos. Más que una justificación, este discurso se presenta como un chantaje. En otras palabras, las movilizaciones para la garantía de los derechos se realizan a través de la mediación financiera (GAGO, 2015). Esto configura, en términos sociológicos, un ornitorrinco compuesto de órdenes económicos, tensiones, conflictos y relaciones diferentes (OLIVEIRA, 2003, p. 128). Se comprende así que en la realidad Amazónica circulan altos flujos monetarios en dólares del capital financiero internacional mediante los programas de venta de carbono junto a empresas privadas y bancos, como también se ejercen las prácticas productivas autónomas indígenas produciendo alimentos y promoviendo redes solidarias de intercambio. A su turno, los habitantes locales se vinculan a economías ilegales para obtener mercancías que no producen, buscan trabajos con instituciones y gestionan apoyos estatales en medio de grupos armados, narcotraficantes y explotadores de oro.

40Una segunda reflexión es que las prácticas productivas indígenas en la Amazonia, los valores que las median y las relaciones sociales que promueven, no solo contribuyen a la reproducción material de la vida, sino que su ejercicio diario actúa como antagonista de las pretensiones disciplinadoras del mercado. En esta perspectiva, los valores que animan el trabajo de la chagra, de la producción de alimentos y sus entramados de conocimientos y modos de hacer, como el cuidado mutuo, el intercambio recíproco, las mingas y el apoyo común, orientadores de las experiencias sociales, no son fácilmente expropiables por los mandatos del capital. Estos valores, por decirlo de algún modo, son esquivos a las pretensiones del mercado por organizar la obediencia. Esto de alguna manera nos habla de como las prácticas culturales indígenas se tornan un refugio protector, de como las energías de los cuerpos, entrelazadas en trabajos que le confieren dimensión política y cultural al territorio habitado, preservan a la vida social de sucumbir a los imperativos de la racionalidad individualista.

41Los habitantes amazónicos viven entonces una tensión dialéctica entre las embestidas del mercado por capturar comercialmente sus territorios y la biodiversidad que atesoran, y sus propios esfuerzos colectivos por hacer su vida cultural, ejercer su autonomía y autogestionar sus adversidades. En medio de los desafíos existenciales diarios, con negociaciones con empresas, ante grupos armados, encarando acuerdos estatales y comprometidos en hacer su vida a su manera, los habitantes amazónicos son articuladores de la complejidad social regional, de modos de hacer, pensar, laborar y defender sus derechos (GAGO, 2015, p. 33). En medio de esta actuación social y económica de lo múltiple, aparece puesta en juego una certeza ética y política: el ejercicio común de la solidaridad aparece como un camino de fuga seguro.