1La Guatemala de cambio de milenio ha sido testigo de la lucha llevada a cabo por los indígenas por ser reconocidos por parte de la sociedad y el Estado de Guatemala. Este proceso político ha estado basado en la recreación y reforzamiento de la identidad como Pueblo Maya. Esto es parte de un proceso que se ha dado en toda América Latina, pero que toma especiales características por el contexto centroamericano en el que se da. Así es, no se puede entender la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, si no se la ubica en el contexto de un país que está saliendo de un conflicto armado que dejó más de 200.000 muertos – casi todos mayas – y se está insertando en la economía global desde esquemas neoliberales.
2La movilización de los indígenas guatemaltecos en busca de una participación política a nivel nacional comenzó a consolidarse, como en toda América Latina, en los años 1960 y 1970 del siglo XX, en el contexto del Estado que pasaba de anticomunista a contrainsurgente [Jonas, 1994]. En estas décadas aparecen y toman forma entre los indígenas toda una serie de iniciativas muy diferentes entre sí que cuestionan las diversas caras de la exclusión que viven y buscan una inserción ciudadana como tales indígenas [Falla, 1978; Arias, 1985; Cojtí, 1997 ; Fisher y Brown, 1999 ; Esquit, 2003 ; Bastos y Camus, 2003 ; MacLeod, 2008]. Esta movilización se fue politizando como parte de todo un proceso de cuestionamiento al régimen militar que gobernaba el país, y en la segunda mitad de los setenta, la insurgencia guerrillera hegemonizaba la contestación. El Estado respondió de tal forma que cualquier actividad cultural, educativa, política o social, de las muchas en que los indígenas estaban insertos en esos años, fue considerada como subversiva, y cualquier activista, un enemigo. Entre 1976 y 1982 catequistas, alcaldes, miembros de comités pro desarrollo, maestros, estudiantes fueron muertos, desaparecidos o torturados.
3En este entorno de revolución y represión, algunas de estas iniciativas fueron acercándose a las organizaciones guerrilleras; y en algunos lugares, se dio una “rebelión campesina” [Vela, 2006] que tomó forma gracias a la presencia guerrillera, llegando a un nivel insurreccional [Stoll, 1993; Le Bot, 1995, Bastos y Camus, 2003; Hale, 2007]. Pero hubo quienes buscaron una acción autónoma como indígenas, desarrollando las formulaciones del colonialismo interno [MacLeod, 2008], que maduraron en la formulación de una identidad como “Pueblo Maya” que superaba y concretaba bastante de las propuestas culturales y políticas que se habían ido forjando en esos años.
4Las políticas represivas del Estado dieron un salto cualitativo cuando, a finales del año 1981, se pusieron en marcha las campañas de tierra arrasada en el altiplano occidental contra la población indígena, dejando casi 150.000 muertos en menos de un año [Ball et al., 1999]. Estas acciones fueron calificadas de genocidio por la Comisión de Esclarecimiento Histórico [CEH, 1999], paralizaron este ciclo de movilización a base de un terror y una impunidad que quedaron implantados en las comunidades, que de esta manera vieron respondidos sus intentos de inclusión en la nación.
5Tras la victoria militar, el Ejército preparó una transición política en la que pronto aparecieron una serie de organizaciones que, formadas mayoritariamente por indígenas y vinculadas a la URNG, reunían a las víctimas de la violencia desatada por el Ejército. Como parte del “bloque popular” [Jonas, 1994] fueron uno de los actores que se opusieron de una forma más abierta al modelo de “transición” dirigida por el Ejército. Mientras, quienes se agrupaban alrededor de la propuesta del Pueblo Maya desarrollaron una serie de reclamos culturales – la lengua y la educación, sobre todo – y elaboraron las justificaciones políticas de sus demandas al autogobierno [COMG, 1991].
- 1 Los pueblos indígenas son el mayoritario maya (39,26 % del total de la población), el Xinka (0,14 % (...)
6A principios de los noventa, estas dos líneas de acción política maya convergen en un contexto nacional que caminaba hacia una solución negociada del conflicto [Jonas, 2000]; y en uno internacional en que las luchas indígenas avanzaban en toda América Latina alrededor de los “500 Años de Resistencia” [Burguete, 2007]. Estos procesos reforzaron la capacidad de presión y presencia de los actores que reclamaban ser oídos como tales mayas; y fomentaron la convergencia alrededor del discurso de los derechos del Pueblo Maya [Brett, 2006], que cristalizó en la formación de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya – COPMAGUA – en 1994. De esta manera, se logró que en su proceso de negociación, la URNG y el gobierno firmaran en marzo de 1995 el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas – AIDPI, en que por primera vez se reconoce a Guatemala como “la nación multiétnica, pluricultural y multilingüe” en que habitan tres “Pueblos Indígenas” que tienen una serie de derechos por serlo1.
7Prácticamente nadie esperaba el salto cualitativo que supuso el que tanto URNG como Gobierno y, sobre todo, Ejército hablaran de “Pueblos Indígenas”, “reconocimiento” y “derechos indígenas”, utilizando un lenguaje hasta entonces casi sólo manejado por las organizaciones mayas : el lenguaje de la multiculturalidad. Así es, el AIDPI sustituye el planteamiento nacional homogéneo por la idea de que la diversidad cultural debe ser reconocida políticamente y conllevar una serie de derechos que se disfrutan por el hecho de ser diferentes. Desde ese momento, la forma en que supuestamente se concibe y gestiona la diferencia étnica en Guatemala, es a partir de este principio. Pero se hizo a costa de una considerable contracción respecto a lo que solicitaban los mayas organizados: es un texto que se centra en asuntos culturales como idiomas, educación bilingüe, espiritualidad, trajes, nombres, etc. Los derechos políticos quedan en el reconocimiento constitucional y una vaga “participación a todo nivel”, pero no se tiene en cuenta la demanda de autonomía, muy desarrollada por los mayas [Bastos, 2008]. El tema del desigual acceso a la tierra se traslada al Acuerdo de Situación Socioeconómica – ASESA – que se negociará después. Pero lo étnico apenas apareció en el resto de los Acuerdos, y lo étnico quedó casi reducido a la diferencia cultural.
- 2 Warren [2003] y otros autores han hecho notar que en los departamentos de población indígena, el “s (...)
8El Acuerdo reconoció a los actores mayas unificados en COPMAGUA el carácter de interlocutores directos del Estado para llevar a cabo las reformas más importantes que el Acuerdo proponía, a través de una serie de Comisiones Paritarias y Específicas. De 1996 a 1999 prácticamente todo el movimiento maya se volcó en el esfuerzo de sacar el máximo rédito político a esta oportunidad. Al núcleo de líderes y activistas que habían estado haciendo política maya a nivel nacional desde mediados de 1980, se unió otra serie de mayas provenientes de la clandestinidad recién terminada, y sobre todo, de organizaciones regionales y locales. El resultado ganó en calidad, pero dejó descabezadas muchas iniciativas por la salida de los líderes más preparados y, sobre todo, se centralizó más aún en la práctica y en su concepción. Pese a este esfuerzo, casi todas las negociaciones se estancaron o quedaron por debajo de las expectativas [Bastos y Camus, 2003]. Esta fase terminó cuando la Consulta Popular de 1999 – en que se debían ratificar los cambios constitucionales que resultaron de los Acuerdos de Paz – sólo votó el 12 % de los empadronados, y de ellos, el 55 % lo hizo en contra de las reformas. Buen parte de la campaña por el no se basó en el miedo a unos “derechos indígenas” que iban a “dividir el país” o “dar la vuelta a la tortilla”2. Después de esto, las organizaciones mayas, como otras muchas que fueron protagonistas de esta década entre 1986 y 1996, van a ser víctimas de su propia acción, al dar paso a una nueva forma de hacer política en que ya no tienen lugar como tales actores de presión [Bastos, 2006].
- 3 La Academia de Lenguas Mayas, la Dirección General de Educación Bilingüe y el Fondo de Desarrollo I (...)
9A finales de 1999 se dio el triunfo del Frente Republicano Guatemalteco, FRG – liderado por el general Ríos Montt, acusado de genocidio –, terminando así el ciclo político que giró en torno a la paz, y comienza lo que podemos llamar la “normalización post conflicto” del país. La mayoría de las acciones tomadas explícitamente sobre la diferencia étnica se basan en el uso de un discurso multicultural políticamente correcto – “pueblos indígenas”, “educación bilingüe intercultural”, “lugares sagrados”, “cosmovisión” – acompañado de gestos que muestran ese nuevo talante. Sin embargo, en estos mismos años, el AIDPI es el Acuerdo en que menos se avanza. Se promueve la entrada de figuras públicas mayas a puestos del Gobierno relativamente altos – Ministerio de Cultura, Secretaría de la Paz, Dirección General de Educación Bilingüe –; y se crean espacios específicos para gestión de políticas para los mayas, manejadas por mayas3. Esta presencia se da sobre todo en el Ejecutivo, pero en el Poder Judicial también hay todo un proceso de presencia y sensibilización, sobre todo alrededor de la “articulación” entre el derecho indígena y el derecho positivo [Sieder, 2008]. En el Legislativo, en cambio, la presencia institucional es tan débil como lo es la de mayas en las bancadas, quedando reducida a una Comisión de Comunidades Indígenas bastante inoperante y que no ha entrado en la lógica multicultural, como su nombre indica.
10La mayoría de estos espacios son producto de la lucha maya, por lo que su mera existencia es todo un triunfo en el contexto y la historia de Guatemala. Las escasas propuestas y políticas públicas que tienen en cuenta a los pueblos indígenas se han llevado a cabo desde ellas; y algunos de sus gestores tienen bien claro que el objetivo de su acción va más allá de los que consigan ahora. Su mera existencia supone una base para avanzar en pro de los derechos indígenas [Sieder, 2008]. Sin embargo, lo que caracteriza el actuar de todas ellas es la ausencia de presupuestos para llevar cabo su labor y la falta de voluntad política desde el Gobierno para apoyarla.
“… la carencia específica de estas dependencias indígenas es que, aunque tengan un mandato claro, no tienen apoyo político de la autoridad y por ende, no tienen capacidad operativa. Son incrustaciones institucionales, aisladas y abandonadas a su suerte… dependencias que terminan por depender de la cooperación externa, y que desarrollan programas que no siempre coinciden con las prioridades de la institución alojante : ésta piensa y actúa monoétnicamente, mientras que la otra multiétnicamente…” [Cojtí, 2005, p. 32, cursivas mías].
11Evidencias como este texto hacen poner en duda que la política étnica del estado coincida con el discurso multicultural que utiliza. Más bien pareciera que se está lavando la cara a un sistema político que piensa y actúa de acuerdo a la ideología nacional liberal impregnada de segregacionismo en el que el racismo aún es evidente. La orientación general es acalla política neoliberales que aseguran una inserción en la economía global mientras amplían aún más las brechas sociales heredadas de la historia y del conflicto armado. Estaríamos ante un “multiculturalismo cosmético” [Bastos y Camus, 2003] que sólo maquilla y con el que se cumple con los deberes del Estado guatemalteco hacia su población indígena y hacia los donantes internacionales. El Estado se apropia de la capacidad de definición de lo que es o no es “maya” e incluso lo usa para su beneficio. En el resto de sus actuaciones, no aplican el concepto de “pueblos indígenas” ni los derechos que de ello se derivan. De hecho, la pertenencia étnica de los ciudadanos y las ciudadanas apenas se tiene en cuenta, y esto se combina con la criminalización de toda actitud que cuestione el modelo de inserción económica o de participación política.
12Así, en el contexto de inserción global post conflicto, los sucesivos gestores del Estado guatemalteco están sacando provecho a la firma del AIDPI, utilizando un discurso multicultural políticamente correcto y creando unos espacios en que “lo maya” está claramente acotado y delimitado. Están forjando una forma de manejar la diversidad étnica del país en que “lo maya” queda vinculado de forma casi exclusiva a la diferencia cultural, mientras que el resto de las dimensiones de exclusión que viven los mayas y las mayas de a pié apenas son tenidas en cuenta. En esta situación, lo peligroso es que para muchos actores, este “multiculturalismo cosmético” no es considerado como una versión cercenada de los derechos reclamados por los indígenas, sino que se ha ido convirtiendo en “la” versión posible y aceptada de la inserción política indígena.
13En este contexto, el movimiento maya se adapta intentando sacar el máximo provecho posible a esta nueva situación. Si nos centramos en ese sector de líderes, activistas y profesionales que crearon “lo maya” como actor político y se consolidaron como interlocutores del Estado y la cooperación internacional a través de COPMAGUA, podemos ver que su actuación en estos años se basa en la combinación de un discurso abiertamente maximalista en cuanto a la diferencia cultural y una actuación muy posibilista en cuanto la ocupación de espacios [Bastos, 2007].
14Por el lado del discurso, en este periodo toma dimensiones cualitativamente nuevas el reforzamiento ideológico del movimiento a través de la búsqueda, codificación y afianzamiento de “lo maya”, entendido como Pueblo Indígena. Como en toda América Latina [Burguete, 2007; Alcántara y Marenghi, 2007], hay una construcción del “nosotros” que refuerza los elementos considerados como “propios”, “no contaminados” frente a aquellos que provienen de la historia colonial o republicana. En este proceso ha sido fundamental el papel que han ido tomando la cosmovisión y la espiritualidad como elementos nucleares de definición de “lo maya”, produciéndose una “sacralización de la política y una politización de lo sagrado” [Bastos y Camus, 2003, p. 246 ; Morales Sic, 2007]. La búsqueda de la diferencia da otro salto cualitativo cuando pasa del ámbito estatal nacional al “civilizatorio”: como “pueblo originario”, enfrente a lo maya ya no está “lo ladino”, sino algo mucho más amplio que queda nominado de forma general como “lo occidental”.
- 4 Esto es una simplificación que hace referencia a las tendencias hegemónicas y más comunes. Dentro d (...)
15Esta visión cultural está bastante generalizada entre los activistas mayas, con grados y matices según tradiciones políticas, generaciones y otras pertenencias. En otros lugares este cambio va asociado a una fuerte crítica al neoliberalismo, pero en Guatemala, al coincidir con el final del enfrentamiento y con el proceso de paz que acaba suponiendo el derrumbe de la izquierda ; se produce más bien una sustitución de discursos : la izquierda indígena va abandonando los discursos de clase y los étnico-culturales se hacen hegemónicos. La idea civilizatoria lleva a una visión “soberanista” de los planteamientos, que se corresponde con debilitamiento de la calidad del “ser guatemaltecos” y la política guatemalteca. Al centrarse en los derechos basados en la diferencia, apenas pelean también por la igualdad, por los derechos universales como guatemaltecos4. Esto repercute en las relaciones con otros actores políticos, que se resienten de lo que entienden como una suerte de “egoísmo político” basado en un apoyo internacional que “no comparten”.
16Por el otro lado, la actuación política de estos actores en estos años hace difícil hablar de “un movimiento maya” como antes. La política ya no la hacen organizaciones sino personas, esos líderes y activistas que se consolidaron en COPMAGUA y ahora se ubican de forma individual en la escena. Lo que ha caracterizado su actuar ha sido la ocupación de espacios en el Estado, la cooperación etc., por lo que la “política maya” deja de hacerse en buena parte en las organizaciones y empieza a hacerse desde el Estado guatemalteco, en forma de “políticas públicas” y ya no la hacen “activistas” mayas, sino “gestores mayas”. Este tipo de acción ha sido considerada como una forma de cooptación por parte del Estado guatemalteco [Ba Tiul, 2008, p. 108-110 ; Ukux Be, 2005, p. 10] y la figura del “indio permitido” [Hale, 2004] se basa en buena parte en esta situación ; pero no hay duda de que estamos frente a un cambio de estrategia – en parte similar a lo que está ocurriendo en otras partes de Latinoamérica – en que los actores indígenas entran a “gobernar la diversidad” [Leyva et al., coords, 2008].
17En Guatemala esta experiencia toma una serie de características que están relacionadas con el proceso que venimos describiendo. En primer lugar, entre 2000 y 2005 la “gestión” eclipsó al “activismo”: se llegó a un momento en que la acción política frente al Estado prácticamente desapareció, confundida con la hecha desde él [Bastos y Brett, coords, en prensa]. No es que no existan en estos años iniciativas, organizaciones y personas que practican ese tipo de acción pero son políticamente mucho menos visibles que las que se realizan desde el Estado.
18Por otro lado, estos “gestores” mayanistas insertos en el aparato estatal son quienes desde sus espacios estatales difunden y dan legitimidad al discurso maximalista de la diferencia civilizatoria. Desde las estructuras estatales pareciera que se permite este manejo discursivo como un de los “satisfactores simbólicos” con que maneja la política de reconocimiento étnico : si apenas hay posibilidad de cambiar nada, que por lo menos sí que puedan expresar su diferencia. El elemento cultural define las escasas acciones políticas planteadas desde el Estado por ellos. Se trabaja en la educación bilingüe, la oficialización y desarrollo de los idiomas mayas, la protección de lugares sagrados, la recreación del juego de pelota. Incluso las políticas “contra la exclusión” dejan de lado otras formas de injusticias vividas por los indígenas: la política maya se hace sin cuestionar las estructuras políticas vigentes que fomentan esa exclusión.
- 5 Después de la experiencia de Nukuj Ajpop en el FDNG, en estos años hay un par de conatos de partici (...)
19Con todo esto se abre una propuesta de transformación inédita entre los mayas: no se trataría de cambiar de forma de Estado, sino de transformarlo desde dentro, infiltrarse en él a través de los espacios cedidos o conquistados. Desde esta visión – que sustituye la aprobación popular por el apoyo internacional – se entiende la renuncia a la vía electoral en estos como forma de acceder al poder enfrentándose a los esquemas establecidos5. Se trata de una concepción de la participación política que es bastante elitista, al pensar que la acción de unos pocos profesionales que están en capacidad de transformar la secular exclusión de todo un pueblo.
20Pero la capacidad de acción de estos mayanistas dentro del Estado es bastante escasa. Trabajan desde “incrustaciones” que apenas cuentan con apoyo y este acceso se ha hecho a costa de abandonar la relación con las bases. Con el proceso de paz, la legitimación multicultural y el apoyo de la cooperación internacional se fue consolidando una forma de actuar que no tenía ni necesitaba el apoyo de las bases (sino de las financieras). Además, el proceso de negociación que comenzó con las Comisiones Paritarias separó a un número considerable de líderes de la lucha reivindicativa y de la acción con las bases. Al definir lo maya como una condición sobre todo cultural, no se dio cauce a muchas de las preocupaciones cotidianas de la gente. Así, por efecto de diversos procesos, la otra cara de las opciones discursivas y estratégicas tomadas para la política maya, ha sido el abandono de esos millones de mayas y otros indígenas que habitan Guatemala, y que en buen parte no conocen el trabajo que se hace en su nombre.
21Además de lo que acabamos de ver, los mayas participan en la política de Guatemala de muy diferentes maneras, como tales mayas, como indígenas o simplemente como guatemaltecos y guatemaltecas. Como resultado de una tendencia que comenzó en los años 1970 del siglo XX y se recuperó en los 90, la mayoría de las municipalidades de localidades indígenas son gobernadas por corporaciones y alcaldes indígenas [Bastos y Camus, 2003; Rull, 2006]. Pero esto no asegura que compartan la visión mayanista de las relaciones étnicas. De hecho, aparte de casos como Xel Ju en Quetzaltenango, en general estos alcaldes llegan al poder a través de los partidos políticos. En esta misma época, las movilizaciones sociales en que participan los mayas decaen, como decae todo el movimiento popular tras la firma de la paz [Yagenova, 2006]. En unos primeros años es el movimiento campesino el que se muestra más activo, a través de ocupaciones de fincas, pero el papel de intermediarias en el mercado estatal de tierras acaba pasando factura a la capacidad movilizadora de las organizaciones.
22A nivel local, en San Marcos y Huehuetenango, se han realizado veintiún consultas comunitarias contra las explotaciones mineras a cielo abierto entre 2005 y 2008 [Castillo, en prensa]. En los municipios en que se realizaron, la gente respondió de forma importante a esta nueva forma de participación que se les proponía. No se han hecho explícitamente desde “lo maya” tal y como se ha descrito acá y no hay apenas presencia del liderazgo nacional mayanista en ellas, pero la mayoría de los participantes son mayas y han incorporado el discurso multicultural como elemento de la legitimación de la lucha : se habla de “la madre tierra”, las consultas se basan en el Convenio 169 y el “derecho a decidir” ; los llamados a la diferencia cultural como la cosmovisión se usan para dar base a unas demandas que tienen que ver con las necesidades cotidianas de la gente. Estas protestas contra el expolio de recursos naturales locales se extienden a numerosos proyectos hidroeléctricos y a una gran planta de cemento que se pretende en el municipio de San Juan Sacatepéquez.
- 6 Es una tendencia que puede tener futuro, pero que tampoco hay que romantizar. Los mismos maya k’ich (...)
23Algunas de estas acciones han sido respaldadas o convocadas por instituciones locales indígenas de origen tradicional que, asumiendo como propio el discurso multicultural y las demandas mayas, utilizan su legitimidad histórica y el poder que puedan mantener para dar vía a estas reivindicaciones. En estos años ha habido varios casos de recreación o renovación de las Alcaldías Indígenas desde esta perspectiva en lugares bien diferentes. El caso más conocido es el “Comité de los 48 Cantones” de Totonicapán, que históricamente se dedicaba al manejo y cuidado de los recursos de agua y bosque que aseguraban la autonomía respecto al poder ladino local. Desde los años 1990, una serie de profesionales y activistas mayas fueron entrando en esta estructura, que ahora se define como “el verdadero poder del pueblo maya k’iche’ de Chwimekená” [Tzaquital et al, 2002] y les han convocado exitosamente para protestar contra leyes que nos les benefician. Ante la desmovilización de las organizaciones populares, la irresponsabilidad de los partidos políticos y la incapacidad del Estado, en algunos lugares están resurgiendo o recreándose las antiguas estructuras locales desde el nuevo paradigma, ahora como “representantes del pueblo maya”6.
24Esta diferenciación de fines y formas de acción entre los “gestores” de la política maya y los mayas que hacen política en sus comunidades, hace que a partir de 2005-2006, un sector de los primeros empiece a cuestionar la actitud estatalista y busca retomar el contacto con esas bases que cada vez se mueven más. No se cuestiona el discurso cultural ni la importancia de la cosmovisión, sino para qué se usa y a quién beneficia, pues la alianza con el Estado no está sirviendo para resolver la situación de la mayoría de los mayas [ver Bastos, Hernández y Méndez, 2008]. De esta manera, en estos años toma forma una nueva diferenciación entre los actores mayanistas. Los puntos de discordia son la actitud ante el Estado y los organismos de cooperación internacional, y las formas de entender cómo se hace política maya: a base cuadros o con organizaciones de base. No se puede hablar de ruptura, pues se sigue trabajando de forma conjunta y las líneas no siempre son nítidas, pero sí se va abriendo una brecha que los años anteriores no se apreciaba.
25Fueron varios los elementos que indujeron a esta toma de postura por parte de este sector. Por un lado, el mismo éxito de las movilizaciones alrededor del tema de la minería recordó la capacidad de unas bases hasta entonces olvidadas. Por otro lado, la evaluación que estos activistas hicieron de su misma experiencia en las instancias del Estado y la cooperación internacional mostró sus límites. Finalmente, el triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia para este sector crítico supusó contar con reforzados aliados a nivel continental, y quedó la idea de que si bien un triunfo electoral era posible, debía ser a base de una relación con “los movimientos sociales” y no con la actuación desde el Estado.
- 7 El rechazo de los organizadores a apoyar públicamente la candidatura de Rigoberta Menchú a la presi (...)
26La preparación de la IIIa Cumbre Continental de Pueblos Indígenas, que debía llevarse a cabo en marzo de 2007 en Guatemala sirvió para precipitar las tensiones. Apoyándose en la presencia mayoritaria de la izquierda indígena entre las delegaciones del continente, los críticos “desbancaron” a quienes hasta entonces dirigían la Coordinadora Nacional Maya Waqib K’ej, encargada de la representación guatemalteca. En esta situación, Rigoberta Menchú anunció públicamente su intención de aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de fin de ese año apoyada por el grupo Winaq, conformado sobre todo por los profesionales que estaban en el Estado. Lo que podría hacer sido un factor de recohesión del movimiento maya se convirtió en mayor división cuando Winaq no se apoyó en la fórmula URNG-MAIZ, en que estaban insertos bastantes líderes mayas de izquierda, sino por Encuentro por Guatemala – EG –, en que desde su formación no ha habido presencia maya. La IIIa Cumbre fue un éxito en cuanto a la convocatoria y los avances en acuerdos continentales. El lema “de la resistencia al poder” muestra muy bien el clima de euforia que lo presidió [Burguete, 2007]. Sin embargo, para la política doméstica, sirvió para que se mostraran las tensiones entre los dos sectores aglutinados alrededor de Waqib K’ej y de Winaq7.
27La irrupción de Rigoberta Menchú sirvió para sacar a flote el tema de la situación de los pueblos indígenas y su exclusión política, pero la contienda se centró en la inseguridad que vivía la mayoría de la población. Ni EG-Winaq ni URNG-MAIZ obtuvieron el apoyo de los mayas de los guatemaltecos: la candidatura presidencial de Rigoberta Menchú por los primeros obtuvo un 3,09 % de los votos y 4 diputados [de 158], y la de URNG-MAIZ un 2,14 % y 2 diputados. En el resto de los casos, los mayas se comportaron como el resto de sus conciudadanos: votaron más por Álvaro Colom – que finalmente venció – que por el General Pérez Molina y contribuyeron a la dispersión de fuerzas en el Congreso a través del alto apoyo al FRG en Quiché y Totonicapán.
Rigoberta Menchú
D. R.
- 8 “Yo soy la símbolo de Guatemala, soy la símbolo de la paz, soy la símbolo de los pobres y por eso d (...)
28Los resultados finales de la experiencia electoral de Rigoberta y Winaq fueron más desalentadores de lo esperado: el problema no fue el no ganar, sino el tamaño de la derrota. Por un lado, este resultado se inserta en la debacle general de la izquierda de Guatemala, tema que tiene su propia lógica [Torres Rivas, 2007]. La figura de Rigoberta, su pasado y su actuación anti‑genocidio, marcaban la distancia con los sectores conservadores con los que había estado en el Gobierno; pero la ausencia de un discurso antineoliberal la distanciaron de triunfante izquierda latinoamericana. También se repitió el espejismo que ya ocurrió en la Consulta Popular de 1999, al confundir el apoyo de las altas esferas internacionales con el del voto popular [Bastos y Camus, 2003]. Rigoberta y la gente de Winaq arrastraron la misma visión que manejaban al trabajar en el Gobierno: creer que realmente representaba en él los intereses de los indígenas. Esto implicó creer que las y los mayas iban a votar por ella sólo por ser mujer, por ser indígena y por lo que representaba8. Sólo desde esta perspectiva se entiende el tamaño de su desencanto y si es cierta, muestra el desconocimiento de la realidad en que se mueve este sector del liderazgo mayanista.
29Además, la escasez de votos recibidos tiene que ver con la forma en que han actuado políticamente de los mayanistas en las últimas décadas, y en concreto la misma Rigoberta y el resto de Winaq. Habría que empezar destacando que la decisión de entrar al juego electoral supone un cambio importante en la estrategia de este sector, pues implica dejar de depender del apoyo internacional y buscar el respaldo ciudadano, como parte de una tendencia a nivel continental en que los actores indígenas están pasando de “reclamar derechos [a] disputar poder, representación y proyecto político” [Burguete, 2007, p. 145]. Desde ese punto de vista es evidente una decisión valiente, pero precipitada.
30El caso ecuatoriano, y sobre todo boliviano muestran que el camino para pasar de movimiento a opción política exitosa es largo y difícil. Quizá la debilidad más grande de la candidatura de Rigoberta Menchú es que no fue producto de la decisión de un movimiento social “poderoso” [van Cott, 2007], sino de un colectivo de cuadros políticos mayas de alcance restringido. Este resultado electoral es entonces en buena parte producto de que la movilización política mayanista desde la firma de la paz no se haya realizado como “movimiento social”. Como ya se dijo, en la Guatemala post conflicto ha sido muy difícil la rearticulación social, por la miseria, la migración, la misma represión de los 1980 y el mantenimiento de la impunidad, pero eso no es óbice para que, en ese contexto, el sector de activistas que formaba Winaq decidió no basar su actuar político en la movilización social, sino que optó por actuar con el apoyo intencional y del Estado.
31Quizá por ello el discurso aplicado por Rigoberta y Winaq adoleció, como ya se ha mencionado, de una definición doctrinal clara. Reflejó la combinación entre el posibilismo estratégico y el maximalismo culturalista, con una prudencia ideológica que le lleva a solicitar el voto étnico, pero sin ser capaz de acuerpar planteamientos radicales y distanciándose del discurso antineoliberal que ha sido clave en el éxito de las experiencias ecuatoriana y boliviana. Así, las opciones del equipo de Winaq formado alrededor de la figura Rigoberta Menchú y aliado con EG eran mínimas; o que si las tenía, no tenía nada que ver con la efervescencia electoral indígena que se está dando en el continente.
32Este fracaso transciende a la mera “política maya”, y se convierte en una cuestión que afecta al futuro de toda Guatemala. Con Rigoberta desaparece la única figura que, por ahora, podía representar en Guatemala ese desafío al modelo tan restringido de democracia y de desarrollo, como hizo en Sudamérica Evo Morales.
33En Guatemala, como en toda Latinoamérica, en los últimos años han cambiado las formas de hacer política étnica. Desde que terminó la fase de construcción de la paz, alrededor de 2000, se ha ido formando una manera de gestionar la diferencia étnica por parte del Estado y la cooperación internacional, el “multiculturalismo cosmético”, de contenidos más simbólicos y discursivos que sociales y transformadores. Gracias a estos cambios y sobre todo a su propio esfuerzo, los actores políticos mayas están ahora más cerca de los centros de decisión; pero, a diferencia de otros países, carecen de la fuerza de presión que les permita resolver los problemas que afectan a la población indígena.
34En esta década y pico se condensan en Guatemala procesos que en Sudamérica tardaron más de veinte años en darse: el reconocimiento constitucional, el paso por las instancias de poder y, finalmente la apuesta electoral. En Guatemala estamos en parte en el mismo nivel que en Bolivia la década pasada, cuando la wiphala ondeaba en los actos del gobierno neoliberal de Sánchez de Losada en que Hugo Cárdenas – histórico líder aymara – era Vicepresidente; y en parte estamos queriendo estar como en la Bolivia actual. La situación política no se escoge, pero sí se va creando conforme se toman opciones. En 1995 el AIDPI era sólo una “base para empezar”, algo que no llenaba las demandas mayas pero servía para empezar. Cinco años después, al no cumplirse, se había convertido el listón al que había que llegar, y las energías tuvieron que ponerse en logar que al menos se cumplieran los compromisos culturales ahí especificados. Y la práctica marca. Por eso, diez años después, el “ser maya” que los mismos mayanistas defendían se acercaba más lo que decía el AIDPI que a sus propuestas de hacía una década. Pareciera que la oligarquía, el Estado y ciertos sectores de la cooperación hubieran logrado una “política maya” que siguiera los mínimos internacionales políticamente correctos y no afectará a sus intereses.
35Este resultado no se puede entender si no se coloca en la perspectiva de una sociedad que sale de un conflicto armado de larga duración en el que los mayas sufrieron una política genocida. Si es difícil asegurar que hubo una intención del Estado de exterminar a los indígenas como población, no cabe duda de que sí hubo una clara intención de anularles como el sujeto político en que se estaba convirtiendo. Como resultado, los mayas fueron diezmados a nivel popular, pero paradójicamente salieron reforzados a nivel de élites políticas. Los argumentos de clase quedaron deslegitimados no sólo por la derrota de la izquierda, sino por el reforzamiento ideológico de la oligarquía en el contexto neoliberal, y por la misma legitimidad de los argumentos neoculturales. Esta situación fue aceptada por una buena parte del dirigencia maya, que ha buscado sacarle el máximo provecho a un Estado que sabe que no les apoya y desde esas tribunas han buscado construir un discurso que les legitime como actores definidos por su diferencia cultural.
36Quizá eso era todo lo que se podía sacar de este contexto neoliberal post conflicto que se ha ido construyendo. Las élites que no están dispuestas a cesiones mínimas, el racismo que se recrea ante el nuevo contexto ideológico y de desigualdad. Y sobre todo, hay que repetirlo, la enorme dificultad de salir de los efectos devastadores de la represión de los 1980 y toda la impunidad que se ha mantenido después, cada vez se muestran más determinantes para entender la dificultad revertir desmovilización en que estamos. Las opciones autoritarias reaparecen con una profundidad inesperada; se dan formas nuevas y viejas de la violencia que asola a la población; el miedo instalado en muchas de las comunidades que en su día acuerparon la rebelión contra el régimen militar, que hoy hace que, incluso sea para ellas, difícil imaginar que acá puede ocurrir como en Bolivia, que se puede salir de esta situación sin provocar de nuevo las iras de los poderosos.
37Todo este ejercicio de comprensión histórica no debe ocultar el hecho de que, en estas circunstancias, un sector de la dirigencia mayanista optó conscientemente por la vía de la no confrontación y no invirtió su capital político en reforzar la capacidad de organización y presión de las bases, sino en hacerse un lugar en el Estado. En estos momentos, parece que esta estrategia es cada vez más cuestionada por ellos mismos, que han buscado en la contienda electoral la forma de abrir espacios y obtener más poder. No parece que esta decisión vaya a suponer renunciar a la forma de hacer política que se viene manejado; pero necesariamente implica una necesidad de buscar fuerzas propias, negociar alianzas, y crear un discurso que cale en la gente. Temas dejados de lado, como la autodeterminación, autonomía y la relación con el estado guatemalteco, vuelven a aparecer en el debate: en Demetrio Cojtí publica su último trabajo: “Nuevas perspectivas para la construcción del Estado multinacional” [Bastos, 2008]. Por otro lado, parece que el sector que busca mayor contacto con las bases y una acción más cercana a la izquierda indígena latinoamericana comienza a tender puentes con las iniciativas locales que se han situado en el mismo camino de muchos de sus hermanos latinoamericanos al utilizar su capacidad de movilización y la legitimidad actual de las demandas étnicas como una forma de enfrentar el despojo de sus últimos recursos.
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