Desde la Dignitatis Humanae hasta hoy en España: la transformación de un Estado confesional en otro laico
Abstract
Quando la Chiesa riconobbe la libertà religiosa attraverso la promulgazione della dichiarazione conosciuta come Dignitatis Humanae, la Spagna era ancora uno Stato confessionale. Solo nel 1967, con la legge sulla Libertà Religiosa, si ebbe un primo, timido, processo di riconoscimento e maggior tolleranza delle minoranze. Questo evento segnò la fine dello Stato confessionale, rafforzato dalla Costituzione del 1978, nella quale si riconosceva la libertà religiosa e in cui lo Stato veniva definito neutrale, dove «nessuna confessione avrà carattere statale», ponendo quindi fine ad ogni discriminazione per motivi religiosi. La realtà della situazione era però ben più complessa: si creò una differenza fra confessioni con e senza accordi di cooperazione, una questione che si cercò di attenuare attraverso il tertium genus, quello delle confessioni con un «noto radicamento». De lege ferenda, si difende quindi come modello legale il «diritto comune» per tutti i gruppi religiosi.
Termini di indicizzazione
Parole chiave:
Dignitatis Humanae, fine dello Stato confessionale, libertà religiosa, Spagna, tolleranzaPalabras claves:
Dignitatis Humanae, España, fin de la confesionalidad, libertad religiosa, toleranciaPiano
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Credits: by Carlotta Tofani on Flickr (CC BY-ND 2.0)
1. El contexto previo a la Dignitatis Humanae en España
- 1 BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA, La primera ley española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967, (...)
- 2 Artículo XIX del Concordato de 1953.
- 3 Artículo XX del Concordato de 1953.
- 4 SEBASTIÁN, Mariano, El Concordato y la Hacienda Estatal, in El Concordato de 1953, Madrid, Gráficas (...)
1Cuando el Concilio Vaticano II aprueba la declaración Dignitatis Humanae, reconociendo la libertad religiosa, España era un Estado confesional. Regía entonces el Fuero de los Españoles, cuyo artículo 6 señalaba que «la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas, ni el ejercicio privado de su culto». Añadiendo a continuación que «No se permitirán otras ceremonias, ni manifestaciones externas que las de la religión católica». Una fórmula que no suponía avance alguno respecto a lo afirmado en la última Constitución decimonónica española, la de 1876, de tiempos de la Restauración borbónica1, y que se encontraba en directa conexión con el artículo 1 del Concordato español de 1953, por el que la Religión Católica, Apostólica, Romana, seguía siendo la única de la Nación española, y gozaría de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico, recurriendo a las técnicas de la remisión formal al ordenamiento canónico y al reconocimiento de efectos de sus negocios jurídicos en cuestiones claves, como el matrimonio, atribuyendo eficacia directa en el ordenamiento civil a las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos, que tenían competencia exclusiva en el conocimiento de las causas de nulidad de los matrimonios canónicos, reconociendo un amplio poder de intromisión del poder civil en la designación de las diócesis vacantes, (en la línea del Acuerdo estipulado a tal efecto el 7 de junio de 1941), y dando a la Iglesia un generoso régimen de dotación presupuestaria2, la cual era declarada exenta de todo impuesto o contribución3, en lo que constituía sin duda una reminiscencia de la inmunidad fiscal medieval del clero, y sobre lo que la doctrina hacendística de la época puso de manifiesto, con exquisita prudencia y con cautelosa contención verbal, la imposibilidad de encontrar explicación técnica alguna a un precepto que era incompatible con el principio de capacidad económica, que caracteriza a cualquier sistema tributario moderno4.
2Pero lo más importante era que en el fondo, suponía un respaldo definitivo de la legitimidad de un régimen autoritario y no democrático. En directa consonancia con todo ello, el artículo 2 de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, venía a reconocer que «La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación».
2. La Declaración Dignitatis Humanae y sus consecuencias inmediatas, la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967
- 5 Ratificado el 19 de agosto y publicado en el Boletín Oficial del Estado, (BOE), de 24 de septiembre (...)
3Desde hacía tiempo se venía sintiendo en el seno de la Iglesia, la conveniencia de conseguir la plena autonomía en la designación de obispos, pudiendo servir como botón de muestra el canon 329.2 del Código de Derecho Canónico de 1917, que establecía como regla general, la reserva de su designación a favor del Romano Pontífice. El Decreto Christus Dominus de 28 de octubre de 1965, insiste en señalar que «en lo sucesivo no se conceda más a las autoridades civiles ni derechos, ni privilegios de elección episcopal; Por ello se hace un ruego a las autoridades civiles […] con toda delicadeza para que se dignen renunciar por su propia voluntad, efectuados los convenientes tratados con la Sede Apostólica, a los derechos o privilegios referidos, de que disfrutan actualmente por convenio o por costumbre». La exclusividad de la Sede Apostólica en la libre designación de obispos será de nuevo mencionada por Pablo VI en la clausura del Concilio. Ello obligaba a revisar el Concordato, una cuestión especialmente candente ante el elevado número de sedes vacantes, algo que no tendrá lugar hasta después de la muerte del General Franco, con la firma del Acuerdo de renuncia de privilegios de 28 de julio de 1976, debiendo ser sorteada la política de oídos sordos de la Dictadura, por parte de la Santa Sede, mediante el recurso al nombramiento de obispos auxiliares5.
- 6 «El subversivo que se encaró a Franco era un... arzobispo», in El País, 10 julio 2011, URL: < http: (...)
4El reconocimiento de la libertad religiosa a raíz de la Declaración Dignitatis Humanae, de 7 de diciembre de 1965, será calificado como ese disparate, (según se afirma que dijo el General Franco en conversación informal con sus prelados más fieles, llamados a Madrid con motivo de las reuniones conciliares), algo difícil de asumir por algunos padres conciliares españoles, como cuenta la anécdota puesta en boca del prelado José María Cirarda, que cuando los mismos entraban en la basílica de San Pedro para votar se encontró al obispo de Canarias, Antonio Pildain y Zapiain, el cual imploraba para que Dios intervenga para impedir la aprobación de dicha declaración. Interpelado sobre cómo podría hacer Dios tal cosa, le contestó Pildain a Cirarda: Utinam ruat cuppula Santi Petri super nos, es decir, haciendo caer sobre los presentes la cúpula de San Pedro6. Una anécdota que pone de manifiesto la existencia de fuertes reticencias en un sector del clero español, en relación con dicho reconocimiento.
- 7 Sobre la gestación de la misma, puede verse el magnífico estudio: BLANCO FERNÁNDEZ, María, La prime (...)
5El Punto 2º de la Declaración señalaba expresamente que «Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil». Algo que, como hemos visto, estaba lejos de ser reconocido por el ordenamiento jurídico español. Ello obligará a modificar el artículo 6 del Fuero de los Españoles, que tras el referéndum de 14 de noviembre de 1966, pasará literalmente a decir «La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado Español, gozará de protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que se garantizará por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público». Esta sencilla reforma, que en el fondo solo suponía un mero reconocimiento nominal de la libertad religiosa, posibilitará la ulterior publicación de la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 19677.
- 8 ALTARES, Pedro, «Si yo fuera protestante…», in Cuadernos para el Diálogo, 43, 4/1967, pp. 39-40.
- 9 BLANCO FERNÁNDEZ, María, op. cit., pp. 168-187; MORENO SECO, Mónica, «El miedo a la libertad religi (...)
6El Anteproyecto fue discutido por el Consejo de Ministros y enviado a las Cortes a principios de 1967. Desde sectores próximos al catolicismo progresista, Pedro Altares recibirá el texto con gran decepción al afirmar que «si yo fuera protestante, sentiría que alguien, el Concilio o, los españoles me habían engañado»8. La tramitación del Proyecto de Ley en las Cortes, recibió 251 enmiendas, de contenido restrictivo, que contribuyen a la mutilación del texto, y de las cuales dos lo fueron a la totalidad, siendo de gran interés de cara a comprender el ánimo con el que la reforma es recibida desde los sectores más reaccionarios del régimen franquista. La Enmienda 58 afirmaba que «Se opone al espíritu de la Cruzada, que se inició el 18 de julio de 1936, y ello era así porque el texto está reconociendo legalmente a las confesiones religiosas que le fueron enemigas, legalizando la pluralidad de las confesiones que traerá la vuelta de los partidos y admitiendo un proselitismo que dividirá a los españoles». La Enmienda 64 consideraba la Ley como innecesaria, «porque la práctica nacional es suficientemente tolerante en materia de cultos», abogando por una regulación reglamentaria por parte del Ministerio de Justicia de «los problemas particulares que se susciten por los ciudadanos que realmente confiesen una religión distinta a la católica». El propio Ministro de Justicia, antes de la votación final del Proyecto, poco imbuido del espíritu del Concilio Vaticano II, afirmará con franqueza «que no se confunda la regulación de un derecho civil de la libertad en materia religiosa con torcidas interpretaciones que busquen descarada o encubiertamente, cobarde o neciamente, debilitar o destruir nuestra unidad católica». La Ley consigue la luz verde de las Cortes franquistas el 26 de junio, con 9 votos en contra, yes aprobada por el Jefe del Estado el 28 de junio, siendo publicada en el BOE el 1 de julio siguiente9.
- 10 Artículo 1.2 de la Ley de Libertad Religiosa de 1967.
- 11 Artículo 1.3 de la Ley de Libertad Religiosa de 1967.
7A pesar de su nombre, la Ley lo es más de tolerancia, que de verdadera libertad religiosa, pues pese a reconocer el derecho a la «profesión y práctica privada y pública de cualquier religión […] sin otras limitaciones que las establecidas en el artículo segundo de esta Ley»10, lo supeditaba a continuación a que ello fuera «compatible en todo caso con la confesionalidad del Estado español proclamada en sus Leyes Fundamentales»11. Y aunque en su artículo 3 se afirmaba que las «creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad de los españoles ante la Ley», lo cierto es que el estatuto de las confesiones religiosas acatólicas no tenía nada que ver con el de la Iglesia Católica, que estaba plenamente equiparado al de una verdadera corporación de derecho público, contando con la financiación directa estatal mediante la dotación presupuestaria directa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, un amplísimo régimen de beneficios fiscales, blindado por el Concordato de 1953, reconociéndose únicamente el matrimonio religioso católico, equiparándose la asistencia religiosa católica en centros públicos a un servicio público, o atribuyéndose en exclusiva a la Iglesia Católica el derecho a la enseñanza religiosa en el sistema educativo español, entre otras muchas cosas.
- 12 MORENO SECO, Mónica, op. cit., p. 363.
8Pese a ello, la Ley permitirá ofrecer «una apariencia de liberalización de la dictadura ante la opinión pública internacional y la propia sociedad española, y por ello, paradójicamente, va a contribuir a su mantenimiento»12, un fenómeno que se reproduce en el Portugal de Caetano, aunque allí la Ley de libertad religiosa es de 1971.
3. La entrada en vigor de la Constitución de 1978, y las nuevas reglas de juego constitucionales
9El repudio de soluciones maximalistas será unánimemente sentido por los constituyentes españoles, no pudiéndose desconocer el esfuerzo de un amplio sector de la jerarquía católica por adaptarse a unas nuevas reglas de juego democrático, destacando personalidades de la talla del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, cuya homilía con motivo de la ceremonia de unción del nuevo Rey, Juan Carlos I, durante la Misa de Espíritu Santo celebrada en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, el 27 de noviembre de 1975, simboliza la apertura de la Iglesia española a una nueva realidad, que desembocaría en la transición hacia la democracia, a lo largo de un proceso, que sin perjuicio de alguna estridencia aislada, protagonizada por quien no supo estar a la altura de la Historia, muy bien puede ser calificado de modélico.
- 13 Artículo 16.3 de la CE de 1978.
10La nueva Constitución democrática reconocerá en sus artículos 16.1 y 14 que los españoles son «libres» e «iguales» en la titularidad de su derecho a la libertad de conciencia, y definirá el carácter laico del Estado, al afirmar que «ninguna confesión tendrá carácter estatal»13. Sin embargo una mediterránea interpretación alternativa del principio de igualdad religiosa nos pondrá al frente de la sutil distinción entre confesiones con Acuerdo versus confesiones sin Acuerdo, cuyos regímenes jurídicos poco o nada tienen que ver entre sí, algo que es incluso constatable si nos limitamos a apreciar las diferencias existentes entre el estatuto jurídico de la Iglesia Católica y el de las confesiones minoritarias, (evangélicos judíos y musulmanes), que suscribieron los Acuerdos de Cooperación de 1992.
- 14 Las confesiones que gozan de dicha declaración, pero carecen de un Acuerdo con el Estado son: la Ig (...)
11Con el fin de acortar las (enormes) distancias entre las confesiones con y sin acuerdo, se ha tratado de dotar de un cierto contenido a la declaración de notorio de arraigo de las confesiones religiosas minoritarias14, dando una serie de consecuencias jurídicas, (aún limitadas e insuficientes, a día de hoy), a dicha declaración, y se han reglamentado los requisitos objetivos que fundamentarían dicho reconocimiento, reduciendo el margen de discrecionalidad que tradicionalmente tuvo la Administración en este campo, buen ejemplo del cual pudiera ser el dilatado procedimiento administrativo que sufrieron los Testigos de Jehová hasta que, tras una larga espera, y después de varias denegaciones, lo consiguieron.
- 15 BOE, 183, 1 de agosto de 2015.
12El Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo15 busca racionalizar el procedimiento, y reducir el margen de discrecionalidad de la Administración, (de modo que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa no funcione como un club con derecho de admisión, si se nos permite este ejercicio de sutil ironía), especificando en su artículo 3 los requisitos necesarios:
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Llevar inscritas en el Registro de Entidades Religiosas treinta años, salvo que la entidad acredite un reconocimiento en el extranjero de, al menos, sesenta años y lleve inscrita en el citado Registro durante un periodo de quince.
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Acreditar su presencia en, al menos, diez comunidades autónomas y/o las ciudades de Ceuta y Melilla.
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Tener 100 inscripciones o anotaciones en el Registro de Entidades Religiosas, entre entes inscribibles y lugares de culto, o un número inferior cuando se trate de entidades o lugares de culto de especial relevancia por su actividad y número de miembros.
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Contar con una estructura y representación adecuada y suficiente para su organización a los efectos de la declaración de notorio arraigo.
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Acreditar su presencia y participación activa en la sociedad española.
- 16 Unida a la inscripción por 15 años en España, en este segundo supuesto.
13Se trata de una normativa directamente influenciada por la Ley 16/2001, de 22 de junio, de Libertad Religiosa en Portugal, que en su artículo 37 habla de idénticos plazos de 30/60 años, de presencia social organizada, en Portugal o en el extranjero, respectivamente, para poder obtener la declaración de radicación en Portugal. Una referencia portuguesa a la presencia social organizada, que en la normativa española se sustituye por la inscripción en España, (durante idéntico plazo de 30 años) o el reconocimiento en el extranjero, (por espacio igualmente de 60 años, siempre que se lleve 15 años inscrita en España)16.
14Los requisitos enumerados en los apartados b) y c) tratan de evitar la excesiva fragmentación que se aprecia en Portugal donde se posibilita el reconocimiento de la radicación a favor de colectivos religiosos excesivamente localistas, en ocasiones arraigados en un solo municipio, algo que multiplica hasta el infinito el número de posibles colectivos religiosos radicados en Portugal, (y eventualmente interlocutores con el Estado, de cara a negociar un posible acuerdo de cooperación con la República Portuguesa), pese a tratarse en ocasiones de pequeñas comunidades de unos pocos centenares de fieles, asentadas en una única población.
- 17 Artículo 5.4 del Real Decreto 593/2015, de 3 de julio.
- 18 Artículo 5.5 del Real Decreto 593/2015, de 3 de julio.
15En cuanto a las condiciones requeridas en los apartados d) y e), no exentas de cierta indeterminación, será preciso una aplicación flexible y equitativa de las mismas, con el fin de eliminar eventuales arbitrariedades administrativas. Entendemos que es asimismo especialmente inteligente, la previsión expresa de silencio positivo por el transcurso de 6 meses, en caso de ausencia de contestación administrativa17, (pues obliga a la Administración a actuar, evitando que el expediente pueda quedar paralizado, y con ello, perjudicar el ejercicio colectivo del derecho a la libertad religiosa, por parte de las confesiones minoritarias), y la de un recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Justicia, así como el oportuno ante la jurisdicción contencioso administrativa18, lo cual redundará sin duda en un mayor grado de seguridad jurídica y menor indefensión de los administrados.
- 19 GARCÍA GARCÍA, Ricardo, «Una nueva Comisión Asesora de Libertad Religiosa para los retos del siglo (...)
- 20 BOE, 158, 3 de julio 2015.
16Hasta época bien reciente, la declaración de notorio arraigo apenas tenía otra consecuencia que la de generar una difusa expectativa de poder firmar un Acuerdo de Cooperación con el Estado, algo que no serviría de nada si el propio Estado carece de intención política de suscribirlo, (como ha ocurrido por ejemplo a los ortodoxos, que llevan infructuosamente varios años deseando suscribir un Acuerdo), y que actualmente sirve para poco más, aunque también es cierto que sirve para algo más que antes, como el poder tener un asiento en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, a raíz del Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre19, o el reconocimiento del matrimonio en forma religiosa, tras la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio de 2015, de Jurisdicción Voluntaria20.
- 21 BOE, 183, 1 de agosto 2015.
- 22 La doctrina ha criticado que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, (LOLR), config (...)
- 23 Véase también el Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo (...)
17A ello habría que unir el colectivo de las confesiones meramente inscritas, cuya regulación ha sido objeto de un reciente desarrollo por medio del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio21, y el que aún está en peor situación, el conjunto de aquellas confesiones que no hayan podido acceder a dicho Registro, y que por lo tanto carecerían de personalidad jurídica como confesiones religiosas22, un problema especialmente grave en un primer momento debido a la práctica administrativa consistente en denegar la inscripción de aquellas entidades respecto a las que se entendiera por parte del encargado del Registro, que carecían de fines religiosos, en buena parte superada a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero23.
18Pero ni siquiera las confesiones que gozan de un régimen jurídico privilegiado, o para ser políticamente correctos, acordado con el Estado, están equiparadas entre ellas. Aunque el Acuerdo de renuncia de privilegios de 28 de julio de 1976, acabó en buena parte con la intensa intervención directa del Jefe del Estado en el procedimiento de designación de obispos, aún se mantiene una llamativa excepción, en su artículo 1.3, para la provisión del Vicariato General Castrense, sometido a un anacrónico sistema de terna, lo que parece retrotraernos a épocas pretéritas en que el poder temporal tenía algo que decir en la designación de la jerarquía eclesiástica, lo cual parece ser una desfasada reminiscencia del derecho de patronato regio, propio de otros modelos de relación Iglesia-Estado.
- 24 Sobre asuntos jurídicos, cuestiones económicas, enseñanza y asuntos culturales, y asistencia religi (...)
- 25 CORRAL SALVADOR, Carlos, DE ECHEVERRÍA, Lamberto, Los acuerdos entre la Iglesia y España, Madrid, E (...)
- 26 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, Derecho de la Libertad de Conciencia I. Libertad de conciencia y la (...)
19Los Acuerdos de 1979 de cooperación con la Iglesia Católica24 no son siempre fáciles de interpretación conforme a la Constitución, y en otras ocasiones es precisamente la Iglesia Católica la que se opone a cualquier aproximación a los mismos que sea compatible con la Carta Magna, algo que es especialmente patente en el caso del Acuerdo de Asuntos Culturales en lo referido a la impartición de la enseñanza de la religión en condiciones equiparables al resto de las asignaturas curriculares, (a partir una interpretación expansiva del artículo 27.3 de la Constitución que garantiza el derecho de los padres a elegir la enseñanza religiosa o moral de sus hijos), lo cual choca con el principio de separación, pues no se puede exigir a un Estado en que supuestamente, «ninguna confesión tendrá carácter estatal», (pues es precisamente ése el tenor literal del artículo 16.3 de la Carta Magna), que el adoctrinamiento religioso en un determinado dogma corra por cargo y cuenta del Estado. Además los sistemas de Acuerdos de 1979 y 1992, (algo sobre lo cual ha recaído una amplia bibliografía)25, guardan significativas diferencias entre sí, que han sido resaltadas por Llamazares y Suárez Pertierra26:
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- 27 FERNÁNDEZ-CORONADO, Ana, op. cit., p. 107 et seq.
Desde el punto de vista de su nacimiento: Los Acuerdos de 1979 fueron formalmente firmados por el Jefe del Estado, y la autorización de las Cortes fue previa, (por aplicación del artículo 94 CE). Por el contrario, los Acuerdos de 1992 se firmaron por el Ministro de Justicia en nombre del Gobierno, y la aprobación por las Cortes como Ley ordinaria fue posterior, siendo tramitadas por el procedimiento de lectura única, sin introducción de enmiendas, porque existía un compromiso político en tal sentido por parte de la mayoría parlamentaria que apoyaba al Gobierno27.
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- 28 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, op. cit., p. 395.
- 29 Disposición adicional primera.
Por su naturaleza jurídica, los Acuerdos con la Iglesia Católica se asimilan a Tratados Internacionales, aunque en opinión de Llamazares28 no lo son en sentido estricto, pues no vienen enumerados como tales en el artículo 6 del Convenio de Viena de 1969, a pesar de la presencia del representante de la Santa Sede, y porque ésta no reconoce la jurisdicción de ningún tribunal internacional en base al principio: prima sedes, nemine iudicatur, por lo que carecen de la cobertura de una auténtica protección jurisdiccional internacional. En los Acuerdos de 1992, las partes son la confesión correspondiente y el Gobierno, comprometiéndose este último a enviarlos y defenderlos ante el Parlamento. Como tales Acuerdos en principio sólo vinculan a las partes, convirtiéndose en Ley erga omnes, cuando el texto es aprobado por una Ley del Parlamento. Salvo que el propio Pleno en el propio uso de su soberanía, decida otra cosa aceptando su tratamiento por el procedimiento de lectura única, el proyecto está sujeto en principio a posibles enmiendas a la totalidad, y parciales. Queda abierta la posibilidad de presentación de Proposiciones o Proyectos de Ley, posteriores a su entrada en vigor, que planteen su modificación e incluso su derogación29.
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En cuanto a su ejecución e interpretación: Los Acuerdos de 1979 consagran el principio de bilateralidad, por lo que en caso de duda interpretativa objetiva, deberá solucionarse por ambas partes, lo cual puede plantear problemas. Los Acuerdos de 1992, sin embargo, incluyen una disposición adicional única en la que se excluye el principio de bilateralidad, pues se faculta al Gobierno [...] a que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo, y no se atribuyen competencias interpretativas a la comisión de aplicación y seguimiento.
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- 30 Véase el interesante estudio de AZNAR GARCÍA, Salvador, «La exención del Impuesto sobre Construccio (...)
Por otra parte no se pueden olvidar las consecuencias que tiene haber optado por este tipo de instrumento, pues en virtud del art. 96 Constitución Española, (CE), «los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados». De modo que el Estado no puede innovar unilateralmente en contra de lo pactado30, sino que en caso de no llegar a un acuerdo interpretativo, debería denunciar el Acuerdo, y ello tiene un cierto coste político.
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- 31 Artículo 96.2 C.E.
- 32 Artículo 2.2 C.C.
Respecto a su extinción, los articulados de los Tratados «sólo podrán ser derogados, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional»31. No es de aplicación el principio de la derogación de la norma anterior por la norma posterior. En el caso de los Acuerdos de 1992, estamos ante leyes ordinarias, aunque de carácter especial, por lo que sólo podrán ser derogadas por una Ley de carácter general posterior si ésta expresamente lo señala32.
- 33 ALENDA SALINAS, Manuel, La libertad de creencias y su tutela jurídica, Valencia, Tirant lo Blanch, (...)
20Aunque no falten quienes sostienen la necesidad de financiar a la Iglesia, en base a una interpretación extensiva del principio constitucional de cooperación33, es difícil afirmar la neutralidad del Estado en cuestiones religiosas, cuando dedica 250 millones de euros a financiar al culto mayoritario, (y solo a él). Máxime cuando la Iglesia asumió en 1979 un compromiso de autofinanciación en el artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos. Esta situación no beneficia a la Iglesia, pues la hace dependiente del Estado económicamente. La cuestión se reduce a una tormenta en un vaso de agua, cuando se distribuyen los 250 millones de euros entre 10 millones de fieles católicos practicantes, y las 50 semanas que aproximadamente tiene el año, lo cual arroja la simbólica cifra de 50 céntimos de euro por practicante y misa dominical, una aportación que por otra parte es deducible en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
- 34 CELADOR ANGÓN, Óscar, «Laicidad y Estatuto Jurídico de los profesores de religión en la escuela púb (...)
- 35 Punto 18º del voto particular de Tomás y Valiente sobre el motivo primero de la STC 5/1981, al que (...)
21¿Es acaso una competencia estatal el adoctrinamiento religioso de los menores, y su financiación? ¿O no lo es tal vez más propio de las propias confesiones religiosas y de las familias? ¿Es suficientemente garantista el régimen jurídico que se aplica a los profesores de religión? Recordemos que la Sentencia del TC 38/2007, de 15 de febrero, ha legitimado la no renovación por parte de las autoridades eclesiásticas del contrato de una profesora de religión católica, por mantener relaciones con una persona distinta de su marido, del que se encontraba separada. ¿En qué medida la vida íntima de una persona puede tener repercusiones en su relación laboral? Por otro lado, no deja de ser peculiar que sean los poderes públicos quienes satisfagan las nóminas de un personal, cuya contratación y renovación no depende de ellos, sino de las autoridades eclesiásticas, que a su libre albedrío pueden denegar la concesión de la venia docendi, en un país supuestamente laico34. Coincidimos plenamente con el voto particular de Tomás y Valiente, a la Sentencia 5/1981, de 13 de febrero, a propósito de la Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares, según el cual, «el ejercicio de derechos fundamentales o libertades públicas, o las conductas llevadas a cabo al margen de la institución escolar, no […] podrían ser causa justa de rescisión del contrato de cualquier profesor»35.
- 36 Las dificultades para acceder al sistema de conciertos, por parte de las confesiones minoritarias s (...)
- 37 Artículo 60 de la LO 8/1985, de 3 de julio del Derecho a la Educación.
22El particular sistema español de colegios privados concertados, que beneficia especialmente a la Iglesia Católica36, se asienta sobre el compromiso de impartir las enseñanzas obligatorias en régimen de gratuidad, que venía ya recogido en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, y se reitera en el artículo 116 de la Ley Orgánica de Educación. Que lo que dicen estas leyes orgánicas (aprobadas por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados), sea realidad en la práctica es otra cosa, debido a la manga ancha por parte de las autoridades a la hora de dar el visto bueno a la percepción de cuotas por actividades complementarias y extraescolares, y otros servicios escolares, de carácter voluntario, sic. Cabría cuestionar la opacidad que parece transmitir el régimen de selección del profesorado en los colegios concertados, mediante un proceso en que se deja un amplio margen de autonomía al titular del centro a la hora de contratar a los docentes37, con un procedimiento en que los criterios de mérito, capacidad y publicidad, (de los que habla el artículo 103.3 de la CE), muy bien podrían ser reforzados.
- 38 FERNÁNDEZ-CORONADO, Ana, SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo, Identidad social, pluralismo religioso y laicid (...)
23El sistema de asistencia religiosa es asimétrico, y recuerda a veces el de integración, especialmente en el caso de la Iglesia Católica, cuando a las demás confesiones se les aplica, el régimen de libertad de acceso, combinado con el de libertad de salida, si es posible38.
- 39 TORRES GUTIÉRREZ, Alejandro, «A propósito de la reforma del Reglamento Hipotecario por el Real Decr (...)
24¿Cómo justificar el que hasta la reciente aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria se haya venido equiparando a la Iglesia Católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público, a la hora de facilitar la inmatriculación de bienes inmuebles de titularidad eclesiástica, al legitimarse a los Diocesanos a expedir las certificaciones pertinentes, asimilándoles a auténticos funcionarios públicos39?
- 40 Véase «El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da la razón a los evangélicos sobre aspectos de (...)
- 41 GARCÍA RUIZ, Máximo, «Acuerdos de Cooperación entre el Estado español y las confesiones religiosas (...)
- 42 Ibidem, p. 406.
25Algunos Planeamientos Urbanísticos Municipales ponen trabas extraordinarias al asentamiento de nuevos edificios de culto de las confesiones minoritarias, al aprobarse normativas que blindan el espacio municipal, limitando el establecimiento de nuevos lugares de culto en espacios que disten a menos de 500 metros de otro ya existente, como es el caso del Plan Especial de Adecuación de Usos de Torrejón de Ardoz, de 29 de septiembre de 2008. Por no hablar de la Ordenanza reguladora de los establecimientos de concurrencia pública, aprobada el 27 de mayo de 2005, por el Ayuntamiento de Lleida, que exigía que los locales destinados al culto tenían que estar limitados a una determinada planta o nivel de edificación, o que las calles donde se estableciesen los lugares de culto tenían que tener más de 10 metros de ancho y tres metros de acera, o que no pudiese existir un lugar de culto a menos de 100 metros de otro, y que el aforo máximo permitido no excediese nunca de 100 personas (salvo en edificio aislado), etc.40, y que suscitó la oposición de las confesiones minoritarias, particularmente las comunidades evangélicas, que consiguieron la nulidad de esta normativa tan restrictiva por la Sentencia nº 548/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta)41. A ello habría que unir la queja de las confesiones religiosas minoritarias por las dificultades derivadas de la normativa para la apertura y autorización de lugares de culto, especialmente en el caso de algunos consistorios que aplican muy diversos criterios entre sí, el elevado precio del suelo, la actitud restrictiva por parte de determinadas administraciones locales, que se manifiesta por ejemplo en una estricta aplicación de la normativa en materia de ruido, o la inadecuada ubicación de algunos lugares de culto (como por ejemplo en polígonos industriales y otras zonas inadecuadas), y la falta de reserva de suelo para edificar lugares de culto de titularidad de las confesiones religiosas minoritarias42. Un escenario que obliga a los poderes públicos a hacer una serena reflexión al respecto.
4. La necesidad de optar por un modelo de derecho común
26Admitimos el alto contenido garantista de la normativa española en materia de reconocimiento y protección de las minorías religiosas, y que los Acuerdos de 1992, supusieron un avance, pero ¿qué ocurre con el resto de minorías religiosas que carecen de un Acuerdo de cooperación?
27Por ello defendemos la conveniencia de tomar en consideración las indudables ventajas que presentaría la adopción de un régimen de derecho común a favor de todas las confesiones religiosas, con el que quedasen plenamente salvaguardados el principio de igualdad de todos los ciudadanos y la neutralidad del Estado en esta materia.
28Para facilitar un modelo de derecho común de corte francés, (y que es uno de los modelos de laicidad más depurados del derecho comparado), que busque construir un «destino común», sobre la base de un «vivir juntos que sea respetuoso con la diversidad de identidades», se haría conveniente abandonar los cauces pactistas del artículo 7 de la LOLR, y dar vía libre a una nueva legislación plenamente unilateral (y suficientemente amplio de miras), por parte del Estado.
- 43 El Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio, parece ir (...)
29La solución portuguesa abierta por la Ley 16/2001, de 22 de junio, al objetivar los requisitos de la declaración del notorio arraigo43, y con ello reconocer automáticamente un amplio catálogo de derechos, que en España siguen en buena parte supeditados a la firma de un Acuerdo, puede servir de referencia para dar una mejor marco jurídico a las confesiones minoritarias.
30Aunque dicho modelo de derecho común quizás sólo quede en el mundo de la utopía, y nunca llegue a verse plasmado en el Derecho positivo, a causa de la larga distancia que desde tiempos de Platón, separó el mundo de la realidad, del de las ideas, cubierto por un denso y pesado manto de confesionalidad, incompatible con la sutil levedad de la laicidad.
Note
1 BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA, La primera ley española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967, Barañain, EUNSA, 1999, p. 38.
2 Artículo XIX del Concordato de 1953.
3 Artículo XX del Concordato de 1953.
4 SEBASTIÁN, Mariano, El Concordato y la Hacienda Estatal, in El Concordato de 1953, Madrid, Gráficas González, 1956, pp. 274-276; TORRES GUTIÉRREZ, Alejandro, Iglesia y fisco en la historia de España, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UCM, 2001; ID., Régimen fiscal de las Confesiones Religiosas en España, Madrid, Colex, 2001, p. 531 et seq.; ID., La financiación de las confesiones religiosas en España, Madrid, Fundación Alternativas, 2005, p. 8 et seq.; ID., «La asignación tributaria y la autofinanciación de las confesiones religiosas en España», in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 13, 2007, p. 4 et seq.
5 Ratificado el 19 de agosto y publicado en el Boletín Oficial del Estado, (BOE), de 24 de septiembre de ese mismo año. Sobre el proceso de revisión del Concordato de 1953, puede verse: BLANCO FERNÁNDEZ, María, La libertad religiosa en el Derecho Español. Gestión de Antonio Garrigues en la revisión del Concordato de 1953, (1967-1970), Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2006, p. 20 et seq.; DE CARLI, Romina, «La negociación concordataria y el proceso constituyente durante la Transición», in Cuadernos de Historia Contemporánea, 30, 2008, pp. 333-364.
6 «El subversivo que se encaró a Franco era un... arzobispo», in El País, 10 julio 2011, URL: < http://elpais.com/diario/2011/07/10/domingo/1310269956_850215.html > [consultado el 29 de febrero de 2016].
7 Sobre la gestación de la misma, puede verse el magnífico estudio: BLANCO FERNÁNDEZ, María, La primera ley española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967, Barañain, EUNSA, 1999.
8 ALTARES, Pedro, «Si yo fuera protestante…», in Cuadernos para el Diálogo, 43, 4/1967, pp. 39-40.
9 BLANCO FERNÁNDEZ, María, op. cit., pp. 168-187; MORENO SECO, Mónica, «El miedo a la libertad religiosa. Autoridades franquistas, católicos y protestantes ante la Ley de 28 de junio de 1967», in Anales de Historia Contemporánea, 17, 2001, pp. 357-358; PANDO BALLESTEROS, María de la Paz, Los democristianos y el proyecto político de Cuadernos para el Diálogo. 1963-1969, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2005, p. 341.
10 Artículo 1.2 de la Ley de Libertad Religiosa de 1967.
11 Artículo 1.3 de la Ley de Libertad Religiosa de 1967.
12 MORENO SECO, Mónica, op. cit., p. 363.
13 Artículo 16.3 de la CE de 1978.
14 Las confesiones que gozan de dicha declaración, pero carecen de un Acuerdo con el Estado son: la Iglesia de Jesús Cristo de los Santos de los Últimos Días (23 de abril de 2003), los Testigos de Jehová, (29 de junio de 2006), tras no pocos problemas por cierto, budistas, (18 de octubre de 2007), y ortodoxos, (15 de abril de 2010).
15 BOE, 183, 1 de agosto de 2015.
16 Unida a la inscripción por 15 años en España, en este segundo supuesto.
17 Artículo 5.4 del Real Decreto 593/2015, de 3 de julio.
18 Artículo 5.5 del Real Decreto 593/2015, de 3 de julio.
19 GARCÍA GARCÍA, Ricardo, «Una nueva Comisión Asesora de Libertad Religiosa para los retos del siglo XXI en materia de libertad religiosa. El nuevo Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa», in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 30, 2014, p. 175 et seq. El texto del Real Decreto puede consultarse en: BOE, 300, 16 diciembre de 2013; MURILLO MUÑOZ, Mercedes, «Gestión pública del hecho religioso: ¿Para qué?», in SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo, PELAYO OLMEDO, Daniel et al., Libertad de Conciencia, Laicidad y Derecho. Liber Discipulorum en homenaje al Profesor Dionisio Llamazares, Cizur Menor, Civitas, 2014, p. 469 et seq.
20 BOE, 158, 3 de julio 2015.
21 BOE, 183, 1 de agosto 2015.
22 La doctrina ha criticado que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, (LOLR), configure la inscripción en el Registro Especial de Entidades Religiosas con carácter constitutivo, al afirmar que «las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro Público», cuando en el artículo 22 de la Constitución, se declara que la inscripción registral de las asociaciones sólo se produce a efectos de publicidad, al afirmar en su párrafo 3º que «las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad». Tal vez ello sea una muestra de la desconfianza del poder público hacia determinados movimientos religiosos atípicos de carácter minoritario, lo que provoca este reforzamiento de los requisitos exigidos para el acceso al registro de las confesiones religiosas minoritarias, y que repercute indirectamente en el ulterior goce de los beneficios que el registro conlleva. Véase, SOUTO PAZ, José Antonio, Comunidad Política y libertad de creencias. Introducción a las Libertades públicas en el Derecho Comparado, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 1999, p. 538.
23 Véase también el Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2004, RAJ 2004/3532, así como las Sentencias de la Audiencia Nacional de 4 de octubre de 2007, JUR 2007/316006, sobre la inscripción del Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal, y la de 11 de octubre de 2007, sobre la Iglesia de la Cienciología, RJCA 2008/125. AMÉRIGO CUERVO-ARANGO, Fernando, «Crónica jurisprudencial. Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2001», in Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos, 1, 2001, p. 433-442; DEL PICÓ RUBIO, Jorge, «El sistema de reconocimiento de la personalidad jurídica de las entidades religiosas en las leyes de Chile y España ante la pretensión de inscripción en los respectivos registros públicos por parte de la Iglesia de la Unificación (Moon)», in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 30, 2012, pp. 1-21; FERNÁNDEZ-CORONADO, Ana, «Reflexiones en torno a la función del Registro de Entidades Religiosas (a propósito de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007 sobre inscripción de la Iglesia de la Scientology)», in Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos, 7, 2007, p. 389-342; ID., La Ley Orgánica de Libertad Religiosa en la nueva realidad social española: Funciones de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, in MINISTERIO DE JUSTICIA, Comisión Asesora de Libertad Religiosa: Realidad y Futuro, Madrid, Ministerio de Justicia. Secretaria General Técnica, 2009, p. 54 et seq.; LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, Ángel, «La naturaleza confesional de la entidad solicitante como criterio para denegar la inscripción en el Registro de entidades religiosas. Comentario a la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de 21 de mayo de 2004», in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 6, 1/2004, pp. 1-11; LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, Ángel, TIRAPU MARTÍNEZ, Daniel, «La Cienciología en España: El camino hasta la personalidad jurídica», in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 16, 1/2008, pp. 1-16; MOTILLA DE LA CALLE, Agustín, El concepto de confesión religiosa en el Derecho español. Práctica administrativa y doctrina jurisprudencial, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999; ID., «Sobre la inscripción de la Iglesia de la Cienciología en el Registro de Entidades Religiosas (A propósito de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007)»,en Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 16, 1/2008, pp. 1-18; MURILLO MUÑOZ, Mercedes, «La eficacia constitutiva de la inscripción en el registro de entidades religiosas», in Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos, 0, 2000, pp. 201-227; ID., «¿Miedo a la religión en el reconocimiento jurídico de los grupos religiosos? Una reflexión en torno a la inscripción de entidades religiosas en la jurisprudencia española», in Congreso “Milenio: Miedo y Religión” celebrado en la Universidad de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias), 3-6 de Febrero del 2000, Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, publicado en URL: < http://www.ull.es/congresos/conmirel/murillo1.html > [consultado el 29 de febrero de 2016]; OTADUY, Jorge, «Crónica de Jurisprudencia 2007 – Derecho Eclesiástico del Estado Español», en Ius Canonicum, XLVIII, 95, 2008, pp. 298, 299; PELAYO OLMEDO, Daniel, Las comunidades ideológicas y religiosas, la personalidad jurídica y la actividad registral, Madrid, Ministerio de Justicia, 2007, p. 294 et seq.; SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo, «Laicidad y cooperación como bases del modelo español: Un intento de interpretación integral (y una nueva plataforma de consenso)», in Revista Española de Derecho Constitucional, 92, 2/2011, p. 52.
24 Sobre asuntos jurídicos, cuestiones económicas, enseñanza y asuntos culturales, y asistencia religiosa en centros públicos.
25 CORRAL SALVADOR, Carlos, DE ECHEVERRÍA, Lamberto, Los acuerdos entre la Iglesia y España, Madrid, Editorial católica, 1980; DE LA HERA, Alberto, «Acuerdos con las Confesiones Religiosas minoritarias», in Ius Canonicum, XXXV, 69, 1/1995; FERNÁNDEZ CORONADO, Ana, Estado y confesiones religiosas, un nuevo modelo de relación (los pactos con las confesiones, Leyes 24, 25 y 26 de 1992), Madrid, Civitas, 1995; FORNÉS DE LA ROSA, Juan, El nuevo sistema concordatario español (los acuerdos de 1976 y 1979), Pamplona, Universidad de Navarra, 1980; LISTL, Joseph, CORRAL SALVADOR, Carlos, Constitución y acuerdos Iglesia-Estado, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1988; LLAMAZARES FERNANDEZ, Dionisio, «Los Acuerdos y el principio de igualdad; Comparación con los Acuerdos con la Iglesia Católica y situación jurídica de las confesiones sin acuerdo», in Acuerdos del Estado español con las Confesiones Religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Madrid, Marcial Pons, 1996; MANTECÓN SANCHO, Joaquín, Los Acuerdos del Estado con las Confesiones Acatólicas, Jaén, Universidad de Jaén, 1995; MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con las minorías religiosas, Granada, Comares, 1994; MOTILLA DE LA CALLE, Agustín, Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el Derecho español, Barcelona, Editorial Bosch, 1985; PARDO PRIETO, Paulino, Laicidad y acuerdos del Estado con confesiones religiosas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008; FERNÁNDEZ REGATILLO, Eduardo, Concordato español de 1953, Santander, Sal Terrae, 1961; VIANA TOMÉ, Antonio, Los acuerdos con las Confesiones Religiosas y el principio de igualdad, Pamplona, EUNSA, 1985.
26 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, Derecho de la Libertad de Conciencia I. Libertad de conciencia y laicidad, Madrid, Civitas, 2007, pp. 394-396; SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo, «Laicidad y cooperación como bases del modelo español. Un intento de interpretación integral (y una nueva plataforma de consenso)», in Revista Española de Derecho Constitucional, 92, 2/2011, p. 52 et seq.
27 FERNÁNDEZ-CORONADO, Ana, op. cit., p. 107 et seq.
28 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, op. cit., p. 395.
29 Disposición adicional primera.
30 Véase el interesante estudio de AZNAR GARCÍA, Salvador, «La exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de la Iglesia Católica: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2014», in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 37, 2015, pp. 1-8, especialmente la p. 5.
31 Artículo 96.2 C.E.
32 Artículo 2.2 C.C.
33 ALENDA SALINAS, Manuel, La libertad de creencias y su tutela jurídica, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015; AMÉRIGO CUERVO ARANGO, Fernando, La financiación de las confesiones religiosas en el derecho español vigente, Madrid, UNED, 2006; GONZALEZ ARMENDIA, José Ramón, El Impuesto Religioso. Cooperación económica estatal con las Confesiones Religiosas, Bilbao, Servicio Editorial de la UPV, 1990; GIMÉNEZ BERRIOCANAL, Fernando, La financiación de la Iglesia Católica en España, Madrid, EDICE, 2007; MESSEGUER VELASCO, Silvia, El sistema de financiación de la Iglesia Católica a Través de las exenciones fiscales, Madrid, UCM, 2000.
34 CELADOR ANGÓN, Óscar, «Laicidad y Estatuto Jurídico de los profesores de religión en la escuela pública: las lecciones del modelo estadounidense», in Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos, 12, 1/2012, pp. 107-142; LLAMAZARES CALZADILLA, María Cruz, «En busca de la laicidad. La yincana de los Acuerdos con la Santa Sede», in Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, 6, 2/2014, p. 88 et seq.
35 Punto 18º del voto particular de Tomás y Valiente sobre el motivo primero de la STC 5/1981, al que se adhieren los magistrados Latorre Segura, Díez de Velasco y Fernández Viagas.
36 Las dificultades para acceder al sistema de conciertos, por parte de las confesiones minoritarias se reitera en otros lugares, como Inglaterra. Véase CASTRO JOVER, Adoración, «El sistema educativo inglés. ¿Un sistema de pluralidad de escuelas?», in FERNÁNDEZ-CORONADO, Ana, PELAYO OLMEDO, Daniel et al. (coord.), Libertad de Conciencia, Laicidad y Derecho. Liber Discipulorum en homenaje al Profesor Dionisio Llamazares, Cizur Menor, Civitas, 2014, p. 259.
37 Artículo 60 de la LO 8/1985, de 3 de julio del Derecho a la Educación.
38 FERNÁNDEZ-CORONADO, Ana, SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo, Identidad social, pluralismo religioso y laicidad del Estado, Documento de trabajo 180/2013, Madrid, Fundación Alternativas, 2013, p. 66; LLAMAZARES CALZADILLA, María Cruz, «En busca de la laicidad: La yincana de los Acuerdos con la Santa Sede», in Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, 6, 2/2014, p. 79.
39 TORRES GUTIÉRREZ, Alejandro, «A propósito de la reforma del Reglamento Hipotecario por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en materia de registro de los bienes inmuebles de titularidad eclesiástica», in Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, 9, 1998, pp. 79-81; ID., «Estudio crítico de los privilegios de la Iglesia Católica en materia de inmatriculación de bienes», in PLATAFORMA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NAVARRO, Escándalo monumental. La privatización de las iglesias, ermitas, casas, tierras y otros bienes públicos en Navarra, Tafalla, Altaffaylla Kultur Aldea, 2009, pp. 183-193; ID., «En torno a la inconstitucionalidad del proceso inmatriculador de fincas de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento», in Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos, 11, 2/2011, pp. 225-252; ID., «En torno a la inconstitucionalidad del proceso inmatriculador de fincas de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, por parte de los Diocesanos católicos», in VEGA GUTIÉRREZ, Ana María, DEL MAR MARTÍN GARCÍA, Protección del Patrimonio cultural de interés religioso. Actas del V Simposio Internacional de Derecho Concordatario (Logroño, 19-21 de octubre de 2011), Granada, Comares, 2012, pp. 529-544.
40 Véase «El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da la razón a los evangélicos sobre aspectos de la normativa para los lugares de culto», URL: < http://blogs.21rs.es/trastevere/2009/06/02/el-tribunal-superior-de-justicia-de-cataluna-da-la-razon-a-los-evangelicos-sobre-aspectos-de-la-normativa-para-los-lugares-de-culto/ > [consultado el 29 de febrero de 2016].
41 GARCÍA RUIZ, Máximo, «Acuerdos de Cooperación entre el Estado español y las confesiones religiosas minoritarias. 20 años después», in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 29, 2013, p. 401.
42 Ibidem, p. 406.
43 El Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio, parece ir en esa dirección.
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Notizia bibliografica digitale
Alejandro Torres Gutiérrez, «Desde la Dignitatis Humanae hasta hoy en España: la transformación de un Estado confesional en otro laico», Diacronie [Online], N° 26, 2 | 2016, documento 6, online dal 29 juin 2016, consultato il 12 décembre 2024. URL: http://0-journals-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/diacronie/4137; DOI: https://0-doi-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/10.4000/diacronie.4137
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