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Tourisme, sécurité et violence multidimensionnelle

Playas en venta: Alianzas Público-Privadas y megaturismo en Guanacaste, Costa Rica (1990-2020)

Beaches for Sale: Public-Private Partnerships and Megatourism in Guanacaste, Costa Rica (1990-2020)
Daniel Fernández Vásquez, Jimena Palma Chacón et Dylanna Rodríguez Muñoz

Résumés

El presente artículo plantea el análisis de las Alianzas Público-Privadas como un mecanismo para el establecimiento de proyectos de megaturismo en Guanacaste, Costa Rica. Esta región ha experimentado desde los años noventa una expansión de esta actividad, la cual ha tenido diversos efectos a nivel social, económico y ambiental como lo son la escasez de agua y la privatización de espacios públicos. En este contexto las Alianzas Público-Privadas se presentan bajo un discurso de desarrollo y promoción del bienestar que a partir del análisis de expedientes y la realización de entrevistas se ponen en cuestionamiento.

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Notes de l’auteur

Este artículo surge de la investigación la investigación denominada “Bienestar por goteo y despojo por oleadas: Alianzas público-privadas en el megaturismo en Guanacaste, Costa Rica” realizada en el marco de la beca otorgada por CLACSO “Bienestar social y disputas por lo público y lo común en América Latina y el Caribe”

Texte intégral

Introducción

1Guanacaste es una provincia al norte de Costa Rica caracterizada por sus bellas playas y amplia biodiversidad que se combina entre montañas, manglares y gastronomía fruto del mar y la tierra cálida. Todos sus atractivos naturales han sido un imán para que grandes corporaciones dedicadas al turismo expandan sus negocios a lo largo de la costa, con mega complejos hoteleros, proyectos residenciales e infraestructura de servicios. Todo esto promovido bajo discursos de desarrollo y bienestar propios de un modelo extractivista que procura la privatización y comercialización de los bienes comunes de los territorios.

2Distintas experiencias comunitarias así como investigaciones académicas y periodísticas, han puesto en relieve que esa idea de desarrollo no responde a la realidad de la mayoría de familias que habitan esta provincia. Asimismo, las afectaciones ambientales y culturales han ido en aumento junto con la actividad turística.

3Este tipo de inversión ha venido en aumento desde la década de los setenta con la construcción en Liberia del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en 1975 y repuntando más adelante con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en el 2007, poniendo de relieve una serie de alianzas para fortalecer la inversión extranjera. Bajo un entramado de mecanismos de gestión tanto públicos como privados, se refuerza la inversión privada para el mercado turístico, mientras se profundiza el despojo del territorio así como las implicaciones ambientales.

4El papel del estado es medular en relación a esta actividad extractiva, fortaleciendo el discurso de desarrollo promovido desde el sector empresarial, con una postura economicista sobre bienestar y focalizando la atención y recursos en virtud de los intereses de los inversionistas, alejándose de las necesidades de las comunidades. Todo ello, ha sido reforzado mediante la legislación vigente, la cual se expresa en figuras tales como alianzas, convenios, iniciativas y declaratorias que allanan el camino para la inversión privada.

5Frente a dicho escenario, surge la investigación “Bienestar por goteo y despojo por oleadas: Alianzas público-privadas en el megaturismo en Guanacaste, Costa Rica” realizada en el marco de la beca otorgada por CLACSO denominada “Bienestar social y disputas por lo público y lo común en América Latina y el Caribe”, de la cual se desprende el presente artículo.

6La investigación se llevó a cabo de Octubre del 2021 a Julio del 2022 y tuvo como objetivo principal analizar el impacto de las alianzas público-privadas en la construcción de bienestar social en el contexto de la expansión del megaturismo en Guanacaste durante el periodo 1990-2020. Con ello, aportar a las discusiones y posibles acciones de comunidades y organizaciones en la disputa por los usos del territorio. De esa forma, fue vital conocer cómo se profundizan las lógicas del megaturismo a través de las APP y su impacto en el bienestar social.

7El megaturismo como extractivismo, es una expresión del colonialismo de bienes comunes de la naturaleza y qué mantiene sus bases en la apropiación y transformación del territorio, a la vez qué profundiza el despojo, las desigualdades y las violencias. El acto extractivo de convertir lo común en privado, refiere en definitiva, a un proceso qué Composto y Ouviña (2009) denominan “estado de separación”, el cual, consiste en la separación de las poblaciones de su territorio debido a qué este, pasa a ser mercancía.

8Las formas en las que se enclava esta actividad de capital transnacional en Guanacaste y cómo operan las APP favoreciendo la venta de las playas y otros bienes comunes, será analizado a partir de tres casos propios de los polos turísticos:

  1. Polo Turístico de Papagayo,

  2. Conglomerado turístico Playa Hermosa, El Coco, Ocotal

  3. Polo Turístico Tamarindo.

9Para adentrarse en las dinámicas antes mencionadas, la propuesta metodológica con la qué se recabó la información, constó de entrevistas a personas ligadas al turismo en la zona y organizaciones, revisión de expedientes de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), estudios de impacto ambiental y revisión bibliográfica. Por tanto, la investigación de la cual deriva este texto así como los propios análisis aquí propuestos, son un esfuerzo importante por colocar bajo la lupa una situación actual qué se recrudece y que precisa de análisis críticos e integrales.

10Justamente, tanto la investigación como el presente artículo buscan posicionar la justicia ambiental y los derechos humanos como elementos transversales claves qué aportan no solo a la academia sino a quienes defienden el territorio frente a extractivismos de bienes comunes en el fortalecimientos de sus procesos organizativos de lucha.

1. Los extractivismos, el discurso de desarrollo y el mega-turismo

11El megaturismo no solo implica una apropiación de la naturaleza, sino también, al igual que otros extractivismos como los monocultivos, tiende a ser una actividad qué busca la homogeneización del territorio. Además, en este caso, se funcionaliza el territorio-destino. Es decir, se vende la idea del contacto con la naturaleza en lugares paradisíacos como lo son las costas de esa provincia, exclusividades que solo algunas personas pueden adquirir, dado el alto costo de los servicios qué operan allí.

12La dinamización del mercado turístico, se basa en diversas políticas públicas creadas para suplir las demandas de los países “desarrollados”, todo ello en detrimento de la biodiversidad. A esto se suma, como ya se ha mencionado, la apropiación de un territorio que aguarda cultura, cotidianidades y subjetividades qué son invisibilizadas y obstruidas por un modelo qué revestido de supuesto desarrollo, únicamente apunta al desarrollo financiero de grupos específicos. Estos sectores inversionistas, logran ponerle dentro del mercado, un precio a la naturaleza, “existen varios ejemplos donde el turismo a gran escala ha tenido efectos nocivos sobre la biodiversidad, entre los cuales se incluyen los arrecifes de coral, manglares, bosques, ecosistemas áridos y semiáridos, así como la montaña” (UNEP & UNWTO, 2011, p.421).

13A pesar del daño socio ambiental que ocasionan estos proyectos, el discurso que mantienen los desarrolladores es el de “conservación y sustentabilidad” como parte de la estrategia para ganar legitimidad entre las poblaciones. Sin embargo, la nueva configuración de ese territorio, deja a la vista la gran transformación qué ha tenido el paisaje, de manera qué muchos de los manglares hoy son habitaciones de hotel, por mencionar un ejemplo.

“Varios grupos ambientalistas costarricenses consideran que las grandes cadenas internacionales de hoteles son las responsables, junto a las autoridades políticas, del acelerado proceso de privatización de la zona marítimo terrestre y del desplazamiento de pequeñas comunidades pesqueras que habitaban en las costas del país.

Emporios transnacionales como Four Seasons, Marriott y Riu son ejemplos de las empresas que disputan a las comunidades locales recursos vitales como el agua, escasa en la región costera caracterizada por su clima seco la mayor parte del año”. (Radio Mundo Real, 2011)

14Justamente, esta lógica de desarrollo que promociona las playas como un acceso y disfrute privado y privilegiado, es el caldo de cultivo para que, al promocionar las playas como privadas. El desarrollador asegura el acceso privilegiado de los huéspedes a un sector público que debería ser disfrutable por todas las personas sin regulación de un ente privado. En este caso, los megahoteles actúan como propietarios de los accesos, aportando transporte privado o seguridad como parte del cumplimiento legal, pero al mismo tiempo obstaculizando el acceso verdaderamente público y no condicionado. Respecto a las Alianzas Público-Privadas (APP), en estos casos es evidente que las instituciones, deberían asegurar el acceso público, pero al contrario, se alían con los desarrolladores privados para proveer el acceso, bajo los términos del hotel.

15La ruta de expansión del mercado turístico, ha sido facilitada por diversos gobiernos, quienes implementan en el país, estrategias que se construyen desde organismos internacionales y empresas privadas, en relación a la forma en qué se debe insertar el megaturismo como actividad de enclave, en ellas, se evidencia una preponderancia de la hospitalidad para el extranjero y las altas rentas para las inversiones transnacionales.

16El Estado entonces, juega un papel fundamental para fortalecer la relación público-privada que sostiene intereses particulares en detrimento de lo común y colectivo, vínculo que además intensifica la mercantilización de la mano de obra con prácticas laborales de violaicón de derechos. En esa línea, cobra sentido como refiere Dalila (2020), que quienes tienen más poder imponen concepciones de desarrollo, que violentan a los pueblos mientras consolidan una vía de desarrollo que afecta de demasía el bienestar de las poblaciones locales para incentivar el turismo transitorio. Una moneda de cambio, que sin lugar a dudas, es muy costosa para la mayoría y por supuesto, para el medio ambiente.

2. El contexto del turismo en Guanacaste

17La primera institución a nivel estatal creada en Costa Rica para la promoción del Turismo fue la Junta Nacional de Turismo, esto en el año 1934. En 1955 esta pasaría a transformarse en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Nombre que mantiene hasta hoy en día. Es posible señalar que desde ese momento empiezan a gestarse distintas leyes e iniciativas para el fomento del turismo en el país como una importante actividad económica.

18Específicamente, en la provincia de Guanacaste, es posible identificar algunas iniciativas para promover el turismo en la región desde 1935 (Arrieta y Rivera, 2009). Sin embargo, Blanco (2018) señala que es hasta la década de los noventas que se presenta un desarrollo extensivo del turismo en esta región como “resultado de planes gubernamentales y determinadas políticas económicas” (p.5). Este empuje en la inversión para el turismo generó un amplio crecimiento en las divisas generadas por dicha actividad. Estas pasaron de $104 millones de dólares en 1996 a $3 657 millones de dólares para el 2016 (Blanco, 2018).

19Un recuento de los datos mostrados por Blanco (2018) con respecto al incremento de esta actividad en los últimos 20 años muestra incrementos considerables en la cantidad de turistas en el país, pero también en la concentración de de empresas que manejan las habitaciones de hotel. Esto puede interpretarse como un aumento en la concentración de la actividad y en la construcción de hoteles con alto número de habitaciones. A partir del 2010, Guanacaste pasa a ser la provincia con mayor cantidad de habitaciones con declaratoria turística (sobrepasando a San José).

20Para poder generar una lectura atinada de los efectos que ha tenido esta estrategia, considerando las muy diversas dinámicas que se generan a su alrededor, se vuelve necesario, como bien señala Blanco (2018):

“el análisis histórico de situaciones estructurales presentes en los procesos de desarrollo, como las características de los modelos productivos aplicados y su relación con la distribución y concentración de la riqueza, la influencia de las élites nacionales y regionales en el planeamiento y ejecución de las políticas de desarrollo, el comportamiento de las entidades gubernamentales nacionales y regionales, el actuar de los partidos políticos, la intromisión de intereses económicos y políticos en el aparato público y el papel desempeñado por la sociedad civil, como actor vigilante de su proceso de desarrollo, seleccionador y fiscalizador de sus gobernantes” (p. 84).

21Esto al considerar que diversos datos, muestran un gran aumento en la inversión y una disminución de algunos indicadores económicos de la región Chorotega como la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad y el desempleo. Esto principalmente entre finales de los años noventa y hasta aproximadamente el 2010. Sin embargo, desde esta fecha y hasta el 2022 estos números han ido subiendo, con excepción del desempleo y la pobreza extrema que entre 2021 y 2022 presentaron una leve disminución. (Blanco, 2018; INEC, 2022; INEC 2023).

22Sumado a esto, en el caso de Guanacaste se vuelve vital reconocer los efectos a nivel socioambiental y cómo estos han devenido históricamente en conflictos que han enfrentado a grupos comunitarios con las empresas, inversionistas e instituciones del Estado que se tejen muchas veces en las llamadas Alianzas Público-Privadas. Si bien desde estas, históricamente se ha promovido un discurso del avance y el desarrollo sostenible, como señalan Fournier y Fonseca (2007, citados en Blanco, 2018, p.32) señalan que:

“En Guanacaste, la actividad turística se ha caracterizado por ocasionar transformaciones ambientales importantes como deforestación, contaminación y cambio del uso del suelo, como ha sucedido en las poblaciones de Brasilito, Flamingo, Tambor y Sámara, donde bosques enteros fueron talados, manglares drenados y esteros rellenados para construir hoteles, zonas verdes y canchas de golf, y han surgido verdaderos botaderos a cielo abierto de desechos sólidos y líquidos provenientes de las empresas turísticas”.

23A pesar de estos datos, e implicaciones a nivel ambiental y social, la promoción para la construcción de grandes hoteles y el fortalecimiento (o flexibilización en algunos casos) de políticas y reglamentos para el fomento de la inversión se maneja como la gran y única solución. Incluso, en palabras de Blanco (2018, p.34) “parece más bien que el Estado costarricense está más interesado en las divisas y ganancias económicas que genera el turismo extensivo que en proteger el medio ambiente y asegurar el bienestar de los habitantes”.

24Hemos señalado que una de las principales herramientas para movilizar y dinamizar la actividad del mega-turismo han sido las Alianzas Público-Privadas, que desde un discurso para el desarrollo se presentan a lo largo de la provincia. A continuación daremos una mirada a las formas en que estas se definen y cómo han funcionado específicamente en la proliferación del mega-turismo en la provincia de Guanacaste.

3. Alianzas Público Privadas como discurso de desarrollo en Costa Rica

25Definir las Alianzas Público-Privadas (APP) implica necesariamente la descomposición de sus partes, que en esencia, determinan un vínculo o conexión bilateral entre un actor perteneciente al sector o denominación pública y el otro, a su contraparte privada. En la práctica, sin embargo, la definición o delimitación de estas alianzas es muchísimo más compleja. Estos vínculos entre el Estado y la inversión privada o extranjera como parte de las estrategias de desarrollo son conocidas más comúnmente en ámbitos como infraestructura o salud, entendidas preliminarmente como vínculos entre la institucionalidad pública del Estado y el sector privado, sea este mediante inversión, gestión o concesión.

26En Costa Rica las APP poseen su propio marco legal, que incluye la ley 7762 y sus reformas (decretada en 1998 y con su última reforma en 2008), relacionadas con la concesión de obra pública vinculada al servicio público, la cual constituye en gran medida el marco institucional en el que operan las concesiones y define así mismo algunas posibles figuras que operan como APP: concesiones de obra pública, concesiones de obra pública con servicios públicos y la optimización de activos. Además, el “Reglamento de colaboración público-privada” (2016), desarrollado inicialmente con la intención de regular la infraestructura pública que se gestiona mediante estas alianzas, además se incluye regulación sobre prestación de servicios.

27Del 2018 el “Reglamento para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público privadas para el desarrollo en el sector público” enmarcado dentro de la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030, sostiene como ejes principales la lucha contra la pobreza y la participación social y hace énfasis en la necesidad de fomentar las Alianzas Público Privadas para el desarrollo (APPD). La “Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas” (Expediente N.° 21.420) define las APP en su artículo 3 como una “relación contractual, por plazo definido, entre sujetos públicos y privados dirigida a la obtención de objetivos, metas y productos públicos, que combina recursos financieros, de infraestructura y humanos de las partes; que distribuye riesgos entre los socios”.

28Qué prestaciones, intercambios o conexiones pueden generar estas alianzas es verdaderamente difícil de delimitar; pues no se trata únicamente de intercambios de bienes materiales o gestiones finitas, sino que también son canales mediante los cuáles el sector privado influencia al sector público y viceversa, con el fin de cumplir un objetivo mutuamente acordado. Según Ortiz (2021), se trata más bien de un “concepto paraguas”, “que se utiliza para identificar cualquier técnica de desarrollo y financiación, pública y privada, que implique una importante financiación de ambos sectores. No se trata de una figura monolítica, pues no existe un modelo único, sino que en la práctica varía atendiendo a las circunstancias concurrentes y a las necesidades de interés público” (párr. 7).

29Si bien no todas las iniciativas turísticas pueden ser consolidadas por fondos estatales-públicos, estos sectores sí pueden conjurar y ser parte de una alianza estratégica facilitando marcos regulatorios y legales que faciliten la puesta en uso del capital privado. En la mayor parte de los escenarios, puesto que el sector privado no posee naturalmente, tantas trabas burocráticas e institucionales, poner a funcionar el engranaje con el sector privado implica la invención u omisión de estructuras legales paralelas con el fin expreso de agilizar una proyección estatal del turismo.

30Estas conexiones, en el marco del desarrollo del megaturismo y la infraestructura turística, se consolidan entonces como convenios, declaratorias (como la del Polo Turístico del Golfo de Papagayo descrita más adelante), facilidades para la inversión extranjera, marcos regulatorios, legislación y alianzas con inversionistas. Consorcios, convenios, alianzas estratégicas, legislación, colaboraciones, planes de acción conjuntos, podrían entonces funcionar como APP en contextos de desarrollo turístico e inversión extranjera.

31En el caso del megaturismo en Guanacaste, pareciera ser que las alianzas que han consolidado la construcción de mega hoteles y financiado megaproyectos de desarrollo de infraestructura para turismo, van también acompañadas de una voluntad explícita por parte del sector público (el gobierno y sus ministerios). Esta es consolidar el turismo como sinónimo de desarrollo, aunque esto implique irregularidades legales e índices alarmantes de desarrollo humano en las regiones turísticas.

32Entendemos entonces las APP como alianzas estratégicas entre organizaciones o instituciones del sector público y del privado, bajo la cual operan lógicas de financiación, regulación, gestión y desarrollo de infraestructura y/o servicios que generan una relación de beneficio para ambas partes.

33Como parte de estas alianzas y sus estrategias, entendemos además los intentos del Estado costarricense y de sus instituciones para posicionar lo público-privado como herramienta predilecta y sinónimo de “desarrollo”, así como el crecimiento económico y el discurso del país como paraíso turístico, mediante el uso de incentivos económicos para la inversión, convenios, legislación (Ley de incentivos al desarrollo turístico No. 6990, Declaración de zonas turísticas, entre otros), relaciones bilaterales y la búsqueda, atracción y facilitación de inversión privada en turismo.

4. Un camino para algunos ¿Qué nos dicen las experiencias y el análisis de casos sobre el proceso administrativo de permisos en el marco de las APP?

34Las dinámicas que se tejen para la instalación de proyectos turísticos en Costa Rica conllevan caminos que permiten, cuanto menos, preguntarse ¿qué permisos se requieren para poder construir edificios que pueden llegar a albergar cientos o hasta miles de turistas diariamente y qué otros trámites son necesarios para darle valor agregado a estos proyectos comerciales? Esto en tanto el acceso a la posibilidad de integrarse en esta economía es casi nulo para la mayoría de la población.

35Entre las leyes y lineamientos existentes para regular y/o promover la actividad turística en Costa Rica es posible puntualizar algunos factores y situaciones que se presentan en la actualidad en algunos de ellos:

  1. Ley de incentivos al desarrollo turístico No. 6990 (1985): Buscó promover un avance de la actividad turística en el país a través de incentivos y exenciones para los servicios de hotelería, transporte de turistas a nivel nacional e internacional, entre otros. Todas estas son otorgadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

  2. Ley de Zona Marítimo Terrestre: Muchísimas de las zonas abarcadas por los proyectos de mega-turismo se ubican, al menos en parte, en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Esta comprende una franja de 200 metros (m) definida a partir de la línea de la marea alta. A partir de esta ley se define que los primeros 50 mts desde el mar son Zona Pública y los restantes 150 mts como Zona Restringida, de naturaleza inalienable, es decir, que se puede dar en concesión por parte de la Municipalidad a su cargo, pero no es privatizable.

  3. Declaración de zonas turísticas: En Costa Rica, corresponde al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) establecer áreas de interés turístico. Para ello se requiere el criterio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU, 2018).

  4. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Es posible señalar a partir de los paisajes sobre-urbanizados dentro de la Zona Marítimo Terrestre que existen preguntas sobre la forma de evaluar los grandes proyectos inmobiliarios que se han estado instalando en Guanacaste.

  5. Método de evaluación por puntajes: Este categoriza a las actividades según sus dimensiones, en cuatro niveles de Impacto Ambiental Potencial (IAP): Alto (A), Mediano Alto (B1), Mediano Bajo (B2) y Bajo (C).

  6. El uso de los espacios públicos dentro de la ZMT: “Este es el derecho que tiene toda persona de usar y disfrutar la zona pública en toda su extensión, sin otras limitaciones que las impuestas por las leyes y sus reglamentos”. El decreto 7841-P, art. 9, menciona al respecto que el derecho al uso público de los espacios debe considerar el interés general, garantizando el acceso y libre tránsito de cualquier persona.

36A partir del estudio de los expedientes de cinco proyectos de mega-turismo y de la realización de entrevistas que se mencionó al iniciar este artículo, ha sido posible identificar diversos factores en las formas en que los procesos administrativos y las legislaciones son aplicadas, o aplican en ciertos casos. Los expedientes que se revisaron fueron los hoteles Four Season, la Fase 1 de la Reserva Conchal, el Centro de Servicios Complementarios de la Reserva Conchal, el Hotel CH Papagayo, Hotel DP3 Papagayo. Todos estos ya cuentan con viabilidad ambiental.

37A pesar de existir legislación y reglamentación, no quiere decir que sea la más actualizada ni la más adecuada para este tipo de proyectos turísticos. El hecho de que se propongan y se lleven a cabo megaproyectos evidencia que existe una carencia de transparencia y apego a la ley.

38Se vuelve necesario entonces cuestionar dónde está el sesgo, o el portillo que se deja abierto para que, aún existiendo leyes creadas para la protección del ambiente, el megaturismo en Guanacaste aporte lo suficiente a los intereses políticos y económicos como para ignorar que va en detrimento de la biodiversidad y de las comunidades.

39El portillo que mencionamos anteriormente, se encuentra constantemente vinculado con las APP. Parte de estos megaproyectos que han ido en crecimiento en los últimos años están vinculados a personas que integran partidos políticos y que asumen cargos de poder en el gobierno central, que los hacen posibles aunque sean contraproducentes ante la legislación ambiental.

“Generalmente, los proyectos turísticos se les dan a los desarrolladores; los que entraron aquí son los políticos y los que tienen patas. La mitad del proyecto, que es la península, el Four Seasons, todo eso, como 1200 hectáreas, se le entrega a Eco Papagayo; la Cervecería de Costa Rica. Ellos ya estaban en el negocio turístico en Conchal. Conchal es de la Cervecería de Costa Rica, como 600 hectáreas que se las compraron a una figura del Partido Liberación Nacional” (Entrevista 1, Península de Papagayo, 2022)

“Aparte de la cervecería, está un ex ministro de turismo, junto con un ex ministro de la presidencia como asociado. Es decir, le entregaron 1200 hectáreas a la cervecería para que metiera a Four Seasons, aquello que es la marina y aquel otro hotel por allá; ya eso es negocio de ellos. Y el ICT, nada. Entregó esas hectáreas como a $1 el metro cuadrado, cuando la venden a $500 el metro cuadrado. Con el privilegio que, en ese momento, les dieron 50 años, cuando las concesiones en Papagayo eran por 20 años” (Entrevista 1, Península de Papagayo, 2022).

40Como consecuencia de este tráfico de influencias, son posibles las propuestas y puestas en marcha de iniciativas que se formalizan administrativamente por medio de figuras ambiguas y difíciles de caracterizar, por ejemplo, en planes reguladores y otras documentaciones en esa línea, lo que quiere decir que cuentan con un respaldo legal. Sin embargo, esos pseudo-criterios institucionales han evidenciado vez tras vez, el impacto negativo que generan en los territorios y sus poblaciones. Si bien parte de la promesa está ligada al desarrollo, y en reducidas ocasiones, las personas de la comunidad logran vincular sus actividades socioeconómicas al turismo, se ven vulnerabilizadas en cuanto al acceso a servicios de calidad y condiciones básicas ligadas con sus derechos humanos, de forma igualitaria y humanizante.

41Un ejemplo de lo estas dinámicas en Bahía Brasilito, se hizo de conocimiento público cuando un ex diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) denunció que:

“años atrás el hermano de una legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), obtuvo once concesiones haciendo uso de sociedades mercantiles distintas, para desarrollar proyectos turísticos. Él fue directivo del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) del ICT. También denunció las presiones de un exministro de competitividad y una exdirectora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), ejercieron sobre algunos de sus empleados para agilizar los trámites y otorgar los permisos respectivos. Citó como ejemplo el caso de una funcionaria de SETENA, que fue presionada para que estudiara y aprobara el proyecto rápidamente, al punto de que elevó una carta para que la reubicaran de puesto” (Semanario Universidad, 2011)

42El incremento de inversión focalizada en comunidades que históricamente se han dedicado a labores artesanales y locales, ha aumentado el costo de vida de manera exponencial. Estas condicionantes han preparado el terreno para que opere de manera exitosa la lógica extractivista; a partir de la reterritorialización. Dadas estas circunstancias es posible ampliar la red que sostiene la institucionalidad y con ello la dominación y utilización del territorio. Estamos entonces ante una especie de latifundios turísticos-costeros compuestos por cadenas hoteleras, residenciales habitacionales, operadoras de tours y demás actividades económicas vinculadas a esa actividad.

43A pesar de que es ilegal apropiarse de los espacios descritos dentro de la Ley de ZMT (Zona Marítimo Terrestre), las costas ha sido presa de mecanismos más sutiles por parte de los conglomerados turísticos privados para cercar los espacios comunes.

44Uno de los casos más conocidos es el de Playa Blanca y Playa Virador en el Polo Turístico de Papagayo (PTP), en donde el “acceso” a las playas no es posible a menos de que se utilice el transporte dispuesto por el hotel, por lo que se limita el acceso al vehículo propio. Aunque parezca que no se privatiza la playa porque el hotel garantiza la accesibilidad con sus propios recursos, en realidad esta responsabilidad debería recaer sobre la gestión municipal, que debe velar porque todas las personas tengan acceso a los espacios públicos sin intermediarios. Este caso (uno de tantos) constituye un claro ejemplo de cercamiento de lo común y de esas múltiples formas de apropiación del territorio.

45Los megahoteles logran a partir de las APP una alianza con entidades como las municipalidades que les permite regular la entrada a las playas, garantizando un acceso privilegiado para sus huéspedes. Promocionan como “playas privadas” espacios que por legislación son públicos. En ocasiones hacen uso de estrategias como la colocación de transporte privado o seguridad para manejar estos accesos, bajo un discurso de protección del espacio y “garantía” de acceso para el público. Esto siempre bajo los términos del hotel (horarios, vías de entrada, entre otras). Sin embargo, es claro que este no debería ser condicionado de ninguna forma.

46Desde una mirada ambiental es posible señalar algunas de estas formas de Alianza. En los cinco complejos hoteleros estudiados para este trabajo se visibiliza el impacto de estos sobre las fuentes de agua, deforestación, manglares, arrecifes. “Esto era todo bosque; el bosque no se puede concesionar. Para cambiar el uso de suelos de estas zonas como humedales o manglares, que es ilegal en CR, usan la herramienta del fuego” (Entrevista 1, Península de Papagayo, 2022)

47En esta misma línea sobresale una gran contradicción. Mientras que la actividad turística se sostiene desde el discurso de la belleza natural de Costa Rica y la diversidad natural de la región, los efectos del desarrollo de estos megahoteles cercan y reemplazan la naturaleza y lo común por estructuras de cemento que intentan camuflarse. Todo esto a simple vista. Una visita a la zona permite observar un escenario de destrucción del entorno natural y una conversación con vecinos y vecinas permite reconocer los efectos en el acceso al agua y a espacios comunes. Considerando esto planteamos las cuestiones ¿Es entonces la explotación de los bienes comunes una necesidad inevitable? Ante esto una persona entrevistada nos comentó lo siguiente:

“Yo diría que, a nivel de comunidades, por ejemplo, en Villa Real ahora sí están sufriendo un poco con el tema del agua, porque después del COVID comenzó la demanda de que la gente quiere construir. Y ¿qué pasa? La ASADA (sistema comunal de gestión del agua) ha estado construyendo para todos los pueblos costeros más importantes de toda la parte de Santa Cruz y creo que en el Coco hay unos tanques enormes de agua para atender a las comunidades costeras como Brasilito, Tamarindo, Potrero y otros. Lo triste es que esa agua viene solo para estas comunidades [haciendo referencia a la comunidad donde se ubican los grandes hoteles] (Entrevista 2, Tamarindo, 2022).

48Todo lo planteado permite señalar que las APP que respaldan estos desarrollos no están pensadas para fortalecer el bienestar de las comunidades, sino para responder intereses privados, la mayoría de ocasiones de carácter económico. Esto hace evidente la necesidad de regulaciones que fortalezcan la organización comunitaria y las necesidades reales para mejorar el bienestar de quienes habitan estas regiones.

Reflexiones

49La imposición de un modelo de desarrollo capitalista, colonialista y patriarcal, se ha profundizado en las sociedades y territorios, reposicionando una idea de bienestar que dista de los derechos humanos y favorece mayoritariamente al gran capital. Entonces, se pueden identificar indicadores de desarrollo pero al mirar de cerca estos son desiguales y se instalan en una minoría qué logra controlar la toma de decisiones y habilita reglamentación y legislación que se encamina a través de contradicciones irreconciliables con las poblaciones y los bienes comunes.

50En el caso de Guanacaste, paradójicamente, la devastación de la naturaleza se agudiza con la promoción a nivel internacional de Costa Rica y sus playas como destinos turísticos imperdibles, todos los atractivos que se presentan hacia afuera bajo la idea de verde, natural y “esencial” no es más que un engaño y un escudo utilizado desde el discurso hegemónico para invisibilizar el daño profundo que la actividad causa y que surtirá sus efectos paralelamente con el cambio climático.

51Por otro lado, la implantación de este discurso de desarrollo y bienestar está apalancado en mecanismos que favorecen el desarrollo económico para unos pocos, accionar que solo es posible cuando se burla la legislación vigente mediante otros mecanismos legitimadores. Las APP, en su amplio espectro de alianza entre lo público y lo privado, son capaces de socavar un marco legal ambiental y de uso público de los espacios porque el aparato estatal (lo público) así se los permite, o al menos, mira hacia el otro lado mientras se ejecutan proyectos que no son verdaderamente viables a nivel ambiental o sociocultural.

52Este discurso de desarrollo no es único de Costa Rica y de Guanacaste, es una lógica que se repite a lo largo y ancho de América Latina y que ofrece, en ocasiones, a precios muy elevados en capital humano y ambiental, el país como un campo de juego para inversionistas que ostentan el poder de burlar la legislación vigente apoyados por el mecanismo institucional público. Es necesario cuestionar cómo las APP operan en los contextos específicos, por definición, son aparatos de colaboración que se plantean desde un alineamiento con los ODS de la legislación humanitaria internacional, pero que al mismo tiempo, han funcionado como receptáculos de una lógica extractivista que durante muchos años ya ha disfrazado de bienestar y desarrollo.

53Finalmente, frente a un escenario de separación, destrucción y complicidad del sector público con la inversión privada, es fundamental que las comunidades fortalezcan sus redes organizativas para visibilizar dentro y fuera del país, el daño atroz supone esta “no pura vida” Costa Rica, a la que lamentablemente los gobiernos han servido en bandeja de plata al capital transnacional. Son vitales las acciones colectivas que cuestionen las formas en qué se ejecuta la legislación y el monitoreo social de las leyes qué se aprueban.

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Bibliographie

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Pour citer cet article

Référence électronique

Daniel Fernández Vásquez, Jimena Palma Chacón et Dylanna Rodríguez Muñoz, « Playas en venta: Alianzas Público-Privadas y megaturismo en Guanacaste, Costa Rica (1990-2020) »Études caribéennes [En ligne], 57-58 | Avril-Août 2024, mis en ligne le 15 avril 2024, consulté le 24 juin 2024. URL : http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/etudescaribeennes/30607 ; DOI : https://0-doi-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/10.4000/etudescaribeennes.30607

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