• 1 Traducción y duda del autor.

4Proverbio merina1

• 2 La instancia intermedia prevista en 1994 y olvidada después era equivalente al fivondrona de la II (...)

6Con la aprobación de la Constitución de 1992, redactada extraparlamentariamente en toda una serie de foros regionales culminados con la gran puesta en común de Mahamasina, el estadio nacional, se fundó la III República en nombre de los nuevos vientos de democracia que soplaban en el continente africano. Una de sus previsiones fundamentales era la puesta en marcha de las Colectividades Territoriales Descentralizadas (CTD), como mecanismo para solventar los desequilibrios de administraciones anteriores y garantizar la participación de todas las poblaciones en el espacio público, así como el acceso universal a los servicios estatales (art. 126). Para anclar esta administración de proximidad, se propuso que al menos los máximos responsables de las CTD fueran elegidos por las poblaciones de sus respectivas circunscripciones. Con relativa presteza, durante los dos años siguientes, se promulgaron toda una serie de leyes que definían las CTD, sus tipos, órganos y funcionamiento. Sin embargo, las prescripciones sólo se ejecutaron según el calendario por lo que respecta a los municipios (desde 1995). La dimensión regional, la más novedosa, se hizo esperar hasta 2004, mientras se desechaba una instancia intermedia y se pretendía recuperar de manera fallida las viejas provincias, ahora «autónomas» y casi vacías de contenido2.

• 3 Véase una exposición sintética de esta tendencia, que arranca en los ochenta, en Ribot y Larson [20 (...)

7La previsión constitucional respondía a una insistencia generalizada de los expertos en la descentralización democrática como soporte fundamental de las estrategias participativas que debían promocionar el desarrollo, sobre todo en las zonas rurales3. Vale la pena recordar la definición de CTD:

• 5 Es reconfortante que un jurista tan bregado en la pluralidad normativa de Madagascar como Philippe (...)

8La mención explícita del «desarrollo», inaprensible desde la pura lógica jurídica, refleja el peso del contexto sociohistórico en la legislación. Para empezar a aquilatar las posibilidades de cumplir su objetivo eminente hay que captar el rasgo crucial de las CTD en su definición: una CTD no es tanto un conjunto de personas como un fragmento del territorio estatal. Esta caracterización apunta el contenido más administrativo que político que le atribuyen los legisladores; desautoriza, pues, toda acepción regional de la soberanía a la que aluden con vaguedad otros textos, ya que mal puede un espacio ser soberano. No obstante, semejante connotación administrativa se contradice con el rol otorgado al conjunto de sus habitantes con derechos ciudadanos plenos, así como con el hecho de que las CTD, con independencia del tipo, sean autónomas, no se articulen jerárquicamente, entre sí, aunque las de mayor ámbito puedan intervenir a posteriori para corregir desequilibrios o controlar políticas de desarrollo o de administración territorial. Mi argumento alrededor de esta incongruencia definitoria no es jurídico, sino sociológico: lo que cuenta no es la letra, sino lo que los deslices de ésta dejan entrever5.

• 6 Se llama «desconcentración» al despliegue local de los servicios del estado dentro del organigrama (...)
• 7 Ley 2004-001 de 17 de junio 2004.
• 8 Decreto 2004-859 de 17 de septiembre 2004 ; vale la pena cruzar la normativa con la de decreto refe (...)

9Con una definición tal no extraña la contradicción fundamental en la que caen repetidamente las distintas normativas referidas a la descentralización malgache, y que no hace sino expresar una confusión general entre el estado y las poblaciones, como receptáculos de la soberanía. Un ejemplo emblemático. La región es la CTD que coordina los esfuerzos locales de base (municipios) y planifica el desarrollo de las poblaciones a las que representa frente al estado central; se trata en principio del contrapunto descentralizado de la administración estatal y no de su despliegue «desconcentrado»6, pero la articulación dista de ser evidente7. Este desencaje, en absoluto fortuito ni meramente técnico, aflora en la figura del Jefe de Región (JR), el personaje fundamental en el funcionamiento de ésta8. Se trata de un cargo electo, con lo cual, debe rendir cuentas ante sus electores; sin embargo, en el momento mismo en que resulta elegido, pasa a ser el máximo representante de la administración del Estado en su circunscripción, es decir, el jefe de los servicios «desconcentrados»; desde esta perspectiva, en lugar de responder ante los votantes de la región, el JR debe hacerlo ante el Ministro del Interior, su superior jerárquico. La contradicción es flagrante y no se limita a solapar sino que tiende a subsumir y subordinar el sentido ascendente de su legitimidad en el descendente; esta direccionalidad no tiene por qué ser antidemocrática en sí misma ­siempre que los dirigentes del estado central sean efectivamente fiscalizados por el conjunto de los electores­, pero es harto difícil que fomente la descentralización.

• 9 Decreto 2005-012.

10El Jefe de la Región visualiza una confusión fundamental que no es consecuencia de un error, sino que obedece a lo que podríamos llamar «estructura profunda» de los poderes públicos malgaches. La región carece de aparato administrativo específico más allá del escuálido gobierno regional. Para suplir este vacío, se reasignan a la región dos circunscripciones administrativas el district y el arrondissement9. El district ­rechazada su conversión en CTD, prevista en 1994­ coincide con las antiguas subprefecturas o fivondronampokontany, así como la región se asienta sobre las antiguas prefecturas, a veces reagrupadas. El arrondissement puede unir las circunscripciones de varios municipios. No sólo son la herencia del sistema centralista anterior, sino que fundamentan su perpetuación metamorfoseada. En primer lugar, sus respectivos jefes y adjuntos son nombrados por el Jefe de Región, pero siempre entre determinados cuerpos de funcionarios estatales. En segundo lugar, y más importante, ambas unidades forman parte del entramado del ministerio del Interior, cuyo titular no sólo es la máxima autoridad del conjunto, sino que puede vetar las decisiones del Jefe de Región y controla el presupuesto de districts y arrondissements. Luego, contar con los medios de las antiguas prefecturas y subprefecturas no significa gran cosa. Para empeorar esta inserción envenenada en las redes del estado, la capacidad tributaria de las regiones es muy limitada, ya que quedan excluidos todos los «recursos nacionales estratégicos» (que incluyen todo aquello que el estado considera potencialmente rentable como las gambas, los minerales o, en otro registro, los parques nacionales), restando un puñado de impuestos ­sobre las loterías locales o los night clubs­ y de ristournes sobre diversas actividades económicas, arrojando una suma bien magra, dado el bajo nivel de ingresos de la mayoría de los habitantes de las regiones. Y por fin, como colofón a su dependencia financiera, el presupuesto del Plan Regional de Desarrollo está por completo al albur del gobierno.

• 10 El recorte más importante se refiere a la región de Melaky (Mailaka), al norte del río Manambolo. S (...)

12El Menabe es una región privilegiada para la reflexión que nos ocupa. Situada en el medio oeste, es una zona marginal en la política estatal (basta ver el estado de la carretera que conduce a las Tierras Altas), cuenta con una mayoría de población rural y con un porcentaje importante de explotaciones extensivas, particularmente ganaderas, alberga algunos puntos calientes de la biodiversidad malgache y en sus costas y manglares se reproduce (cada vez menos) uno de los recursos nacionales estratégicos, la gamba. Además, se trata de una de las raras regiones con coherencia histórica, ya que, con algunos recortes, se perfila sobre las fronteras del antiguo reino homónimo en su momento de mayor esplendor10. A primera vista, asombra que el Menabe haya sido elegido como modelo para la descentralización regional, tal como ha ocurrido. De la explicación de esta presumida excentricidad hay mucho que aprender.

• 11 Sobre el uso y la realidad del concepto de «sociedad civil» en Madagascar, véase Roca [2007a].
• 12 Agradezco a Gion Cabalzar (miembro del CDR), su abierta, paciente y copiosa colaboración; puede con (...)

13El decreto 2004-859 de 17 de septiembre de 2004, que recoge el funcionamiento de las regiones, fija en principio el Comité Régional (CR) como el gran órgano ordenador de la vida regional junto al Jefe de Región y su ejecutivo. La composición algo vaga que se le atribuye, revela el modelo en el que se inspiraron los legisladores: el CR está formado por una mezcla de cargos electos (nacionales y locales, es decir, diputados, senadores y alcaldes) y de representantes de la sociedad civil11 (ONGD, operadores económicos, asociaciones, iglesias...), estos últimos cooptados por colegios electorales específicos y de una representatividad variable en el respectivo sector. Éste es el esquema que, ya desde 1996 y bajo la denominación de Comité Régional de Développement (CRD), adoptaron una serie de agentes locales del Menabe, desde cooperantes a administradores o maestros, que no se resignaron a esperar de brazos cruzados la activación de las CTD legisladas dos años antes. El éxito del CRD en movilizar a la sociedad civil de la región lo convirtió en un ejemplo a seguir y en el modelo explícito de los legisladores del 200412.

• 13 La coincidencia con las estrategias del Banco Mundial en América Latina (véase, por ejemplo, Bretón (...)

14Es más que probable que el principal éxito del CRD haya sido estimular la creación de asociaciones secundarias13 y no la promoción efectiva de desarrollo, que constituye su meta final. Sus propios fundadores contemplan el CRD y su trayectoria hasta ahora como una primera fase de un proceso mucho más largo. De hecho, al fomentar la coordinación de operadores aislados o de comunidades locales, su primer efecto ha sido el de agrietar las antiguas relaciones clientelares que recorrían la región, vínculos polarizados por varias familias de «notables» locales y sus aliados y a los que los miembros del CRD atribuían el bloqueo corrupto de cualquier iniciativa de desarrollo, y en particular las de interés más general. Aunque el CRD no ha desintegrado semejante estructura, sí la ha debilitado lo suficiente para hacer al menos verosímil una política de desarrollo participativo, originando con seguridad circuitos y redes alternativas a las «de siempre». De ahí su carácter modélico. Ahora bien, la intervención del CRD no ha partido de la nada y ha tenido efectos sobre su propia organización y naturaleza.

• 14 Habitantes de Madagascar de origen indostaní, muy presentes sobre todo en la economía local.

16El espinazo del CRD está integrado por tal vez poco más de una veintena de personas muy directamente ligadas a un secretariado colegiado compuesto por tres personas. Se trata sobre todo de cooperantes de largo recorrido en la región (en algunas ocasiones, dos décadas o más), especializados a menudo en la promoción agrícola y en la gestión sostenible de los recursos naturales. La participación de los electos es raquítica, con la excepción de los alcaldes, mucho más insertados en la cotidianidad de los proyectos de cooperación locales. Los cooperantes no son el único perfil dentro del núcleo duro, pero son los agentes regionales más capaces de establecer conexiones transversales que incluyan formalmente al estado ­sobre todo en el mundo rural­, preservando al mismo tiempo una holgada autonomía financiera. De hecho, las dificultades para conseguir el compromiso de los karana14, omnipresentes en el sector comercial de Morondava, así como de algunos otros empresarios europeos revelan, entre otras cosas, una hendidura entre los intereses, la disponibilidad y los potenciales de los profesionales de la cooperación y de los operadores económicos privados. Hay que tener en cuenta, además, que la masa crítica de esos cooperantes «nucleares» está o ha estado ligada a la cooperación suiza. Pero no son las directrices más o menos oficiales de ésta lo que se puede rastrear en el CRD (muy crítico con la cooperación oficial), sino, en todo caso, el referente de una cierta utopía confederal helvética activado ante la parsimonia descentralizadora del estado.

• 15 Con todo, los desencuentros detectables en los municipios más grandes (Mahabo, Belo, Malaimbandy y, (...)

18Sorprende la confianza depositada en el nuevo poder de Tana. Para un observador externo, incluso «olvidando» más de cuarenta años de descorazonadora experiencia postcolonial, existen abundantes indicios que deberían socavar las bases de dicha confianza, empezando por la legislación sobre las CTD. La sorpresa se tiñe de preocupación cuando se aprecia que, dado el alto grado de activismo político de los últimos años, esta extraña alianza está produciendo efectos duraderos, personales y estructurales. El escenario sobre el que se representan estos temores es el mismo avance de la descentralización, que ­por lento y superficial que se manifieste­ proyecta una fuerte incertidumbre sobre el futuro del CRD: ¿mantendrá su independencia y sus puentes con la sociedad, al tiempo que pasa de ser una organización privada, y en esencia voluntarista (CRD), a transformarse en una institución orgánica de la administración regional (CR)? La estrategia ante semejante desafío parece doble: por un lado, copar la representación de las asociaciones y organismos de la «sociedad civil» con miembros del núcleo del CRD; por otro, asegurar la imbricación personal del mismo núcleo en el sector público, influyendo en el nombramiento de los cuadros administrativos regionales ­lo cual han conseguido en gran medida­ e intentando convencer a funcionarios y electos ­quizás con más éxito a los alcaldes15­ de la conveniencia de adoptar la filosofía colectiva del CRD. En ambos campos, la baza jugada es la experiencia, el conocimiento y los contactos en el ámbito del desarrollo. Ello le ha permitido controlar la información referida a las inversiones de desarrollo en la región, estableciendo nuevas redes redistributivas o modificando las que ya existen.

• 16 Véase Bretón [2001] para América Latina, así como los trabajos de Carlos Oya sobre el Banco Mundial (...)

20Con el concepto de «comunidad de base» se quiere aprovechar las connotaciones básicas de la noción y la experiencia de «comunidad», a la vez que se exorcizan sus supuestas amenazas sectarias. Así, el vocablo «comunidad» evoca un aglutinante directo entre las personas que actúa con independencia de las instituciones administrativas sancionadas por la ley; en ese sentido, la solidaridad y la vinculación cristalizadas en la comunidad serían más espontáneas y cercanas a las poblaciones que los sistemas de representación local instituidos por el estado. Es a este carácter autónomo, cohesivo e inmediato al que apelan los nuevos modelos de desarrollo, que hacen de las comunidades la célula básica de sus programas; la aplicación de este enfoque adquiere más fuerza en la esfera rural y en los proyectos de gestión de recursos naturales, incluida, claro está, la biodiversidad. La vía no es nueva16 y pasadas experiencias han enseñado a los expertos a ser precavidos con la esencialización e idealización de las presuntas comunidades, así con como los usos políticos ­frecuentemente excluyentes­ que actrices y actores sociales hacen de tales categorizaciones. Ahí se recupera el concepto inclusivo de «comunidad de base», entendida como «sociedad civil mínima».

• 17 Fokonolona hace referencia a la unidad cotidiana de toma de decisiones «públicas» (sobre todo en Im (...)
• 18 Es el caso particularmente de la ley 96-025, de 30 de septiembre de 1996, «relative à la gestion lo (...)

21Aun con sus equívocas resonancias socialistas, esta concepción remite a un conjunto de individuos autónomos asociados voluntariamente y se acoge a los acuerdos internacionales sobre los también eminentemente individuales Derechos Humanos. En sintonía con las agencias internacionales y para contrarrestar lo que considera los efectos perniciosos del puro (neo)liberalismo en un contexto de desarrollo, el CRD ha intentado preservar una perspectiva colectiva definiendo a la comunidad de base como sujeto de desarrollo. La intención ha sido desbordar el entorno inmediato del supuesto individuo económica y políticamente racional ­léase familia nuclear o unidad doméstica de producción­ para contemplar ­y aprovechar­ conexiones sociales más amplias. Se espera que la descentralización «libere» a dichas comunidades, pero su identificación no se deriva directamente del proceso descentralizador: las CTD no responden en general a la inmediatez exigida al ideal de los vínculos comunitarios. Ni siquiera lo suelen hacer los municipios, con sus correspondientes Comités y Planes Locales de Desarrollo (CLD y PLD). Su heterogeneidad y sobredimensionamiento es palpable en la ciudad y también a menudo en el campo, donde un municipio puede englobar varios pueblos, aldeas o vecindarios. Es reveladora la confusión en que ha incurrido la nueva legislación respecto a antiguas unidades administrativas de menor alcance que el municipio, en particular el fokontany y el fokonolona17. Candidatas a equipararse con esas «comunidades de base» que no pueden ser por sí mismas las CTD, su desaparición teórica de la escena jurídica contribuyó a que los agentes locales, y en particular el milieu del CRD, sintieran la necesidad de definir las primeras en contextos concretos de desarrollo. La ocasión y el ámbito definitorio los proporcionó la elevación de diversas leyes en las que se preveía una gestión de los recursos naturales compartida entre el estado y las poblaciones locales, iniciativa en la que han tenido un peso indudable las experiencias y opiniones expertas llegadas desde el Menabe18.

• 19 Véase la ley 96-025 de 30 de septiembre 1996, art. 3, y el decreto 2000-027 de 13 de enero, art. 2, (...)

22Así, la legislación sobre la «gestión local de recursos renovables» establece19:

• 20 La postura local suele ser alguna forma de resistencia pasiva y no explícita: el estado tiene una g (...)

25De las formas de asegurar ese control de los recursos, la más corriente con mucho sería la «sécurisation foncière», que se refiere al acceso al suelo. En el Menabe y en Madagascar o África en general, hasta ahora, la seguridad foncière ha sido una realidad de hecho más que de derecho. Es raro que los habitantes del medio rural inscriban las tierras que trabajan en el registro catastral, vigente desde la época colonial; esta rareza se extrema en el Menabe, como en el resto del oeste y el sur de la isla. En teoría, sea quien sea quién las trabaje y cómo lo haga, las tierras sin matricular pertenecen por defecto al estado, y ­excepto los espacios de interés nacional­ pueden ser adquiridas por cualquier ciudadano malgache que pague los correspondientes impuestos y amortizaciones. Sin embargo, tampoco es usual alguien intente hacer efectivo un registro de tierras rurales contra los derechos tradicionales; los escasos intentos en este sentido suelen desembocar en conflictos más o menos sordos (vacío local, falta de mano de obra...) que acaban a menudo por revertir en la situación de origen, con independencia del estatus legal de los terrenos implicados20. Con todo, esta estabilidad puede estar seriamente amenazada con el cambio de los flujos inversores. ¿Por qué? El aumento de la presión sobre las tierras fértiles puede poner en marcha un aparato legal que perjudica a las poblaciones locales, sobre todo si están poco capitalizadas como en el Menabe. Por otra parte, zonas como los bosques, los manglares y otros lugares por lo habitual poco explotados por las gentes del lugar alojan no pocas de las posibilidades anunciadas por el nuevo desarrollo, incluyendo los puntos calientes de la biodiversidad. Todas estas zonas ­como las aguas costeras y fluviales o el subsuelo­ son consideradas explícitamente como «domaniales», en el sentido restringido de «patrimonio nacional», luego de interés y gestión estatales. La intervención estatal se puede activar con su revaloración ­por ejemplo, la creación de un parque nacional­ en detrimento de nuevo de los locales.

• 21 Véase, por ejemplo, Aubert [2002].
• 22 Ya desde finales de los ochenta, ecólogos humanos como J. Bennett han contribuido a desautorizar la (...)

26El estado apenas ha reaccionado respecto a la presión sobre las tierras de cultivo o las periurbanas, pero sí ha legislado respecto a sus propiedades «domaniales». Ha promocionado, pues, una «sécurisation» relativa (SFR21), ya que sólo asegura el uso de esas tierras y recursos, sin ceder su titularidad. A través de sistemas contractuales (Gelose, GCF...) entre el estado y comunidades de base formalizadas, el primero puede permitir ciertos usos consuetudinarios a las poblaciones locales o puede compartir con ellas la gestión y explotación de los recursos. En todos los casos, el estado está capacitado para anular los acuerdos alegando la ineficiencia de sus partenaires. Esta discrecionalidad no podía sino levantar las suspicacias del CRD, pese a sus solapamientos con la facción gubernamental. Un informante cercano al CRD no dudaba en afirmar que «à Madagascar, c'est l'État qui est le plus grand des voleurs». Ante semejante escenario, el CRD ha apoyado decisivamente procesos-piloto de una especie de «sécurisation foncière absolue», al facilitar que algunos pueblos o municipios se constituyan legalmente en comunidades de base y registren la propiedad colectiva de su término. El procedimiento, largo y complejo, se debe repetir caso por caso, lo cual no augura una avalancha de comunidades-propietarias, pero sí señala un camino, una estrategia patrimonializadora prometedora y acorde con los sectores más autocríticos del nuevo desarrollo. Toma así una dirección que se antoja autónoma, cercana a las poblaciones, desestimando la célebre «tragedia de los comunes» de Hardin, uno de los mitos liberales más persistentes del desarrollismo rural22. Ahora bien, si se observan de cerca esas poblaciones que el CRD desea acompañar en la senda de la descentralización, las cosas resultan menos claras. Los efectos de las estrategias participativas ­y el entusiasmo que despiertan­ no son uniformes. La predefinida homogeneidad de las comunidades de base brilla por su ausencia en una madeja de jerarquías entrelazadas, mientras que las fronteras del CRD, el estado o las fuerzas de la globalización vuelven a difuminarse.

• 23 Sophie Goedefroit y otros señalan la distinción entre tômpontany, «maîtres de la terre, du pays» y (...)

27Las formas de convivencia en el Menabe rural, como en tanto lugares de Madagascar y de África, están ordenadas en gran medida en torno al «complejo del primer ocupante». En la isla, con pronunciaciones distintas, se habla de tômpontany («maîtres de la terre») y vahiny («forasteros», «invitados»)23. Los tômpontany debido a su precedencia y a su persistencia en el tiempo, habrían establecido una alianza con las fuerzas o espíritus que conforman lo que nosotros denominamos «lugar», ejerciendo de mediadores privilegiados entre la sociedad (incluidos los vahiny, los llegados más tarde) y lo que podríamos llamar naturaleza local. Esta disposición general ha admitido variaciones, adaptaciones y manipulaciones varias, pero la relación con el suelo es siempre colectiva (a través de la cadena de antepasados ­razana­ y vivos que forman lo que ha venido en denominarse «clanes»), jerarquizada (según la antigüedad local y la posición estatutaria del clan respecto a los demás, así como según la posición del individuo dentro de su clan) y total (afectando a todas las esferas de la actividad humana, desde la religión a las estrategias matrimoniales). El resultado es una confluencia de relaciones cruzadas, no siempre del todo coherentes pero altamente formalizables, que une a las personas entre sí y al suelo; los cálculos e intervenciones referidos a los recursos se urden y se ejercen a través de esa malla. Dado que, en principio, este esquema hace muy difícil la transacción de las tierras fuera de las relaciones sociales establecidas (a menudo incluso se da la prohibición expresa), y dado que tumbas y hazomanga (poste de la circuncisión) permanecen fijadas en la tierra, la relación con ésta se ve siempre mediatizada por vínculos personales ­sobre todo ésos que llamamos de parentesco­ que nunca nacen de la mera voluntad individual, por mucho que los individuos puedan cambiar de domicilio o de alianzas.

• 24 Sobre el reino de Menabe y el papel que en él jugó la autoctonía, véase Roca [1995] y Goedefroit [1 (...)
• 25 La llegada de la inmensa mayoría de los inmigrantes se puede rastrear durante el período colonial, (...)

28En el Menabe, la categoría de tômpontany ­en la pronunciación local­ se continúa restringiendo a los Sakalava, uno de los apelativos identificados desde los tiempos de la etnología colonial como una de las 18 (o más!) etnias o «tribus» de la isla. ¿Por qué? Porque el reino de Menabe abarcaba todo el terreno de la actual región, de manera que, para cualquier lugar, uno de los raza reconocidos por los antiguos reyes sakalava suministra invariablemente los «primeros ocupantes» (incluso en pueblos nuevos creados por inmigrantes sobre tierras tal vez no empleadas pero con «dueños»)24. Así pues, numerosos documentos y declaraciones consideran la región de Menabe como «país sakalava». Ello no impide que, dada la presencia de muchos Malgaches con otras adscripciones étnicas, también se insista en caracterizar la región como «tierra de acogida» y, consecuentemente, a los Sakalava como particularmente hospitalarios o, al menos, tolerantes con los forasteros. Aunque ambas descripciones encierran verdades, unidas acaban por prescindir de la historia y mistifican la situación actual. En los tiempos del reino, la integración de forasteros ­en tanto que inmigrantes voluntarios o como cautivos­ culminaba en su sakalavización, en un proceso a menudo transgeneracional. En el Menabe actual, el cuadro es muy distinto. En primer lugar, desde la parcial dominación merina (siglo XIX) y la colonización francesa hasta ahora, los poderes insulares han favorecido la inmigración para activar la economía de la región; ahora bien, éste ya no ha sido un movimiento demandado o regulado por los autóctonos, sino impuesto por un estado que les es en gran medida ajeno y aprovechado por personas y colectivos cuyos intereses no tenían ni tienen que coincidir ni acoplarse, en principio, a los de sus obligados anfitriones. En segundo lugar, y a consecuencia de lo dicho, desde el siglo XIX, el proceso de integración ya no tiene por qué acabar con la sakalavización de los recién llegados25.

• 26 Véase una descripción ya clásica en Waast [1980].
• 27 Véase la interpretación de Goedefroit [2003] sobre el colapso del esquema de interacción tradiciona (...)

29Dado el marcado estilo extensivo de la economía del reino de Menabe, la integración forzosa no presentó durante mucho tiempo mayores problemas, al abrigo de la Pax Colonial o Malagasy. Exceptuando las zonas urbanas y algunas grandes plantaciones encaminadas a la exportación o al mercado urbano (en general más bien efímeras), el esquema de acogida fue entendido al modo tradicional, pero tradicional no quiere decir inmemorial26. Los recién llegados, aceptaban la prioridad espiritual y foncière de los tômpontany y éstos, para integrarlos en la vida social y económica local, les ofrecían a sus hijas en matrimonio; en un sistema más marcadamente patrilineal que en las Tierras Altas, ello suponía que los hijos de los forasteros no podían heredar más que un derecho de uso acordado por los autóctonos. La clave de todo el esquema era la ruptura de la patrilocalidad de los vahiny, que, en el pasado, permitía que los autóctonos «recuperaran» a los hijos de sus mujeres, que así se sakalavizaban. En la actualidad, no sólo esta recuperación es rara, sino que la afluencia de inmigrantes está haciendo innecesario o imposible el arreglo matrimonial. Al desaparecer el componente de relación entre suegros y cuñados, todo el edificio de la autoctonía se debilita, sustentado casi en exclusiva sobre los aspectos más ideológicos que privilegian la relación de los primeros habitantes con la tierra y sus fuerzas. A esta ideología, se ha venido oponiendo una defensa creciente de la primacía del valor de uso. Aunque se podría descansar esta oposición en la indudable existencia de cálculo y contingencia en la redistribución tradicional de espacios, el apoyo más poderoso, al menos en cuanto a la institucionalización, viene de la confluencia con el lema revolucionario de «la tierra para quien la trabaja», reentendido en las nuevas tendencias patrimonialistas del desarrollo27.

• 28 Esto ya es perceptible, por ejemplo en Belo-sur-mer (cerca del parque nacional de Kirindy-Mitea) o, (...)

30Es en esta coyuntura donde, con la mejor de las intenciones, se inserta la «comunidad de base». Éstas han aparecido tímidamente en las zonas más accesibles a la comercialización y a las economías intensivas (rizicultura o caña de azúcar cerca de los ríos o del célebre canal de Dabara, por ejemplo). Y en esas zonas, como es de esperar de la reiterada aplicación de políticas favorables a la inmigración, los autóctonos, los Sakalava, no son muchas veces ni la mayor de las minorías, bien porque se han visto desbordados por el número de vahiny, bien porque muchos Sakalava han emigrado hacia otras zonas más propicias a sus actividades. La propiedad colectiva de la tierra no evita que, al reformular la toma de decisiones sobre el acceso a los recursos (un hombre ­¡más raramente una mujer!­, un voto), quienes más tengan qué perder entre los locales sean los tômpontany, ya que ven obviadas sus relaciones privilegiadas con el lugar, excepto en localidades donde son muy mayoritarios. Y ciertamente no es ahí donde han empezado a activarse los procesos para constituir legalmente comunidades de base. A favor también de la llegada de inmigrantes y de manera mucho más vertiginosa, la comunidad de base puede llegar a ser uno de los mecanismos de marginación de los autóctonos en lugares remotos revalorizados por las políticas patrimonializadoras, por el ecoturismo o por la explotación de productos antes ignorados28. El esquema no es específico del Menabe, pero la escasa resistencia de los tômpontany sakalava a ser desplazados, al menos en apariencia, ha conducido a analistas y observadores a buscar en su idiosincrasia o en su estilo de vida las razones del ocaso sakalava.

• 29 La «retirada» o «huída» se dirigiría a las zonas menos habitadas, léase en última instancia «al nor (...)
• 30 Aun hoy, lejana ya la fase expansiva del Menabe, Fauroux [1999, 2001] indica que la conflictividad (...)

31Se ha explicado esta «retirada»29, en razón de la actividad de ganadería extensiva de los Sakalava, que les haría preferir tierras más áridas siempre que el acceso a los pastos fuera libre, preferencia que se uniría a una cierta timidez o renuncia al conflicto Semejante interpretación olvida la historia previamente aludida: en el pasado, antes de las sucesivas colonizaciones, los pastores y guerreros sakalava no se retiraban, sino que predaban sobre sus vecinos y defendían ferozmente su territorio30. Se puede argumentar simplemente que las «economías políticas extensivas» ­y el pastoreo es uno de sus epítomes­ están inadaptadas a los cambios del sistema-mundo actual. Este enfoque presenta varias lagunas. Para empezar, la economía sakalava siempre ha sido hasta cierto punto mixta y simbiótica, de amplio espectro ­muchos Sakalava son hoy día agricultores de regadío­, y en absoluto rígida frente a la evolución del medio. Además, la aproximación extensiva de los pastores sakalava (con sus combinaciones intensivas más o menos oportunistas) resulta adaptativa en entornos semiáridos, sin que, por el momento, los modelos desarrollistas hayan ofrecido alternativas viables.

• 31 Como insisten los tômpontany, no hay un palmo del Menabe ­ni del sudoeste pastoril­, por abandonado (...)

32Expertos, inversores y políticas estatales apenas han hecho más que seccionar los ecotopos del sistema-sakalava susceptibles de explotación intensiva; con ello han convertido el conjunto en menos sostenible. La especialización intensiva y mercantilista de las tierras irrigadas, de los caladeros y manglares o de los lugares de interés turístico esquilma el territorio más feraz en función de unos beneficios que apenas se reinvierten o se distribuyen localmente, amén de ser muy poco estables y siempre dependientes de un control externo de los precios inevitablemente perverso; al mismo tiempo, esa intensificación circunscrita de las explotaciones dificulta los movimientos necesarios para toda aproximación extensiva o mixta y devalúa, por tanto, el valor de las zonas periféricas (yermos, bosques no clasificados). Al cercenarlas, no sólo se arriesga la pérdida de su complementariedad económica, sino que se debilita su condición de ámbitos privilegiados para la negociación y la colaboración con otros grupos, no únicamente para el conflicto: no en vano dichas áreas resultan mucho más «conectables» a través de los «sistemas de clanes»31. Una de las coadyuvantes de esta debilidad es que el recurso sistemático al registro público, al admitir la lógica estatal, justifica y blinda el extrañamiento de esas zonas, particularmente los bosques, con su titularidad estatal, según la ley. El registro de las propiedades por parte de las comunidades de base no invierte esta fragmentación y tiene efectos políticos indirectos, al contribuir a deslegitimar ­y desregular­ las interacciones entre grupos «tradicionales».

• 32 Goedefroit [2002] señala como, a pesar de la inexistencia de conciencia patrimonial propiamente dic (...)
• 33 Para un acercamiento general al problema del utilitarismo de los saberes tradicionales, véase Roca (...)
• 34 Es significativo que ninguna estadística establezca las «poco correctas políticamente» cifras de lo (...)

favoritos para gestionar el nuevo desarrollo al tener un interés especial en legar los recursos que explotan a las siguientes generaciones32 combinado con un conocimiento acumulado sobre su gestión (vista la supervivencia secular de dichos recursos)33. Luego, su expulsión de los puntos calientes del sistema económico ­y no sólo por lo que se refiere a aquellos parajes cuyo aislamiento ha maximizado su biodiversidad­ sería un error a medio y largo plazo. Además, también hay que descartar la idea según la cual los Sakalava serían un grupo numéricamente residual, incapaz de asumir la gestión del territorio históricamente propio, con lo que su identidad colectiva tendría que ser sacrificado en aras al bienestar general. Aun sin concretar los números ­lo cual es vergonzoso­, hay acuerdo en que son mayoritarios en la región, y más todavía en las zonas cuyos indicadores convencionales de desarrollo son los más bajos34. Así pues, deberían ser una preocupación central de los impulsores del desarrollo participativo, y no lo son. En el fondo, el problema se plantea en términos políticos. Tras décadas viendo ignoradas sus formas de sociabilidad tradicionales ­sobre todo en tanto que sistemas políticos­, los Sakalava de Menabe no se han insertado en un grado significativo ­comparable a otros grupos de la isla­ en las nuevas instituciones sancionadas por las distintas fases del estado independiente. La III República y su descentralización (pública o «privada») no apuntan en otra dirección: ni un Sakalava figura en el

• 35 Referencia a un conocido título de Jan Vansina, retomado en varias ocasiones por mi maestro, Ferran (...)

34Dos líneas de respuesta casi han monopolizado la reacción más o menos reconocida a estos interrogantes. La primera atribuye la pobre representatividad sakalava a la acción de los poderes fácticos isleños, que, apoyándose en las estructuras coloniales y su legado habría perpetuado un colonialismo interno ­con todas sus justificaciones «progresistas» y con toda su coerción institucional­ que arrancaría de la ocupación parcial del viejo Menabe por el reino merina unificado de Antananarivo, en el siglo XIX. La segunda defiende que la invisibilización sakalava es consecuencia de ­¡ahora sí!­ la inadaptación de su sistema político tradicional a un contexto donde el bien común desborda los límites de las obligaciones del parentesco o de las lealtades derivadas del antiguo reino. Ambos posicionamientos se pueden acantonar en intereses facciosos que se descalifiquen mutuamente: barones locales contra administradores estatales (y hegemónicos). El CRD ­recogiendo la filosofía y la expertise más granada del desarrollismo progresista y sostenible­ asume las dos líneas de forma crítica para sintetizar su programa de acción asentado en las comunidades de base activas en un contexto descentralizado. Y sin embargo, los efectos se manifiestan sectarios. Es probable que la clave esté en la voluntad unitaria que sustenta todo el proyecto.

• 36 Acerca de la inanidad de estos fetiches del desarrollismo, véase mi reflexión sobre el capital soci (...)
• 37 Otro indicio de la inoperancia atribuida por los expertos a la tradición: la legislación sobre la g (...)

35El CRD acepta la evidencia sobre la que se levanta la primera línea de respuesta ­uno de los más claros ejemplos de desequilibrio regional en la isla­, pero rechaza su uso sistemático cuando sirve de pantalla victimista empleada por las élites locales para justificar su ineficiencia culpable ­corrupta­ y su clientelismo «a la contra». Sin embargo, ya se ha comentado tanto la acusación de anticentralismo visceral contra el CRD por parte de algunos analistas ­la base de todo victimismo clientelar­, como su coalescencia contradictoria con el estado. Éste siempre ha postulado explicita o implícitamente la segunda línea, incluyendo su versión reformada más actual, la «comunitarista», apoyada por el CRD. Esta enfoque implica que, pese a todo el discurso sobre la necesidad de la iniciativa local ­con toda su jerga de capital social, empoderamiento y demás36­, tanto el estado como el CRD obvian las estructuras sociales específicas de las sociedades locales ­con su armazón de relaciones de poder­, cuando no las desechan expresamente en tanto que disfuncionales37. Ni los linajes, ni los clanes ni, mucho menos, las etnias forman parte del entramado jurídico que debe fomentar la descentralización ni de las políticas que han de permitir la participación de las poblaciones en el desarrollo. El problema es que esas estructuras, más que vehicular, encarnan literalmente tanto las ventajas de los autóctonos para la gestión local (responsabilidad transgeneracional, conocimiento empírico acumulado) como la capacidad de los alóctonos inmigrantes para activar y distribuir los beneficios obtenidos de su desplazamiento. Por suerte, la ignorancia o incluso la franca hostilidad de la administración, la cooperación internacional o, simplemente, los expertos, no han bastado para hacer desaparecer ese tejido sociopolítico, por mucho que hayan podido contribuir a su «invisibilización».

• 38 Por ejemplo, el mismo concepto de «sakalava» permite conectar los grupos ­y recursos­ periféricos c (...)

36¿Por qué digo por suerte? ¿Hay que alegrarse de que se mantengan sistemas de relaciones que parecen limitar la productividad y, con ella, la competitividad en un mundo como el actual? Tal vez sí, ya que, pese a la propaganda, en ese contexto actual, y en el previsible a medio plazo ­más allá, entramos en el tiempo de los profetas, entre los que no me cuento­, la ayuda al desarrollo apenas podrá incidir más que puntual o secundariamente en los habitantes del Menabe, como en general en el África subsahariana. Luego, al no poder garantizar un desarrollo comparable al de los países ricos, el atractivo y el recurso a las nuevas instituciones ­incluida la «comunidad de base»­ será en conjunto subsidiario de las organizaciones preexistentes, que sí facilitan las relaciones entre personas y grupos o la flexibilidad de todo el sistema38. Con «subsidiario» no quiero decir «dependiente en sentido orgánico», sino más bien que se trata de una «opción secundaria y oportunista» en la solución de problemas cotidianos. ¡Como lo es el estado! Y ahí se abre el camino de respuesta a las preguntas que antecedían estas conclusiones.

• 39 Véase Roca [2005, 2007b] ; véase también Blanc-Pamard y Fauroux [s.d.] o Ottino [1998].
• 40 El estudio de esta conexión fue uno de los impulsos primeros de la presente investigación y es uno (...)

38Esto no equivale en absoluto a hablar de una Arcadia en Madagascar, algo que creo haber descartado con claridad en otros lugares39. Ni significa negar la desestructuración de los sistemas llamados tradicionales, aunque sí la relativizo: ¿o acaso en nuestros lares no vivimos bajo una advertencia continua ­y a menudo histriónica­ sobre la desintegración de la familia nuclear ­moderna­, de los sindicatos o de la democracia, sin que la mayor parte de los observadores teman por la desaparición de Occidente o de la modernidad? La Isla Roja es testigo de algunas de las más recientes piruetas de los hijos de la Ilustración. Tal vez la más espectacular sea la que podríamos llamar la «conexión trópicoweberiana», capaz de ensamblar el nuevo nacionalismo gasy del entorno de Ravalomanana, altamente homogeneizador, con la mencionada «pista helvética» y su utopía descentralizadora40. Pero la concepción colectiva que subyace dicha conexión ­asentada sobre una relectura del salvacionismo individual protestante que se metamorfosea en la célebre «sociedad civil» o en la «comunidad de base»­ no sólo no es única en el panorama insular, sino que muy a menudo un mismo individuo la alterna con otras filiaciones ­jerárquicas, comunitarias­ de un pedigree político mucho menos homologable internacionalmente. Reinterpretando el viejo proverbio merina que encabeza el artículo, y que fue recogido por celosos misioneros, desde las perspectivas isleñas, no habría una, sino muchas marmitas. La lección sakalava ­que podría hallar eco en multitud de «aulas» africanas­ se está dictando: falta saber si expertos y gestores prestarán atención y mejorarán sus «prestaciones». Pero tanto si lo hacen como si no, en el magma social malgache, hay más de un futuro. El profetismo opulento de la modernidad no es la única senda abierta en la maleza del desarrollo, lo que no es de extrañar dado que, como cada vez parece más claro que «son muchos los llamados, pero pocos los elegidos», resultan legión los que atajan por sus propias veredas, canturreando a menudo viejas consignas ancestrales.