• 1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación FFI2008-02107, de la Secretaría de Estado de (...)

1El impulso inicial de los procesos revolucionarios liberales desde el setecientos contenía un generalizado carácter reformista y antidespótico, pero no necesariamente antimonárquico. Si prescindimos de las experiencias iberoamericanas (y con muchos matices), las contadas excepciones, tanto en Europa como en América del Norte, confirmarían la regla general de un proceso que, como afirma Langewiesche, hizo del ochocientos «el siglo burgués, el siglo de la nación y del Estado nacional», pero también «el siglo de la monarquía»1. España no fue un caso aparte: el primer proyecto liberal gaditano contempló la monarquía como forma de Estado, sin que ello, como tendremos ocasión de ver, le garantizara ni la permanencia ni una sólida base de legitimidad a lo largo de los agitados años de la revolución y de la post revolución.

• 2 En el artículo 2º de la Constitución gaditana se afirmaba que la nación «no es ni puede ser patrimo (...)
• 3 En el caso español quedaron tempranamente diferenciados los bienes patrimoniales pertenecientes a l (...)

2La Constitución de 1812, en un peculiar contexto de ruptura institucional y de crisis de soberanía, supo incorporar de manera admirable todo el amplísimo lenguaje antidespótico de la Ilustración tardía y configurar un sentido de nación política que se desgajaba nítidamente de los resabios patrimonialistas del absolutismo. En este sentido, la monarquía fue reubicada en el nuevo entramado institucional a costa de perder su vieja legitimidad histórica, religiosa, “natural”, y justificarse como poder constituido por la voluntad soberana de una nación que no se reconocía como propiedad de ninguna familia2. La nación se rescataba a sí misma y desde su autonomía apartaba al monarca de su tradicional patrimonialismo para convertirlo en un poder más, sustentado económicamente por la denominada “lista civil”, o contribución que esa misma nación destinaba a sus necesidades y mantenimiento propio y de su familia. Desde este punto de vista, aquello que en la tradición española era conocido como «Patrimonio Real»3 debía ser abolido, configurándose la nación como la nueva titular de sus derechos, bienes y regalías, y destinando o reservando al monarca y a su familia aquellos lugares simbólicos y necesarios para el decoro y desempeño de su alta misión. Tal fue el sentido del inaplicado decreto de Cortes de 28 de marzo de 1814 que señalaba indudablemente el carácter constituido de la institución monárquica. Sin embargo, y como manifestación ya temprana de las profundas tensiones que el tema del patrimonio regio iba a generar, el propio decreto introducía una tercera perspectiva historicista por la que se señalaba un patrimonio privado del rey que debía resultar del análisis y expurgación de los documentos y títulos existentes en el archivo de Palacio y de las distintas Secretarías de Estado.

• 4 El decreto de 28 de marzo de 1814 in Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Corte (...)

4La vuelta de Fernando VII en 1814 introdujo un giro espectacular en las intenciones soberanistas de las Cortes gaditanas. A partir sobre todo de 1816, el monarca absoluto reafirmó el carácter privado del Patrimonio Real en un movimiento que le distanciaba incluso de las tendencias patrimonialistas del setecientos, y procedió a una separación nítida entre la administración de la Casa Real y Patrimonio y la del Estado. Su reafirmación como propietario no ocultaba su pretensión de un universalismo patrimonialista que iba a implicar el mantenimiento de una jurisdicción privativa sobre sus dominios frente a los generales de la nación y, en consecuencia, una capacidad nunca ocultada de recuperar supuestos derechos perdidos o usurpados por terceros, especialmente nobleza y corporaciones municipales. Incluso los sectores más conservadores de la sociedad en esos momentos, encarnados en los Grandes de España, denunciaron esta amenaza4.

• 5 Sobre la aguda conflictividad social desencadenada por la cuestión patrimonial tras la muerte de Fe (...)

5Ambas opciones, la soberanista (aplicada de nuevo entre 1820 y 1823) y la patrimonial privativa (recuperada desde 1823 hasta la muerte del rey en 1833) se convertirían en los dos referentes fundamentales en conflicto a lo largo de todo el siglo XIX, durante y después de la revolución. Desde la regencia de María Cristina (1833-1840), viuda del monarca, la relación entre la monarquía y el liberalismo se tornó de recíproca necesidad, entre otras razones por la cruenta guerra civil desencadenada por la cuestión sucesoria que planteó el carlismo como opción antiliberal. Ello no impidió, no obstante, que la regente se mostrara como fiel continuadora del empuje patrimonialista de su marido, herencia a preservar para la sucesora en el trono, su hija Isabel II. Tal actitud provocó en no pocas ocasiones una gran incomodidad entre los diversos sectores liberales, agudizada por las actitudes políticamente retrógradas de gran parte de la administración patrimonial. La constante vulneración cuando no incumplimiento por parte de ésta de las normas dictadas por las Cortes alentó acusaciones de connivencia con los sectores carlistas, con todo lo que esto comportaba, y una aguda conflictividad social, especialmente en el ámbito mediterráneo, allí donde los bienes y derechos patrimoniales presentaban una estructura y naturaleza más arcaica y señorial5.

• 6 Para todo el reinado de Isabel II es imprescindible el libro de BURDIEL, Isabel, Isabel II. Una bio (...)

6El triunfo finalmente del Estado constitucional, aunque tibiamente representativo, a partir de l844, se impuso a pesar de los obstáculos interpuestos por la institución monárquica. Liderado por el moderantismo y con la constante oposición de las fuerzas progresistas, el encaje de la monarquía en la nueva realidad hubo de hacerse desde supuestos distintos a los de Cádiz, dejando un amplio margen a la legitimidad histórica y sobre la base de la soberanía compartida Rey-Cortes. Isabel II (1843-1868) heredó de su madre a una temprana edad no sólo el trono, sino también un complejo, diverso y, en muchos sentidos, arcaico patrimonio, contra el que se estrellaron reiteradamente los intentos de modernización y racionalidad administrativa (impulsados incluso por sectores del liberalismo nada sospechosos de radicalidad) y sobre todo las recurrentes críticas y propuestas del progresismo para su reforma y abolición. A ello se sumaría, como una pesadilla para la nueva reina, la mala resolución de la testamentaría de su padre, manipulada y tergiversada por María Cristina, y que extendería sobre la Corona española un manto de suspicacias, acusaciones de ambición y de agiotismo, de netas y contundentes repercusiones políticas. No en vano, la ya ex regente hubo de abandonar el país y ceder su puesto al general Espartero en 1840, envuelta en un manto de críticas, que se reiterarían en 1854 de la mano de una comisión parlamentaria encargada de investigar sus actuaciones. De la misma manera, Isabel II perdería el trono en 1868 en un contexto cuyo telón de fondo venía marcado por las contundentes críticas al Patrimonio Real y por las acusaciones de robo de las joyas de la Corona. Asuntos supuestamente privados o, cuando menos, que se querían como tales, interferían en la esfera pública, al tiempo que desde la política la monarquía y sus titulares se veían permanente expuestos y cuestionados. Aunque la fe monárquica no quebró en ninguna de las dos grandes familias liberales, sí que lo hizo la dinástica, propiciando de esta manera la confrontación de proyectos e imaginarios diversos de monarquía. Esto se hizo patente por primera vez durante la coyuntura revolucionaria del denominado Bienio Progresista (1854-1856), y se acentuó a partir de 18656.

• 7 La Democracia, 21 de febrero de 1865. Corresponde la cita al artículo de Emilio Castelar «¿De quién (...)

8Sus tibias críticas fueron superadas, como era de esperar, por las del republicanismo, especialmente encarnado en dos artículos de Emilio Castelar en el periódico «La Democracia». En uno de ellos se decía: «el Patrimonio Real se desamortiza: victoria grande, sí, pero victoria exclusiva de la democracia que ha venido sosteniendo esta desamortización por espacio de mucho tiempo»7. Lejos, pues, de ser resultado de la mera voluntad de la reina, la operación se quería hacer ver por parte de los sectores más radicales como el resultado necesario e ineludible de un largo proceso de lucha por la recuperación de unos bienes que se consideraban patrimonio de la nación. El que este político y periodista denominó como «El rasgo», en lugar de reforzar la imagen de la monarquía, contribuyó poderosamente a su deterioro y descrédito. Más allá del litigio acerca de la titularidad de los bienes patrimoniales (que la ley de 1865 otorgaba al monarca) el supuesto desprendimiento no pudo evitar las salpicaduras de egotismo y acto interesado económicamente, simbolizado en el 25 por ciento que se reservaba la reina.

• 8 Diario de Sesiones de Cortes (D.S.C.), sesión de 5 de julio de 1869, Apéndice segundo al número 118 (...)
• 9 D.S.C., sesión de 26 de noviembre de 1869, p. 4394.

10El proyecto de ley de Figuerola tenía, en efecto, tres títulos, cuyo orden reflejaba perfectamente el principio soberanista de la disposición y el sentido de inversión de las prioridades entre la anterior y esta ley. El primero se titulaba De los bienes que se declaran del Estado y de su venta y aplicación; el segundo, De los bienes que se destinan al uso y servicio del rey; y el tercero, Del caudal privado del rey8. La discusión de este proyecto y de su posterior dictamen, generó un interesantísimo debate a propósito de los espacios y lugares que la nación debía reservar al nuevo rey, procedentes del antiguo patrimonio. Curiosamente, si en 1865 había interesado especialmente el carácter económico de la operación desamortizadora y los beneficios criticables que la propia reina se disponía a sacar de ella, ahora, cuando una gran parte del patrimonio había sido ya enajenado y habían sido redimidos o abolidos una gran cantidad de sus derechos, censos y privilegios, lo que pasó a primer plano fue un tema tan importante para la nueva monarquía como su “arropamiento” por los nuevos edificios y espacios que la nación le iba a reservar. Se ponían así sobre la mesa imágenes y proyectos diversos de monarquía. Las distancias muchas veces parecían marcarse, ya no con una opción determinada de monarquía constitucional, sino con una monarquía considerada casi de Antiguo Régimen a la que debería contraponerse un rey «democrático que ha de aplicar la Constitución de 1869»9:

• 11 Los sitios reales reservados en la ley de 1869 eran prácticamente los mismos que en 1865 constituía (...)
• 12 Toda la discusión sobre este interesante aspecto en D.S.C., sesión de 3 de diciembre de 1869, pp. 4 (...)
• 13 Ibidem.
• 14 Ibidem.

12Esta discusión se convirtió por momentos en una competencia entre diputados defensores del valor simbólico e histórico de determinados edificios enclavados en sus respectivos territorios. El Alcázar de Sevilla, tras una larga discusión, fue finalmente integrado en la ley, como parte de los lugares regios; la Alhambra de Granada se pretendió también, en un determinado momento, convertirla en residencia real, lo mismo que el palacio de la Aljafería de Zaragoza. Sin embargo, además del Alcázar sevillano, los dos únicos nuevos sitios que se reconocieron en la ley fueron el castillo de Bellver y el Palacio de la Almudaina en Mallorca11.Tal vez el diputado que mejor y más brillantemente supo trascender lo concreto de este debate, explicitando sus claras derivaciones políticas y simbólicas, fue el mallorquín Enrique de Cisneros. La monarquía de la que estaban tratando era ya una monarquía “abrazada por la Nación”, constitucional y hermanada con las entidades representativas. Por eso mismo, la dignidad regia era también “la dignidad de la nación”, tomando como referencia el ejemplo inglés. Los edificios tenían un papel cultural y simbólico que no debía despreciarse: era la forma de engarzar la dinastía con la historia patria; era un forma de engarzar presente con pasado, pero «no por medio de derechos que han caducado, no concediendo al rey privilegios abolidos e incompatibles con nuestras instituciones y con los adelantos del siglo, sino echando sobre sus hombros la brillante sobreveste de la gloria nacional»12. Desde la perspectiva de una monarquía nacional en el sentido más literal de la palabra, no podía consentirse «que todas las fincas destinadas al rey estén situadas dentro de los límites del antiguo reino castellano, y no tenga casa aquel en los dominios de la antigua Corona de Aragón»13. La nación española se configuró a través de dos momentos claves: la Reconquista y la unidad política con los Reyes Católicos. El primer hecho estaba simbolizado por el Alcázar de Sevilla; el segundo, el de la unidad, exigía necesariamente la presencia de monumentos y edificios enclavados en la antigua Corona de Aragón. Entre ellos, se eligió el Castillo de Bellver y el Palacio de la Almudaina en Mallorca, sitios cargados, por lo demás, de recuerdos tan memorables para el liberalismo como el encierro del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos o el fusilamiento del general liberal Lacy14.

• 15 Entre esos términos se desplegaban los argumentos de los artículos aparecidos en «La Soberanía naci (...)
• 16 Ibidem.

13Aprobada la ley, quedaba por dilucidar en las Cortes constituyentes la dotación para la nueva monarquía, es decir, la “lista civil”, aquello que desde los inicios del constitucionalismo había marcado, al menos teóricamente, su carácter constituido, su inclusión en la red institucional del Estado y de la nación. En la práctica, sin embargo, como hemos visto, el tema había estado siempre contaminado por la indeterminación de la naturaleza de los bienes patrimoniales, su permanencia, la voluntad de sus titulares de mantenerlos como bienes privativos y la dificultad o torpeza de los políticos a la hora de orquestar una solución consensuada sobre el tan manido tema a lo largo del siglo XIX. No ayudó tampoco la posición de algunos sectores del moderantismo que seguían considerando la “lista civil” como una “servidumbre” inadmisible e indigna de la monarquía respecto a los presupuestos. El progresismo, por el contrario, soportó como una ambigüedad o contradicción la permanencia de la dualidad “lista civil”- rentas patrimoniales, sobre todo cuando sobre estas últimas no se aplicaron casi nuca criterios de trasparencia y de racionalidad. Desaparecido el Patrimonio Real definitivamente con la ley de 1869, era el momento de marcar distancias con la concepción de la monarquía anterior. De hecho, ya desde 1865, este sector político había planteado la cuestión como una disyuntiva entre «patrimonio» o «dotación»15. Las fuentes de mantenimiento de la Casa Real sólo podían ser dos: o las rentas y bienes derivados del patrimonio, o la dotación de la lista civil. «O Patrimonio o dotación, pero el Patrimonio como propiedad nacional, administrado por la nación»16. De lo contrario, seguir insistiendo en su carácter privado, retrotrae, según el periódico progresista, a aquella época de los bárbaros en que los reyes conquistaban sus territorios y mantenían al resto del pueblo en condición de vencidos. Todo lo contrario a lo que ya había establecido la temprana Constitución gaditana. De manera más convincente, declaraba que:

• 18 «Proyecto de ley, presentado por el Consejo de Ministros de S. A., sobre consignación de la Casa Re (...)

14Sólo tras las leyes desamortizadoras de 1865 y 1869 empezó a hacerse realidad la separación entre Patrimonio y Real Casa: esta última sólo tenía relación con aquel por lo que respecta a aquellos sitios, palacios o jardines que las Cortes y el Gobierno le hubieran asignado para su dignidad, uso y recreo. Sin olvidar que, también a partir de entonces, la derivada no menos importante de la posibilidad de una fortuna personal podía y debía discurrir por cauces estrictamente privados y civiles, como la de cualquier otro ciudadano. Cuando se discutió la “lista civil” del nuevo monarca Amadeo I de Saboya se tuvo en cuenta tanto la dotación del mismo como la de otras casas reinantes en Europa, así como la novedad de la inexistencia ya de rentas patrimoniales. El país había ganado con la venta del Patrimonio Real, pero se seguía considerando la necesidad de una dotación inferior a la que tuvieron los reyes de la dinastía anterior. Concretamente, un presupuesto de 7,5 millones de pesetas, de los cuales 6 eran de lista civil en sentido estricto, es decir, asignación personal al rey; medio millón de dotación del príncipe heredero y un millón para conservación de los edificios que las Cortes habían confiado a la Corona18.

• 19 Ver el artículo citado más arriba a propósito del tema de la testamentaría fernandina. Además, deta (...)

15En medio de acaloradas intervenciones de los miembros de las Cortes a propósito del Patrimonio Real y de la “lista civil”, cuando ya la cuestión se dejaba zanjada y deslindada con claridad, volvió a emerger otro viejo conflicto que tenía que ver con las joyas de la Corona. Era este un tema que se consideraba que formaba parte del vínculo de la institución y que, en consecuencia tenía su relación directa con el tema patrimonial. A su vez, se relacionaba de manera explícita con el testamento que el rey Fernando VII había dejado escrito, acompañado de un supuesto inventario de las joyas existentes en palacio en el momento de su muerte. La turbia gestión que de la testamentaría hizo la regente María Cristina, así como la desaparición del inventario fernandino, se tradujo en una intencionada falta de claridad entre bienes de libre disposición y bienes vinculados a la Corona. De hecho, en las sucesivas ejecuciones de dicha testamentaría, hasta la casi definitiva transacción realizada en 1858, se abusó extraordinariamente del carácter de bienes de libre disposición, entre los cuales siempre se tuvo la sospecha de la existencia de una gran cantidad de joyas que, o bien fueron sustraídas por María Cristina, 0 bien habían ido a parar a manos de sus hijas. Cuando Isabel II, en 1868 marchó al destierro parte de la prensa le acusó de ir “acompañada” de una gran cantidad de estas joyas que, en realidad, pertenecían a la Corona19.

• 20 Este descrédito se sumaba a los escándalos de la vida privada y sexual de la reina y de la Corte, i (...)
• 21 D.S.C., sesión de 1 de diciembre de 1869, p. 4478.
• 22 Ibidem.

16Realidad o no, el caso es que el tema tenía una carga simbólica extraordinariamente potente que resaltaba su valor político. Aunque el asunto, en sentido estricto, no tenía por qué haber interferido en la abolición del Patrimonio Real en 1869, lo cierto es que lo hizo y con virulencia. El impulsor de la ley, Figuerola, en un momento determinado lanzó en el hemiciclo una dura acusación de robo contra Isabel II, que acabó convirtiéndose en un ataque a toda la dinastía de los Borbones. Lo que estaba en juego no era tanto el valor en sí del objeto de discusión, cuanto el hecho de que una minusvaloración de la última reina suponía un reforzamiento de la alternativa monárquica que ahora se defendía, encarnada en una nueva dinastía. «Las alhajas de la Corona – empezó diciendo – han sido robadas, y robadas de la manera más escandalosa, porque puede decirse que ha sido un robo doméstico». Las palabras eran muy intencionadas y medidas en su justo significado: se estaba en presencia de un presunto delito, de neta repercusión política, pero pertrechado en el espacio privado, lo cual enterraba cualquier indicio o resto de dignidad que pudiese quedar entre los miembros de la familia real20. Las posibles dimensiones del problema quedaban agrandadas ante la opinión pública por el descubrimiento de un ámbito reservado, familiar, que lejos ser de un reflejo de la dignidad inherente a la vertiente pública de la institución, espejo de las virtudes que se predicaban para la sociedad, parecía ser un oscuro arcano en el que ocurrían los más inconfesables delitos. La situación ahora para la dinastía era mucho más dramática e irreversible que durante el Bienio. Para las fuerzas políticas que habían propiciado la destitución de la reina, la necesidad de justificación era mucho más apremiante, así como la urgencia de sacar fuera del hemiciclo el problema: «¡Ojalá que la España entera pudiese asistir a las indicaciones que se están haciendo sobre la Casa Real, para que conociera hasta qué punto España ha tenido necesidad de expulsar la dinastía de los Borbones!»21. Sólo con estos referentes puede entenderse la desmesura de las intervenciones del ministro de Hacienda en un tema que, indudablemente mal llevado y de difícil solución, arrastraba fuertes implicaciones simbólicas y políticas22.

• 23 D.S.C., sesión de 1 de diciembre de 1869, p. 4490.

17La minoría republicana de las Cortes no reparó en acusar de inconsecuente al gobierno septembrino. Si lo dicho por el ministro era cierto, los culpables debían ser llevados ante los tribunales, del mismo modo que se haría con un «pobre padre de familia»23. Toda la magia y el misterio de la monarquía quedaban rotos:

• 25 Información recogida en La Correspondencia, 10, 13 y 17 de diciembre de 1869.

19La prensa conservadora y progresista se enzarzó en acusaciones mutuas, insistiendo la primera en la naturaleza privada de las joyas y en la magnanimidad constante de la reina. La prensa extranjera se hizo eco también de la polémica, manteniendo en general, especialmente en Francia, una actitud más benévola hacia Isabel II. El mismo Napoleón III llegó a mostrar ante el embajador de España en París, Salustiano Olózaga, «su descontento por las acusaciones que en las Cortes ha hecho el señor Figuerola contra su tío José (I), rey de España, respecto a la desaparición de los diamantes y joyas»25.

• 26 D.S.C., sesión de 9 de diciembre de 1869. Apéndice segundo al nº 179.

20Un dictamen en las Cortes propuso la creación de una comisión parlamentaria encargada de averiguar «los actos en virtud de los cuales han desaparecido del palacio de los reyes de España, que habitaron los Borbones, las alhajas y efectos que pertenecer debían al patrimonio de la Corona, proponiendo a las Cortes lo que entiendan justo y procedente en reivindicación de ese patrimonio y en desagravio de la ley y de la Nación»26. La discusión en torno a la conveniencia o no de esta comisión volvió a enfrentar dos proyectos distintos de monarquía y dos formas de entender la reubicación de esta institución en la España liberal; dos formas distintas de entender la relación entre Monarquía y Nación en un momento de evidente crisis del liberalismo oligárquico, de empuje de las fuerzas democráticas y de evidente avance de la nacionalización. Una vez más, Figuerola y Cánovas personificaron estos proyectos alternativos.

• 27 D.S.C., sesión de 14 de diciembre de 1869, pp. 4703-4725.

21En la discusión que tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de diciembre de 1869, la intervención del jefe de las filas conservadoras optó inicialmente por un planteamiento histórico, intentando demostrar la inexistencia de bienes vinculados. El vínculo como tal fue establecido a partir de Carlos III (1759-1788), aunque la posterior invasión y expolio por parte de las tropas francesas había dejado sin contenido el mismo. En cualquier caso no era esto lo más urgente, sino poner en evidencia la trascendencia política del tema y el peligro que encarnaba para la propia monarquía. En este debate lo realmente importante y urgente era salvar la opción monárquica frente a la amenaza republicana. Para ello había que diluir las diferencias dentro de los monárquicos, independientemente de la opción dinástica que los separara. Pero su alternativa tenía también un neto perfil antidemocrático. Sobre la República y sobre las fuerzas políticas republicanas se proyectaban todas las esperanzas y utopías de la amenazante muchedumbre. «todas las pasiones insaciables […] que la sociedad humana está condenada […] a no satisfacer jamás»27; utopía religiosa que atentaba contra cualquier culto positivo; utopía económica que confiaba en resolver los conflictos entre capital y trabajo; utopía política basada en la creencia de la igualdad; en definitiva, todas las “utopías sociales” que nunca morirían a pesar de las aparentes derrotas de aquellos destinados a su cumplimiento o realización.

• 28 Ibidem.
• 29 Ibidem.
• 30 Ibidem.

22Para hacer frente a este peligro, debía alcanzarse una gran conciliación monárquica que reuniera bajo una misma bandera a «las clases conservadoras y todos los grandes intereses del país»28. Una monarquía parcial «será una monarquía perdida, peor que la peor de las repúblicas»29. El proyecto, sin embargo, pasaba, entre otras cosas, porque la mayoría de esos momentos renunciara a su idea de seguir arremetiendo contra las diversas casas reinantes, presentándolas como “criminales” y utilizando las mismas armas difamatorias que la muchedumbre. Atacar una dinastía, fuera la que fuera, era en el fondo socavar cualquier posibilidad de opción monárquica verdadera, lanzarse en brazos de la república y estimular «el innato espíritu que hay en las clases bajas de difamación y calumnia contra todo lo que es alto, contra todo lo que es excepcional, contra todo lo que representa necesaria e inevitablemente las limitaciones sociales»30.

• 32 Ibidem.
• 33 Ibidem.

24Para ellos, y concretamente para Figuerola, se trataba, por tanto, de recobrar el sueño de la monarquía tantas veces intentada, especialmente en 1854; el sueño de una monarquía auténticamente nacional, imposible ya de encarnarse en los Borbones. Por eso rehuían el término restauración, algo que presentaba connotaciones absolutistas que retrotraían a experiencias poco gratas a la familia liberal en su conjunto. La restauración dinástica carecía de sentido para los progresistas desde el momento en que no creían en ese tipo de legitimidad histórica y familiar, sino sólo en la política: «Yo no reconozco legitimidad en otro Príncipe que en aquel que jure la Constitución de 1869[…] Aquí no puede haber más legitimidad que la de la soberanía nacional, ni más origen que la Constitución del 69»32. Pero las circunstancias propiciaban que esa legitimidad no naciera «sólo del voto de las Cortes constituyentes sino también de la demostración de los abusos que han hecho necesario la caída de la anterior dinastía»33. De alguna manera, en estas palabras se condensaba la razón última por la cual los progresistas tenían necesidad de reabrir de nuevo el caso de las joyas y de entroncar con la no concluida discusión de 1856. Les iba en ello una justificación más de su proceder con la dinastía destronada y, sobre todo, por contraposición, con el proyecto anhelado de una nueva monarquía.

• 35 Sobre el modelo inglés, ver el trabajo de KUHN, William M., «Queen Victoria’s civil list: What did (...)

27La Restauración alfonsina, tras el golpe de estado del general Martínez Campos en diciembre de 1874, quiso ser no sólo una estabilización definitiva y una opción civilista del régimen liberal, sino una nueva reconciliación de la nación con la monarquía, pero, eso sí, de la tradicional dinastía borbónica y sin la legitimidad democrática que pudiera otorgarle la Constitución de 1869, sustituida por la nueva de 1876. El binomio entre legitimidad política y legitimidad histórica volvió a concretarse en la dualidad que representaba la “lista civil” y un restaurado “patrimonio de la Corona”. La recuperación, bien que sólo fuera jurídica y simbólica del carácter vinculado y patrimonial de aquellos espacios y territorios que iban a ser ocupados por la nueva monarquía, implicaba el retorno a su tradición más sustantiva y corpórea, que ligaba a la institución con sus propias e históricas posesiones. Paradójicamente, la nacionalización de la nueva monarquía soñada por Cánovas se hacía sobre la “desnacionalización” de un viejo patrimonio del que, no obstante, quedaba ya muy poco. El mismo hecho de que un único proyecto de ley, presentado por el ministro de Hacienda el 22 de abril de 1876, abordara por primera vez de manera conjunta la “lista civil y las «posesiones patrimoniales», suponía el intento de aplicar una vez más el modelo inglés de calcular el monto de la primera teniendo en cuenta la rentabilidad de aquellos bienes y fincas vinculados de nuevo a la Corona35.

• 36 D.S.C., sesión de 2 de junio de 1876, pp. 1888-1894.
• 37 Ibidem.
• 38 D.S.C., sesión de 2 de junio de 1876, pp. 1888-1894.

31El diputado se declaraba conservador en la revolución, un hombre de orden pero de ideas avanzadas, un católico que defendía la libertad de religión y un monárquico que quería una monarquía adecuada a los tiempos. Aspiraba a que la minoría liberal constitucional, «ensanchando sus filas, ensanchando sus horizontes, recogiendo todos los elementos liberales de dentro de la cámara y de fuera de la cámara, […] yo deseo que esta minoría, ensanchando sus horizontes, venga a atraer, venga a reconciliar a todos los elementos revolucionarios, a todos los elementos liberales que no han renegado de la monarquía, con la monarquía del rey D. Alfonso»36. Porque el tiempo había sido, efectivamente, tiempo de revoluciones. Y en medio de esas revoluciones había tenido y tiene que pugnar la legitimidad monárquica, dejando por el camino muchos de los viejos elementos y rituales de justificación y legitimación. La monarquía ya «no se sostiene como se sostenía antes, con la fe, con la devoción, con el entusiasmo; renunciad al factor del entusiasmo en todos los cálculos políticos en el último tercio del siglo XIX; contentaos con la adhesión fría y serena de la razón, de la reflexión, del patriotismo, de los grandes intereses que constituyen las tramas de las sociedades modernas»37. La trama estaba constituida fundamentalmente por las “clases conservadoras”, para él sinónimo de unas amplias y diversas clases medias. Sobre ellas descansaba la posibilidad y el éxito del proyecto monárquico, siempre y cuando la monarquía supiera convertirse en un fiel reflejo del sentido de orden, medianía, modernidad y razón que adornaban a dichas clases. La lista civil, a su vez, debía ser espejo de esa misma monarquía. ¿Podía ser la lista civil presentada por el Gobierno ese ansiado reflejo, cuando en la misma aparecían de forma detallada los nombres, ya no sólo del rey y de los Príncipes de Asturias, sino de múltiples infantas, de la reina madre, de su esposo, de la duquesa de Montpensier, e incluso de la reina gobernadora María Cristina de Borbón? En este caso, el detalle resultaba ofensivo y la claridad hiriente. Un detalle y una claridad que exponían a la institución a las «antipatías, malevolencia y odiosidad». La monarquía debía estar inserta en la realidad de los tiempos y la realidad exigía austeridad38.